Solicitan condenar la militarización en Río de Janeiro y la muerte de la concejal y activista de DD.HH brasileña

El pasado 16 de febrero, un decreto autorizó al Presidente Michel Temer a militarizar Río de Janeiro. A raíz de este clima de violencia, el 14 de marzo, fue asesinada a tiros Marielle F., que precisamente había presentado denuncias sobre el violento actuar de la policía militar en la favela de Acari.

Por estos hechos la Cámara de Diputados aprobó, por 87 votos afirmativos, 24 negativos y 19 abstenciones, la resolución 11, por medio de la cual se solicita al Presidente de la República que instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores emprenda las acciones pertinentes destinadas a condenar la militarización en Río de Janeiro y la muerte de la concejal y activista de los DD.HH.

 Catalogándolo como “un crimen que agrava el espiral de violencia, como por ser un intento de amedrentamiento para autoridades, líderes sociales y defensores de derechos humanos” la Sala aprobó este proyecto solicitando al Presidente, hacer presente al Gobierno de Brasil que el Gobierno de Chile y su pueblo, repudian y condenan el crimen alevoso de la Concejala. Entre los argumentos se destaca que la militante del Partido Socialismo y Libertad de Brasil, Franco da Silva, dedicó su vida a la militancia por la defensa de los DD.HH. y a la denuncia de acciones violentas en sectores populares del país y “que el asesinato de la concejala es un acto con todas las características de un atentado”.
El texto consigna que Brasil, según cifras de su propio Ministerio de Salud, lidera el ranking de violencia mundial, registrando casi 787 mil asesinatos, entre los años 2001 y 2015.  El acuerdo además, rechaza el daño causado a defensores de derechos humanos y en especial, por tratarse de una autoridad democráticamente elegida y de una mujer defensora de los sectores más vulnerables.

La Comisión Interamericana de DD.HH., junto con rechazar el asesinato, instó al Estado brasileño a adoptar, inmediata y urgentemente, todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, integridad y seguridad de defensores y defensoras de los DD.HH.

La iniciativa parlamentaria, entre otros puntos, recuerda también que el gobierno de Chile no ha repudiado este acto de violencia, ni la creciente militarización en Río de Janeiro.

Fuente: Senado.

Consulte Resolución Nº 11 aquí

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