Corte de Concepción rechazó recurso de nulidad interpuesto por municipalidad contra sentencia que declaró existencia de relación laboral

En días recientes, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó un recurso de nulidad interpuesto por un municipio, contra la sentencia que declaró la existencia de relación laboral y calificó el despido como injustificado por cuanto se estimó que el sentenciador del grado fallo acertadamente, teniendo en vista que el actor se desempeñó como
Coordinador de la Oficina de Protección de la Infancia (OPD) en el marco de un convenio suscrito por la Municipalidad y el Servicio Nacional de Menores, y en virtud de esto se dió por acreditada la existencia de labores permanentes y continuas, desarrollando el actor, tareas más allá de las asignadas por el Convenio con el Sename, que decían relación con la realización de turnos semanales de fin de semana para a tender situaciones de emergencia del municipio, entre otras, quedando a disposición de la autoridad respectiva; que en todos los contratos se aprecian las menciones exigidas por el artículo 10 del Código del Trabajo.
Además, dicho juzgadores estimó que en el ejercicio de estas funciones, el actor “quedaba supeditado al Departamento o Unidad de Desarrollo Comunitario, debiendo reportar directamente a su jefatura inmediata, el respectivo jefe de la unidad, quien además visaba el informe mensual de actividades del que dependía el respectivo pago de los servicios, o sea, el trabajador no era libre de desarrollar el servicio para el cual fue contratado, debía ceñirse a los requerimientos del programa y a las instrucciones de un superior jerárquico, y debía cumplir no solo las estipulaciones del contrato en el programa respectivo, sino otras de carácter general que emanaban de las autoridades del municipio, tales como la obligación de cumplir un turno semanal para atender situaciones de emergencia”.

Por otro lado, afirmaron los sentenciadores que “no se constata en el fallo impugnado una falsa aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo, pues lo resuelto es una lógica consecuencia de la calificación jurídica que ha realizado de la relación que vinculaba efectivamente al demandante con la demandada, esto es, un contrato de trabajo, declaración que produce sus efectos desde el inicio de tal relación laboral, siendo procedente la institución de la nulidad del despido y su convalidación, al no haberse cumplido con la obligación legal del pago de las obligaciones previsionales y de seguridad social. Además, con ello no se vulnera la legalidad presupuestaria municipal ni la administración financiera estatal, toda vez que, con el mérito de lo que se resuelva en definitiva, deben hacerse los ajustes presupuestarios correspondientes para cumplir con las prestaciones a que resulte condenada la demandada por sentencia judicial firme”. (Considerando Quinto)

Consulte fallo analizado por Microjuris, a continuación:

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE DEPENDENCIA – JURISDICCIÓN DEL TRABAJO – COMPETENCIA – ACCIÓN DECLARATIVA – DESPIDO INJUSTIFICADO – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Casanueva González, Juan L. c/ Ilustre Municipalidad de Hualpén s/ Honorarios – Relación laboral

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción

Sala: Quinta

Producto: Municipalidades – Laboral

La calificación jurídica que realiza el juez del fondo es correcta, toda vez que la prestación de los servicios que realizó el actor para la municipalidad, se hizo en una modalidad propia de una relación bajo subordinación y dependencia, ya que el actor estaba efectivamente sujeto a una jornada de trabajo, laboraba conforme a las instrucciones que recibía de sus jefes directos, ejecutaba sus funciones de la forma que indicaba su contrato y en las disposiciones del programa al cual estaba adscrito, debiendo rendir cuenta de las mismas, de modo que la apariencia documental de una prestación de servicios en los términos del arrendamiento de servicios, se encuentra desvirtuada, lo que queda patente en la ausencia de libertad del actor para ejecutar los servicios del modo que le pareciera.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la Municipalidad en contra de la sentencia que declaró la existencia de relación laboral del vínculo a honorarios que la unía con el demandante. Esto, dado que, la calificación jurídica que realiza el juez del fondo es correcta, toda vez que la prestación de los servicios se hizo en una modalidad propia de una relación bajo subordinación y dependencia, ya que el actor estaba efectivamente sujeto a una jornada de trabajo, laboraba conforme a las instrucciones que recibía de sus jefes directos, ejecutaba sus funciones de la forma que indicaba su contrato y en las disposiciones del programa al cual estaba adscrito, debiendo rendir cuenta de las mismas, de modo que la apariencia documental de una prestación de servicios en los términos del arrendamiento de servicios, se encuentra desvirtuada, lo que queda patente en la ausencia de libertad del actor para ejecutar los servicios del modo que le pareciera, sino por el contrario estaba supeditado a la forma y modo que lo determinaba su empleador.

