Juzgado del Trabajo acogió excepción de incompetencia, actora se desempeñaba bajo un cometido específico

En días recientes, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel acogió la excepción de incompetencia opuesta por un Municipio y desestimó la denuncia por procedimiento de tutela laboral y la acción subsidiaria de declaración de relación laboral, deducida por una asistente social por considerar que su contratación bajo prestación de honorarios, se ajustó a los términos del artículo 4° de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, previsto específicamente en el inciso segundo de dicho precepto, en tanto la prestación de servicios profesionales de la actora se enmarcaron dentro de Programas de Apoyo Psicosocial y Acompañamiento Psicosocial de Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, como también apoyo laboral en el Programa de Acompañamiento Sociolaboral, lo que fue calificado por la sentenciadora como un cometido específico.

Del mismo modo, considero que:  “la circunstancia que la demandante tuviera que ejecutar sus labores en cumplimiento de un horario, o bien, con la obligación de asistencia según lo describen los testigos por ella incorporados, como también se viera obligada a entregar informes, o bien tuviera que cumplir asistencia en reuniones de equipo, tales situaciones en sí no hacen aplicable las normas del Código del Trabajo, toda vez que aquello únicamente obedece al cumplimiento que el pacto de honorarios determinó y que no es más que cumplir los objetivos en la aplicación del programa implementado por el FOSIS en el Municipio, destacando principalmente el objeto de los servicios que fueron requeridos a la actora y que inciden principalmente en sectores vulnerables de nuestro país.

Por lo demás se debe dejar consignado que los contratos de honorarios suscritos entre las partes, no establecían un horario, sino que el cumplimiento de una jornada de 22 horas semanales más el monitoreo de una bitácora ello considerado la naturaleza del trabajo en terreno de la actora.

Igual análisis se debe realizar a partir de la emisión de las boletas de honorarios y la entrega de informes, pues como se ha dicho, la entrega de aquellos documentos por parte de la demandante obedece únicamente al fiel cumplimiento de lo pactado por las partes y acorde a lo previsto en tal caso a lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil, y que implican para la demandada tener los antecedentes escritos respectivos a fin de dar cuenta del destino de los dineros que por la vía de los convenios le fueron entregados de parte de la administración central, pues en términos administrativos los programas se deben ejecutar con estricto apego a sus bases, es decir, con apego al Convenio suscrito entre la Municipalidad y FOSIS, debiendo operar por ende de acuerdo a las reglas de tal convenio, lo anterior considerando la fiscalización que debe ejecutar la Contraloría General de la República, pues en este caso no se debe desatender que los dineros que son entregados para llevar a cabo los referidos programas, provienen del erario fiscal” (Considerando Séptimo).

Consulte fallo analizado por Microjuris, a continuación:

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – PRESTACION DE SERVICIOS – RELACION DE DEPENDENCIA – EXCEPCION DE INCOMPETENCIA – RECHAZO DE LA DEMANDA

Partes: Sanhueza c/ Ilustre Municipalidad de Lo Espejo s/ Honorarios – Municipalidades

