Jurisprudencia Destacada Año 2018 N4

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 4 DE 2018

 

RECURSO DE PROTECCIÓN  – CUIDADO ADULTO MAYOR

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Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas c/ Servicio Nacional del Adulto Mayor y Servicio de Salud de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHOS HUMANOS – DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA – PROTECCION DE LA SALUD – MUNICIPALIDADES – ADULTO MAYOR – SERVICIOS DE SALUD – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Punta Arenas

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Careciendo de los medios o de un grupo o red familiar de apoyo, corresponde al Estado por medio de sus respectivos Servicios y Organismos adoptar y coordinar las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad física y psíquica de la pareja de adultos mayores, cuya precaria situación de vida, motiva la interposición de la acción de protección.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto por la Municipalidad en favor de una pareja de adultos mayores contra el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Servicio de Salud por las acciones que si bien han existido no han sido suficientemente coordinadas ni corresponden a las mínimamente requeridas para asegurar el cuidado de los adultos mayores en precaria situación de vida y sin una red de apoyo. Esto, debido a que, en la especie, se estableció que los adultos mayores se encuentran viviendo en un inmueble que arriendan, el cual se halla en deplorables condiciones y en pésimo estado de higiene, circunstancias que en menor medida subsistían a lo menos hasta fecha de la última visita efectuada al hogar de dicho matrimonio por la profesional, trabajadora social de la Municipalidad. Además, tanto del informe social acompañado por la recurrente como del informe evacuado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, se constata que ambos adultos padecen enfermedades. Lo anterior permite ciertamente presumir un grave riesgo para la salud tanto física como psíquica de los afectados, no encontrándose suficiente y adecuadamente evaluado ni diagnosticado su estado, siendo previsible el requerimiento a lo menos de atención secundaria en forma oportuna, y no sólo descansar con la atención primaria que hasta el momento se le ha otorgado. De esta forma, el actuar poco oportuno de las recurridas demuestra el incumplimiento de sus obligaciones legales y la inactividad o insuficiencia en el actuar por parte de ambos Órganos recurridos, para proteger la vida o integridad física o psíquica de dos personas en un evidente estado de vulnerabilidad y riesgo, y más aún cuando han sido convocados por otro servicio que les formula imputaciones concretas.

2.- En la especie, si bien se han realizado acciones encaminadas a salvaguardar la vida y en especial la salud de estas personas, tanto por el Servicio Nacional del Adulto Mayor,habiendo articulado para ello la red de servicios sociales dirigidos a personas mayores en situación de vulnerabilidad y/o dependencia, y por el CESFAM, dependiente de la Municipalidad a través de la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención al Menor, estas acciones no han sido suficientemente coordinadas ni corresponden a las mínimamente requeridas, y tampoco existe certeza que ellas se mantengan en el futuro hasta lograr, si es posible, la efectiva auto valencia de los afectados para conservar fuera de riesgos su vida e integridad física o psíquica, derivado de su estado o condición de vulnerabilidad y los hábitos y condiciones de vida que actualmente mantienen. En relación al Servicio de Salud, tampoco se advierte un actuar proactivo u oportuno de su parte en la articulación de las redes asistenciales que dependen de él, conforme al artículo 1° del Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, contenidos en el Decreto N° 140 del Ministerio de Salud del año 2004, limitándose éste a excusar su inactividad en la inexistencia de un requerimiento de acción previo por la recurrente a la interposición de la acción de protección, desconociendo las facultades o acciones que como servicio público en general y en particular le corresponden.

3.- Careciendo de los medios o de un grupo o red familiar de apoyo, corresponde al Estado por medio de sus respectivos Servicios y Organismos adoptar y coordinar las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad física y psíquica de estos los adultos mayores. Cabe señalar que el Estado de Chile suscribió el año 2015 y con fecha 01 de setiembre del año 2017, ratificó y promulgó la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Persona Mayores, la cual consagra, entre otros, el principio de la responsabilidad del Estado y la participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo a la legislación interna.

