Corte Suprema acoge recursos de proteccion de funcionarios municipales por término ilegal de contratas

En fallos divididos (causas roles 43.392-2017, 43.395-2017 y 43.398-2017) la Tercera Sala del máximo tribunal acogió los recursos de protección presentado en contra de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, por el término anticipado de contratas de tres funcionarios, estableciendo el actuar ilegal, arbitrario y carente de razonabilidad del municipio, al fundamentar el fin de las contratas en la supuesta falta de fondos.

La sala indica que la expresión “mientras sean necesarios sus servicios” hace referencia a las condiciones que permitirían anticipar el término de la contrata de manera excepcional, antes de la expiración normal el 31 de diciembre de 2017.

Los fallos sostienen que esa  circunstancia se relaciona con el motivo que debe tenerse en consideración y ser el fundamento preciso del acto administrativo, aspecto que se vincula con el hecho que el cargo, las funciones o el servicio que presta el empleado a contrata no son necesarios, más en ningún caso alude al hecho que el municipio no cuente con los fondos presupuestarios para pagar su remuneración, “antecedente éste que la autoridad debe considerar al hacer la planificación presupuestaria anual y antes de definir el nombramiento de los funcionarios a contrata”.

Señalan además, que el motivo del acto impugnado no se corresponde con el que se esgrime y consta en la resolución del nombramiento del recurrente, ya que sus servicios son necesarios dado que la autoridad no ha hecho valer ni tampoco ha acreditado un presupuesto que diga relación con ellos, sino todo lo contrario, ha señalado uno diverso sustentándose en que carece de presupuesto para pagar su remuneración, motivo que es distinto al autorizado por la resolución de nombramiento, lo que configura un vicio de legalidad que afecta a dicho pronunciamiento y a las garantías constitucionales denunciadas como infringidas, lo que justifica que el recurso sea acogido.

Concluyen los fallos que “la real existencia de los motivos esgrimidos en el acto -en este caso de aquél que pone término a los servicios- corresponde a un presupuesto que la ley exige a todo acto administrativo que afecte a particulares, de tal forma que al estar ausente en la especie, se configura la ilegalidad denunciada, al tiempo que el acto resulta ser además carente de razonabilidad, y por ende, arbitrario. Lo anterior se concretó al disponer el término anticipado de los servicios, vulnerándose con ello la garantía fundamental de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental”.

Se dejan sin efecto los decreto alcaldicios dictados el 30 de junio de 2017, debiendo la municipalidad pagar a los trabajadores recurrentes las remuneraciones devengadas desde la fecha de su separación, hasta el día 31 de diciembre de 2017.

Fuente: PJUD

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