2.- No se han infringido los artículos 1° , 3° y 4° de la Ley N° 18.883 ni el artículo 2° del DFL N°1/19.653, toda vez que no son aplicables a la especie del modo que pretende el recurrente, la realidad de las cosas impone un régimen jurídico diverso que la propia demandada generó y por el cual debe responder. No se le está impidiendo contratar legalmente a otras personas en base a un contrato de honorarios, cuando se den efectivamente los supuestos que prevé nuestro ordenamiento jurídico; tampoco se está generando una relación de trabajo de acuerdo a las condiciones especiales previstas en el precitado artículo 3°, únicamente se ha calificado, con arreglo a derecho, una sucesión de hechos de larga data que sólo admite la calificación jurídica que le dio el tribunal a quo. La infracción a la legalidad que ahora aduce la demandada no es tal, no hay vulneración de lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República ni de lo establecido en el artículo 2° de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, pues la determinación de la naturaleza de la contratación es en definitiva realizada jurisdiccionalmente, con acertada aplicación de los artículos 1° , 3° , 7° y 8° del Código del Trabajo y la actuación anómala de la administración no puede generar efectos perjudiciales en el trabajador.

3.- Se acredita la existencia de labores permanentes y continuas del actor, desarrollando tareas más allá de las asignadas por el Convenio con el Sename, que decían relación con la realización de turnos semanales de fin de semana para atender situaciones de emergencia del municipio, entre otras, quedando a disposición de la autoridad respectiva; que en todos los contratos se aprecian las menciones exigidas por el artículo 10 del Código del Trabajo, esto es, nombre de las partes, funciones para la cual fue contratado, plazo del contrato, monto de la remuneración pactada, obligaciones del trabajador y facultades del empleador; a modo de ejemplo, en los contratos en que sus servicios se describen como Coordinador Comunitario en Terreno se da cuenta que sus honorarios quedarán sujetos a un informe que emita al superior jerárquico; que en el desarrollo de sus funciones quedan sujetos a la dirección de la Unidad de Desarrollo Comunitario del municipio; que goza de suspensión de sus trabajo por licencia médicas, permisos administrativos y derecho a feriado anual. Además, en los contratos en que su función se describe como Coordinador de la OPD, se da cuenta de las mismas obligaciones, beneficios y supeditación jerárquica. Los sucesivos contratos especifican las funciones del trabajador, las que dan cuenta de una serie de acciones vinculadas a los objetivos de la Municipalidad, en su calidad de trabajador social.

4.- Corresponde rechazar la segunda causal de nulidad subsidiaria, ya que no se constata en el fallo impugnado una falsa aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo, pues lo resuelto es una lógica consecuencia de la calificación jurídica que ha realizado de la relación que vinculaba efectivamente al demandante con la demandada, esto es, un contrato de trabajo, declaración que produce sus efectos desde el inicio de tal relación laboral, siendo procedente la institución de la nulidad del despido y su convalidación, al no haberse cumplido con la obligación legal del pago de las obligaciones previsionales y de seguridad social. Además, con ello no se vulnera la legalidad presupuestaria municipal ni la administración financiera estatal, toda vez que, con el mérito de lo que se resuelva en definitiva, deben hacerse los ajustes presupuestarios correspondientes para cumplir con las prestaciones a que resulte condenada la demandada por sentencia judicial firme.

5.- En cuanto a la causal de incompetencia del Tribunal del fondo, se comparten las razones dadas por el juez a quo para rechazar la excepción de incompetencia absoluta, en el sentido que la pretensión del demandante se encuentra comprendida dentro de las materias que debe conocer un Juzgado Laboral, de conformidad a lo establecido en el artículo 420 letra a) del Código del trabajo (declaración de la existencia de una relación de trabajo; que el término del contrato configura un despido injustificado; el pago de las indemnizaciones y prestaciones respectivas, así como también la sanción laboral denominada nulidad del despido).

Consulte texto completo de la sentencia

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