Jurisprudencia Destacada Año 2018 N5

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 5 DE 2018

 

RESTITUCIÓN DE INMUEBLE – OFICIO MUNICIPAL  

_______________________________________________________

Henríquez, Antonio c/ Ilustre Municipalidad de Independencia

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – DEBIDO PROCESO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RESTITUCION DEL INMUEBLE – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Octava

Producto: Municipalidades – Microjuris

El actuar de la municipalidad recurrida en orden a solicitar la restitución de un inmueble, a través de un simple oficio municipal emanado del Director de Desarrollo Comunitario, y no mediante el amparo judicial se estima como arbitraria, desde que manifiestamente aparece desprovista de una adecuada fundamentación racional y vulnera la garantía constitucional establecida en el N°3 del artículo 19 de la Constitución.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad por la resolución que pretende la restitución de la cancha municipal en la que habita el recurrente a cambio de su mantención. Esto, dado que el actuar de la entidad recurrida en orden a solicitar la restitución de un inmueble, a través de un simple oficio municipal emanado del Director de Desarrollo Comunitario, y no mediante el amparo judicial ha de estimarse como arbitraria, desde que manifiestamente aparece desprovista de una adecuada fundamentación racional y vulnera la garantía constitucional establecida en el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

2.- La restitución de un inmueble, sea propietario de él, arrendador o se detente alguna otra calidad a su respecto, es susceptible de perseguirse por otras vías que la propia ley entrega a éste.

3.- La conducta de la recurrida establece una diferencia entre el actor y otras personas que se encuentran en similar situación a la suya, vulnerándose la garantía del Nº 2 del artículo 19 de la Constitución.

 

LABORAL – SALUD INCOMPATIBLE  

_______________________________________________________

Fonseca c/ Ilustre Municipalidad de El Monte

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – MUNICIPALIDADES – FACULTADES DEL ALCALDE – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – SALUD INCOMPATIBLE – LICENCIAS LABORALES – ACCION SUBSIDIARIA – ACCIÓN DE COBRO – DEMANDA ACOGIDA

Tribunal: Primer Juzgado de Letras de Talagante

Producto: Municipalidades – Laboral

A la fecha de la declaración de salud incompatible de la trabajadora se cumplían todos los requisitos para declararla. En este sentido, la facultad discrecional otorgada al Alcalde no exige recurrir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva y de Invalidez de Salud a fin de obtener pronunciamiento de salud irrecuperable y compatibilidad de funciones. Sólo bastaba verificar las circunstancias para declarar la vacancia por declaración de salud incompatible.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la acción de cobro de prestaciones interpuesta. Esto, dado que siendo una carga procesal del demandado acreditar el pago del saldo de la remuneración, éste no lo hizo.

2.- Corresponde rechazar la acción de tutela laboral con ocasión del despido, por haber sido declarada la vacancia del cargo de la demandante por salud incompatible. Esto, dado que a la época de la declaración de salud incompatible efectuada por el Alcalde, debían concurrir los siguientes requisitos: a) que el funcionario municipal haya hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses, sean continuas o no, b) que las licencias tengan lugar en los dos últimos años y, c) que la licencia no tengan como causa accidentes en actos de servicios, enfermedades profesionales y aquellas referidas a la protección a la maternidad. Ahora bien, es efectivo que a la fecha de despido concurrían los presupuestos de hecho conforme a la legislación vigente de la facultad edilicia, no siendo aplicable el inciso tercero del artículo 148 de Ley 18.883, por haber entrado en vigencia el mes de diciembre de 2017, esto es, seis meses posteriores a la declaración de salud incompatible.

3.- La facultad discrecional otorgada al Alcalde no exigía que recurriera previamente a la Comisión de Medicina Preventiva y de Invalidez de Salud a fin de obtener pronunciamiento de salud irrecuperable y compatibilidad de funciones, razón por la cual, sólo bastaba verificar las circunstancias para declarar la vacancia por declaración de salud incompatible. En este sentido, la discrecionalidad consagrada en el Estatuto, se fundamenta en el principio de servicialidad de la administración del Estado según lo dispone el artículo 1 inciso 4 de la Constitución Política del Estado, por medio del cual, se dispone que se deben atender necesidades públicas en forma continua y permanente, lo que se efectúa por medio de los servicios públicos, lo que se encuentra debidamente regulado en la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado. En esta congruencia, así como se exige el cumplimiento de determinados requisitos para acceder a un cargo público, el cese, tiene como lógica contrapartida la pérdida de cualquiera de estos. A mayor abundamiento, quedó establecida la alteración del funcionamiento del centro de salud por la ausencia de la funcionaria, lo que era percibido en forma directa por su director, en atención a su jefatura sobre la funcionaria, razón por la cual, evidentemente no resultaba idónea para el ejercicio de las funciones en las que se desempeñaba.