4.- El Estado actúa por medio de sus servicios y organismos que conforman la Administración del Estado, integrada, entre otros, por las Municipalidades y Servicios Púbicos – artículo 1° de la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Conforme al artículo 3° del mismo texto legal se reconoce que dicha Administración se encuentra al servicio de la persona humana. Por su parte el artículo 5° de la citada ley establece que tanto autoridades como funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y el debido cumplimiento de la función pública. A su vez el inciso segundo establece que los órganos dela Administración del Estado deberán cumplir y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones. Aun cuando el legislador no lo señala expresamente es razonable esperar que en caso alguno este principio de coordinación y unidad pueda implicar limitar u omitir la realización de acciones dentro del ámbito de su competencia o facultades, más aún cuando ello dice relación con la vida o salud de las personas.

 

RECURSO DE PROTECCIÓN  – CIERRE DE CALLES  

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Alvarez c/ Ilustre Municipalidad de Fresia

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – ORDENANZA MUNICIPAL – BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO – BLOQUEO DE CALLES Y CAMINOS – ACTO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – PARTICIPACIÓN CIUDADANA – RECURSO DE APELACION – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La formulación del proyecto de la Municipalidad de cierre y techado de una calle no puede ser considerada como ilegal al no haberse justificado la infracción de norma alguna, en tanto que los fundamentos expuestos por la municipalidad recurrida, esto es, perseguir la satisfacción de un interés común al permitir el uso de un bien nacional de uso público sin importar las condiciones climáticas propias de la zona, permiten concluir que se trata de una decisión debidamente motivada, habiéndose abordado los aspectos que generan la preocupación de los vecinos y comerciantes recurrentes. Sin perjuicio de ello, tratándose de un proyecto aún no concretado, resulta indispensable que el órgano recurrido ponga a disposición de la comunidad, de manera previa a su ejecución, las instancias de participación ciudadana.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad por no existir ilegalidad alguna en la formulación del proyecto municipal de cierre de calle. Esto, dado que la formulación del proyecto no puede ser considerada como ilegal al no haberse justificado la infracción de norma alguna, en tanto que los fundamentos expuestos por el recurrido, esto es, perseguir la satisfacción de un interés común al permitir el uso de un bien nacional de uso público sin importar las condiciones climáticas propias de la zona, permiten concluir que se trata de una decisión debidamente motivada, habiéndose abordado los aspectos que generan la preocupación de los vecinos y comerciantes recurrentes. Sin perjuicio de ello, tratándose de un proyecto aún no concretado, resulta indispensable que el órgano recurrido ponga a disposición de la comunidad, de manera previa a su ejecución, las instancias de participación ciudadana exigidas por los artículos 1º inciso 2º y 71 de la Ley Nº 18.695, a fin de recibir y analizar las inquietudes de todos quienes se pretendan agraviados con su implementación.

 

TRANSPARENCIA – DERIVACIÓN DE INFORMACIÓN  

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Ilustre Municipalidad de Providencia c/ Consejo para la Transparencia

Voces: ADMINISTRATIVO – TRANSPARENCIA – MUNICIPALIDADES – ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – DELITOS – BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – MINISTERIO PÚBLICO – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La derivación efectuada por la Municipalidad a la solicitud de información -relativa a informe de los datos obtenidos en materia de delitos que hayan sido cometidos en los bienes nacionales de uso público que se encuentren en la comuna y en sus inmediaciones- a la Fiscalía Local es una decisión razonable, atendida la materia de que se trata, ya que dicho órgano público tiene competencia en la comuna para la investigación y ejercicio de la acción penal en delitos de acción pública de que se trata.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Municipalidad en contra de la de la decisión del Consejo para la Transparencia que acogió el amparo interpuesto por el solicitante respecto a la información relativa al informe de los datos obtenidos en materia de delitos que hayan sido cometidos en los bienes nacionales de uso público que se encuentren en la comuna reclamante y en sus inmediaciones, fundándose dicha resolución en infracción al artículo 13 de la Ley de Trasparencia, por estimar que la Municipalidad efectuó una derivación errónea de la solicitud de acceso a la información, a un organismo que no resultaba competente para pronunciarse, en la especie, la Fiscalía Local, en circunstancias que, en opinión del Consejo, de conformidad al artículo 3 letra d) de la Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la información parametrizada o estadística en materia de seguridad pública comunal es de competencia del dicho Ministerio. Al respecto, la Corte concluye que la derivación efectuada por la reclamante de la solicitud a la Fiscalía Local es una decisión razonable, atendida la materia de que se trata, ya que dicho órgano público tiene competencia en la comuna de Providencia para la investigación y ejercicio de la acción penal en delitos de acción pública de que se trata, atendido lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. De esta forma, se colige que la Fiscalía comunal, podría razonablemente dentro de su competencia tener la información estadística requerida por el solicitante de información. Lo anterior complementado con lo dispuesto en el artículo 63 y 104 E de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2.- La obligación que establece el artículo 13 de la Ley de Trasparencia, es una obligación típicamente de medio y no de resultado, por lo que al obrar como lo hizo la municipalidad recurrente actuó razonablemente en cumplimiento de la ley, derivando la información requerida al órgano que a nivel comunal, atendida la naturaleza de la información solicitada, parece ser prima facie quien podía contar con la referida información, por lo que la reclamante no ha errado al obrar como lo hizo en este caso, derivando la solicitud en cuestión a la Fiscalía Comunal.

