Comisión de Salud inicia análisis del proyecto interpretativo sobre objeción de conciencia ante requerimiento de interrupción voluntaria del embarazo

Luego de la interpelación al Ministro Emilio Santelices, la Comisión de Salud comenzó el análisis del proyecto que apunta a fijar de manera auténtica el sentido y alcance del artículo 119 ter en materia de objeción de conciencia de las instituciones o establecimientos de salud, sean públicos o privados, conforme a la controversia planteada por la resolución exenta Nº432.

La idea matriz del proyecto indica que cuando estos convenios de prestaciones médicas se celebren -en especial referido a materia gineco obstétrica- se entienden incorporados al sistema nacional de servicios de salud, cuyo mandato supone el cumplimiento de las políticas públicas de protección de prestaciones de salud en la materia y asegurar el cumplimiento de los fines de servicialidad del Estado con eficiencia y eficacia en la satisfacción de las necesidades públicas. Razonar de otro modo, sería legitimar una falta de servicio. Asimismo, se debe fijar el alcance relativo a que la manifestación de la objeción de conciencia institucional conste por escrito, por quienes cuenten con facultad suficiente para el ejercicio del derecho tratándose de personas jurídicas.

En consecuencia, la interpretación auténtica, tiene por objeto general determinar el objetivo de la ley 21.030, fijando con claridad el sentido y alcance de los protocolos en materia de objeción de conciencia, dentro del contexto general y mandato expreso que establece la normativa legal respecto a la finalidad que debe perseguir los protocolos dictados por la autoridad, que conforme al artículo 119 ter es “asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo”. En este sentido, la ley debe precisar qué debe entenderse por “asegurar la atención médica de las paciente” frente a la posibilidad de que sea ejercida la objeción de conciencia por instituciones privadas.

La iniciativa señala también que se debe fijar el alcance relativo a que la manifestación de la objeción de conciencia institucional conste por escrito, por quienes cuenten con facultad suficiente para el ejercicio del derecho tratándose de personas jurídicas.

En definitiva el proyecto cuenta con un artículo único donde se declara interpretado el artículo 119 ter del Código Sanitario, en el siguiente sentido:

“Los protocolos, a los que se refiere el inciso primero, tienen por finalidad asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción del embarazo. En consecuencia, los establecimientos de salud que invoquen la objeción de conciencia, no podrán celebrar los convenios a los que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 36 de 1980, del Ministerio de Salud en materia de ginecología y obstetricia.

La objeción de conciencia institucional siempre deberá ser manifestada previamente por escrito, indicando los fundamentos por los que solicita abstenerse de realizar el procedimiento de interrupción del embarazo.”

Consulte boletín Nº 11653-11 aquí

Fuente: Cámara

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