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel

Producto: Municipalidades – Laboral

La prestación de servicios pactada por las partes, se ajustó a los parámetros que establece el artículo 4 de la Ley 18.883, por lo que se acoge la excepción de incompetencia absoluta opuesta por la demandada. En efecto, las labores para las cuales fue contratada la demandante se ajustaron a los parámetros previstos en el inciso segundo del citado texto legal, pues dicha prestación de servicios se enmarcó en cometidos específicos, Programas de Apoyo Psicosocial y Acompañamiento Psicosocial de Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, como también apoyo laboral en el Programa de Acompañamiento Sociolaboral.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar la demanda de tutela laboral interpuesta por la trabajadora de la municipalidad ocurridos durante la vigencia de la relación laboral, solicitando a su respecto indemnización por daño moral, y en subsidio demanda reconocimiento de relación laboral y cobro de prestaciones y cotizaciones previsionales. Esto, debido a que, al observar el tenor del artículo 4 de la Ley 18.883, es posible reconocer que las labores para las cuales fue contratada la demandante se ajustaron a los parámetros previstos en el inciso segundo del citado texto legal, pues dicha prestación de servicios se enmarcó en cometidos específicos, Programas de Apoyo Psicosocial y Acompañamiento Psicosocial de Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, como también apoyo laboral en el Programa de Acompañamiento Sociolaboral. De esta forma, los servicios ejecutados por la demandante, se ajustan a lo previsto la Ley 18.883 , y por ende según lo previene el inciso tercero de esta disposición legal, quienes se encuentren contratados a honorarios, deben regirse por las reglas que establece el respectivo contrato sin que les sean aplicables las disposiciones de aquél estatuto. Por otra parte, del examen de los convenios de transferencias de Recursos FOSIS al Municipio, ya sea para la ejecución de la Modalidad de Acompañamiento Psicosocial del Programa Familias o del Programa Sociolaboral, se colige que la ejecución de funciones de la demandante tampoco se puede describir como una función permanente del Municipio, toda vez que éstas labores han nacido en virtud de distintos programas, los que a su vez han surgido a propósito de convenios suscritos entre el Municipio y el Fondo de Solidaridad e Inversión, FOSIS, entidad esta última a quien le corresponde ejecutarlos, no obstante ser dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, organismo que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social, modelo de gestión que se encuentra constituido por acciones y prestaciones sociales, destinadas a la población nacional más vulnerable socioeconómicamente y que requieran de una acción concertada para acceder a mejorar condiciones de vida. Corrobora la circunstancia que la función ejecutada es para un cometido específico, no permanente del Municipio, el hecho que los dineros para llevar a cabo la ejecución de los Programas no proviene de la demandada, sino que son entregados por el FOSIS a la demandada, en la medida que ellos tengan la respectiva aprobación presupuestaria.

2.- No corresponde dar aplicación a las normas del Código del Trabajo en el presente caso, en tanto los parámetros que deben ser considerados deben decir relación con lo previsto en el propio contrato de prestación de servicios a honorarios, al observar que la prestación de servicios que ejecutó la demandante y para las cuales fue contratada, por la municipalidad, se efectuaron conforme a los parámetros que dispuso el artículo 4 de la Ley 18.883, y observando el claro tenor del inciso tercero de este precepto legal, se acoge la excepción de incompetencia absoluta opuesta por la demandada, por lo que se rechaza la demanda.

3.- La circunstancia que la demandante tuviera que ejecutar sus labores en cumplimiento de un horario, o bien, con la obligación de asistencia según lo describen los testigos por ella incorporados, como también se viera obligada a entregar informes, o bien tuviera que cumplir asistencia en reuniones de equipo, tales situaciones en sí no hacen aplicable las normas del Código del Trabajo, toda vez que aquello únicamente obedece al cumplimiento que el pacto de honorarios determinó y que no es más que cumplir los objetivos en la aplicación del programa implementado por el FOSIS en el Municipio, destacando principalmente el objeto de los servicios que fueron requeridos a la actora y que inciden principalmente en sectores vulnerables de nuestro país. Por lo demás se debe dejar consignado que los contratos de honorarios suscritos entre las partes, no establecían un horario, sino que el cumplimiento de una jornada de 22 horas semanales más el monitoreo de una bitácora ello considerado la naturaleza del trabajo en terreno de la actora.

4.- La existencia de contratos de prestación de servicios a honorarios que se celebraron entre la demandante y la demandada, no le confirió a la actora la calidad de funcionario público sujeto al Estatuto Municipal, pues así lo dice expresamente la parte final del artículo 4 de la Ley 18.883, debiendo en este caso, dar plena aplicación a su inciso tercero, el que preceptúa que: las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato, sin que le sean aplicables las disposiciones de este estatuto.

Consulte texto completo de la sentencia

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