 

BASES ADMINISTRATIVAS – RECURSO DE QUEJA  

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Ilustre Municipalidad de Santiago c/ Miembros de la Tercera Sala de Corte de Apelaciones de Santiago

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN – CONCEJO MUNICIPAL – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE QUEJA – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Los jueces recurridos al rechazar el recurso de reclamación deducido por la Municipalidad acogiendo la acción de impugnación y ordenando retrotraer el proceso licitatorio, han obrado con abuso, pues han desconocido que el ente edilicio actuó, al momento de rechazar la propuesta de adjudicación y denegar el otorgamiento de la concesión, con estricta sujeción a las bases y sin infringir el principio de igualdad de los oferentes, puesto que obró dentro de las facultades que le otorgan tanto las bases de licitación como la normativa legal y reglamentaria que rige el proceso concursal. En la especie, las razones se sustentan en principios de eficiencia y economía de las contrataciones municipales.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de queja interpuesto contra los miembros de la Corte de Apelaciones que rechazaron el recurso de reclamación entablado por el municipio en contra de la decisión emitida por el Tribunal de Contratación Pública que, a su vez, acogió la acción de impugnación interpuesta por la empresa, declarando ilegales y arbitrarios los acuerdos municipales en que se acordó rechazar la propuesta de adjudicación. Al respecto, al haber obrado en la forma descrita los jueces recurridos, rechazando el recurso de reclamación deducido por la Municipalidad en contra de la sentencia que acogió la acción de impugnación y ordenando retrotraer el proceso licitatorio han obrado con abuso, pues han desconocido que el ente edilicio actuó, al momento de rechazar la propuesta de adjudicación y denegar el otorgamiento de la concesión a la empresa, con estricta sujeción a las bases y sin infringir el principio de igualdad de los oferentes, puesto que obró dentro de las facultades que le otorgan tanto las bases de licitación como la normativa legal y reglamentaria que rige el proceso concursal.

2.- Las motivaciones municipales para resolver en la forma que se plasmó en los actos impugnados no hace sino cumplir con lo establecido en las Bases Administrativas, puesto que se trata de fundamentos que precisamente se sustentan en principios de eficiencia y economía de las contrataciones municipales.

3.- Las razones esgrimidas por el Concejo Municipal para rechazar la adjudicación en dos oportunidades y, luego, del Alcalde (S) para denegar el otorgamiento de la concesión, se basan en consideraciones eminentemente económicas. En efecto, se pone especial atención por parte del municipio en la cantidad de recursos que la empresa propuesta enterará en arcas municipales, el uso y cuidado que dará a las edificaciones dadas en concesión y, en síntesis, a la forma en que el otorgamiento de la concesión a esta empresa en particular – esto es, la entrega de la posibilidad de explotar los bienes propios del ente edilicio – permite alcanzar los fines que debe cumplir el municipio conforme a su ley orgánica, esto es «satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural» (artículo 1° de la Ley N°18.695). De lo expuesto, fluye que tanto los Acuerdos N°48 de 28 de enero y N°72 de 29 de febrero de 2016, como el Decreto Secc. 2da N°803 de 23 de marzo de 2016 gozan de justificaciones adecuadas, suficientes y ajustadas a las bases de licitación, de modo que no se observa que el municipio haya cometido las infracciones que se le imputan a través de la demanda de impugnación y cuyos planteamientos acoge la sentencia recurrida.