4.- Corresponde rechazar la acción de despido injustificado. Esto, pues la demandante fundamenta su despido en los mismos hechos de la acción tutela omitiendo toda referencia al derecho. En este entendido, estimando que el marco jurídico aplicable es la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el cese de las funciones de la funcionaria se ajustó a derecho conforme al estatuto reglamentario que resulta aplicable a esta acción, bajo las mismas razones por las cuales se rechazó la acción de tutela.

 

NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO  

_______________________________________________________

Sociedad Constructora e Inmobiliaria Andalién S.A. c/ Ilustre Municipalidad de Arica

Voces: ADMINISTRATIVO – NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO – MUNICIPALIDADES – RECURSO DE ILEGALIDAD – DECRETO ALCALDICIO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Microjuris

La acción de nulidad de derecho público ejercida respecto de los decretos alcaldicios debió ejercerse a través del reclamo de ilegalidad municipal y no interponerse una acción genérica de impugnación como la intentada. Por otro lado, el principio de objetividad da cuenta de un principio de carácter general, aplicable a los funcionarios del Estado en su conjunto, inclusive los municipales.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en la forma interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que, en autos sobre nulidad de derecho público, rechazo los recursos de casación en la forma y de apelación, siendo por tanto validos los decretos alcaldicios dictados. Esto, dado que la sentencia de primer grado, cuyos razonamientos hicieron propios los magistrados de segunda instancia, presentan argumentaciones entorno a que si bien en la demanda se sostiene que los actos impugnados estarían afectados por un defecto de forma, como consecuencia de la vulneración de principios generales del Derecho Administrativo en la designación de los miembros de la Comisión Liquidadora del Contrato, en particular el de probidad, dicha alegación corresponde, verdaderamente, a una argumentación de fondo que no cuadra con ninguna de las hipótesis que en este ámbito prevé el artículo 7 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, se advierte de los antecedentes reproducidos en el fallo no incurre en las omisiones que reprocha el recurrente, puesto que, a diferencia de lo sostenido por este último, los jueces del mérito, tras un extenso examen de la situación litigiosa, se formaron la convicción de que los vicios denunciados por la actora no concurren en la especie. A lo dicho agregaron que lo razonado se ve refrendado por la circunstancia de que, en la especie, el legislador ha previsto una acción contenciosa administrativa especial y propia de la materia que se discute, de manera que es esa precisamente la que debe aplicarse y no este procedimiento genérico.

2.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo. Esto, dado que tal como se sostiene en la sentencia recurrida, la acción de nulidad de derecho público ejercida respecto los decretos alcaldicios debió ejercerse de acuerdo al procedimiento que la ley contempló para este tipo de situaciones, vale decir, a través del reclamo de ilegalidad municipal establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y no interponerse una acción genérica de impugnación como la intentada.

3.- La ilegalidad de un acto administrativo, que puede acarrear su anulación, puede referirse a la ausencia de investidura regular, incompetencia del órgano, defectos de forma, desviación de poder, ilegalidad en cuanto a los motivos y violación de la ley de fondo aplicable. Los artículos 6 y 7 de la Constitución Política no establecen una determinada acción procesal encaminada a obtener la anulación de los actos administrativos. Lo que configuran es el principio de legalidad que rige la actuación de la Administración, que lleva necesariamente aparejada la posibilidad de recurrir ante los tribunales de justicia para obtener la anulación de los actos contrarios a derecho.

4.- La denominada «acción de nulidad de derecho público» por la doctrina y aceptada por la jurisprudencia, es toda acción contencioso-administrativa encaminada a obtener, por parte de un tribunal de la República, la anulación de un acto administrativo. Esta acción contencioso administrativa, o acciones contencioso administrativas, pueden encontrarse establecidas por el legislador para situaciones concretas y en materias determinadas, como es el caso de los casi doscientos procedimientos de reclamo contra la aplicación de sanciones administrativas; así como lo es también el contemplado en el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, denominado reclamo de ilegalidad municipal, a que se refiere el presente capítulo del recurso, que establece un procedimiento de reclamo contra las actuaciones administrativas emanadas del órgano municipal. Cuando existe una acción contenciosa administrativa «de nulidad de derecho público» contemplada en la ley, se aplica ésta y con el procedimiento allí establecido, y no otra. Sin embargo, si la ley no contempla ningún procedimiento o acción especial para impugnar el acto administrativo solicitando su anulación, se puede utilizar el procedimiento del juicio ordinario.

5.- Si la actora estimaba que no podían formar parte de la comisión liquidadora aquellos empleados municipales que intervinieren en labores de fiscalización del contrato, debió, entonces, impugnar las disposiciones que regulaban la señalada comisión liquidadora en las Bases de la Propuesta Generales y Especiales, y no los actos administrativos objeto de la demanda, que sólo se han limitado a dar cumplimiento a la normativa que la rige.

