Juzgado Civil de Santiago acoge demanda de Municipalidad en contra de empresa sanitaria de aguas

El 22º Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda presentada por la Municipalidad de Providencia en contra de  empresa sanitaria de aguas  por los cobros asociados a las obras de reparación y remoción de escombros que provocó la ruptura de matriz de agua potable en la comuna, el 9 de junio de 2016. Condenando a la empresa al pago 11.973,5169 UTM (unidades tributarias mensuales) como cobro de derechos municipales que implicó la intervención y reparación de espacios públicos.

El juzgado analizó  el hecho de si resulta necesariamente desproporcionado un cobro de derechos municipales por permisos para la ruptura, remoción y reparación de espacios públicos que sea superior al costo de la actividad que motiva dichos permisos, estableciendo que no necesariamente, debido a que el costo de las obras es uno de los factores a observar al tiempo de aplicar la proporcionalidad, pero no es el único. Así, otro de los factores dice relación con el costo que representó para la municipalidad la ejecución de las mismas.

“Acreditar la desproporción y los factores en que se sustentaba, era carga de la ejecutada, la cual, conforme a lo expuesto, no ha sido satisfecha pues únicamente observó un factor relevante y, por tanto, no se logra acreditar que la fórmula objetiva empleada por la I. Municipalidad de Providencia sea necesariamente desproporcionada en el caso concreto. Por lo demás, los factores mencionados y constitutivos de la fórmula analizada, no resultan irracionales ni antojadizos”,  sostiene el fallo.

Concluye que “cada uno de los factores aparece como fácilmente comprensible en su pertinencia, basta tener en consideración para ello que cuestiones como el área, sector, época y tiempo durante el cual se verifica la reparación o el uso de un bien nacional de uso público, miran derechamente a la subsecuente afectación del derecho de terceros a servirse de él y, dependiendo de su relevancia, dicha circunstancia podrá imponer al administrador del bien la adopción de medidas paliativas a dicha situación”.

Fuente: PJUD.

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