4.- Corresponde rechazar el recurso de queja, por cuanto, el rechazo del recurso de reclamación no importa una grave falta o abuso susceptible de ser reparado por esta vía, toda vez que las motivaciones que se observan en las actas dicen relación con un desacuerdo de los Concejales con el mérito de las bases de licitación y no con un reproche directo a los términos en que la empresa formuló su oferta. En efecto, cuestionan los integrantes del Concejo Municipal el hecho de que se permita a la concesionaria entregar al municipio un monto que no fue fijado de antemano por éste; que los términos de la licitación favorecen a la mencionada entidad, que actualmente explota el Castillo Hidalgo y sus instalaciones; que se permita la facturación a través de empresas relacionadas; la dificultad en la fiscalización y otra serie de aspectos que no implican en sí mismos una infracción a las bases de licitación. Es así como la Comisión de Evaluación atribuyó a esta proponente el mayor puntaje total – suma de sus ofertas técnica y económica – sin que ninguno de los Concejales haya referido errores en la asignación de dicho puntaje o el incumplimiento, por parte de la concesionaria, de las condiciones impuestas con anterioridad en las bases elaboradas por la misma licitante. (Del voto en contra del Ministro señor Künsemüller y del Abogado Integrante señor Quintanilla)

5.- Ninguno de los miembros del órgano municipal expone que la empresa en cuestión no cumpla con los requisitos exigidos por las bases de licitación. Por el contrario, su propuesta da cuenta que, en concepto de la Comisión de Evaluación, la oferta cumplió con todos los requerimientos contenidos en ellas. (Del voto en contra del Ministro señor Künsemüller y del Abogado Integrante señor Quintanilla).

 

 

BESTATUTO DOCENTE – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO  

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Morales c/ Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DISCRIMINACION – FUNCIONARIOS PUBLICOS – FUNCIONARIOS A CONTRATA – PLAZO – ESTATUTO DOCENTE – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Chillán

Sala: Primera

Producto: Laboral

El vencimiento del plazo de contratación no exime de la necesidad de examinar si en la decisión de no renovar el contrato se ha vulnerado el derecho constitucional del afectado a la admisión a todas las funciones y empleos públicos, o de exigir la debida motivación a fin de evitar actos vulneratorios o de discriminación.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda por vulneración de derechos. Esto, debido a que no se configura la infracción del artículo 72 letra d) del Estatuto Docente, pues la sentencia recurrida no desconoce que el contrato termina por la llegada del plazo, sino que exige que tratándose de empleos a contrata su no renovación debe ser motivada, para luego establecer que existen indicios suficientes para considerar que la no renovación de la contrata de la demandante se basó en un criterio no justificado, discriminatorio, razón por la cual acoge la acción interpuesta. Dicha decisión no configura la infracción de ley toda vez que, si bien la expiración de una relación basada en las normas antes aludidas, esto es por la llegada del plazo, eximiría de la carga de justificar su no renovación, ello no significa, sin embargo, que la decisión de no renovar la contrata pueda amparar la decisión de desvincular a un funcionario cuando ella importa afectación de sus derechos fundamentales. En consecuencia, el vencimiento del plazo de contratación no exime de la necesidad de examinar si en la decisión de no renovar el contrato se ha vulnerado el derecho constitucional del afectado a la admisión a todas las funciones y empleos públicos, o de exigir la debida motivación a fin de evitar actos vulneratorios o de discriminación, cuestiones estas que no infringirían la letra d) articulo 72 del Estatuto mencionado.

2.- El numeral 17º del artículo 19 de la Constitución Política asegura a todas las personas «La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes». Por lo que, cuando la decisión de no renovar un contrato, emana de motivos discriminatorios, se violenta el derecho constitucional recién señalado.

 

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