6.- Como surge del artículo 3 de la Ley N° 19.640, los funcionarios públicos se encuentran amparados por el denominado principio de objetividad. En efecto, dicho precepto, en cuanto prescribe que en «el ejercicio de su función, los fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley», da cuenta de un principio de carácter general, aplicable a los funcionarios del Estado en su conjunto, que se desprende, asimismo, de lo establecido en el inciso 1° del artículo 13 de la Ley N° 18.575, en cuanto dispone que los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan. De ello se desprende con claridad que los empleados dependientes de la Municipalidad, en su calidad de funcionarios públicos, deben velar, en el desempeño de su cometido, por la correcta y debida aplicación de las normas que rigen las diversas situaciones a que se enfrentan con motivo de él, considerando en particular que, en cuanto tales, representan el interés de la comunidad y no provechos o ambiciones propias o corporativas. Así la actora ha debido desvirtuar el mentado principio de objetividad, demostrando que los funcionarios municipales a que se refiere incurrieron en conductas vulneratorias del principio de probidad, señalando con precisión cuáles son las conductas específicas y determinadas en cuya virtud incurrieron en tal quebrantamiento, lo que no hizo.

 

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL – LUCRO CESANTE  

_______________________________________________________

Paisajismo Cordillera S.A. c/ Ilustre Municipalidad de Quilicura

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACION – INDEMNIZACION DE PERJUICIOS – DAÑO EMERGENTE – LUCRO CESANTE – DAÑO MORAL – PRUEBA – PRUEBA INSTRUMENTAL – PRUEBA DE TESTIGOS – PONDERACION DE LA PRUEBA – CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO – FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA – NULIDAD DE OFICIO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Se acoge la demanda por lucro cesante, por cuanto la demandante, como consecuencia del incumplimiento contractual que se estableció en juicio anterior, sufrió un perjuicio consistente, específicamente, en haber dejado de percibir un ingreso cierto y real, a cuya recepción tenía pleno derecho, en tanto derivaba de un contrato suscrito por las partes; en efecto, pese a que dicha convención se hallaba plenamente vigente, la municipalidad demandada desconoció su validez y obligatoriedad, poniéndole fin de manera unilateral, en un caso en que carecía del derecho para obrar de ese modo.

Doctrina:

1.- Corresponde casar de oficio la sentencia impugnada que, confirmando el fallo de primera instancia rechazó la regulación de la indemnización de perjuicios a cuyo pago fue condenada la municipalidad demandada en un proceso previo y distinto por terminación unilateral del contrato de mantención de áreas verdes. Esto, debido a que, la sentencia impugnada carece de las consideraciones que le han de servir de fundamento, en particular porque no razonó debidamente acerca de la prueba testimonial rendida. Así, y en lo que dice relación con el daño emergente demandado, los magistrados establecieron que los montos reclamados por este rubro no corresponden a perjuicios que la actora haya experimentado como consecuencia del incumplimiento del contrato que vinculaba a las partes, porque siguió prestando servicios para la demandada por nueve meses, trabajos que ésta le pagó y, además, porque se trata de una empresa que siguió ejecutando su giro, de modo que los insumos y gastos que reclama en esta parte eran necesarios para dicho fin, conclusión a la que arribaron a partir de la prueba documental acompañada por la demandada, enseguida desestiman la demanda en lo que se refiere al lucro cesante reclamado, considerando que la instrumental aparejada por la demandada demuestra que la actora siguió prestando servicios para las municipalidades que señalan por los años que detallan, de lo que deducen que no podía ejecutar, a la vez, el contrato con la demandada, mientras que desconocen mérito de convicción al informe pericial evacuado en autos, por las razones que consignan, finalmente y en lo que atañe al daño moral demandado, lo rechazan basados en el sólo mérito de los documentos acompañados por la parte demandada. Sin embargo, para acreditar los fundamentos de su pretensión la demandante rindió testimonial respecto de la cual, de los cinco deponentes que prestaron declaración, tres fueron tachados y tales objeciones acogidas en el fallo de primera instancia, decisión que si bien fue criticada por la parte demandante al apelar en contra de dicha sentencia, no fue objeto de una específica solicitud en su parte petitoria. En esas condiciones, la prueba testimonial rendida por la demandante, si bien reducida por la exclusión de tres de los deponentes, está plenamente vigente y, por ende, ha debido ser considerada por los falladores al examinar los fundamentos de la demanda y la plausibilidad de sus pretensiones. No obstante, lo anterior, los jueces del fondo pasaron en completo silencio la existencia y mérito de esta probanza, puesto que no la examinaron de manera alguna, omisión que impide entender si la misma goza de algún mérito de convicción o, en caso de que no sea así, cuál es la razón en cuya virtud lo desconocen.

2.- Los sentenciadores desechan la demanda de regulación de los perjuicios, basados en que la prueba rendida es insuficiente para acreditar los hechos alegados por la actora, pero no elaboran razonamiento alguno en torno a cuestiones tan relevantes como la prueba testimonial, omisión en la que incurrieron pese a que constituye un aspecto esencial del núcleo de la cuestión debatida, es decir, la determinación del daño. Estas reflexiones no podían ser omitidas por los falladores, de manera que en un proceso como el de la especie, en el que el núcleo de la cuestión debatida incide precisamente en la especie y monto de los perjuicios a cuyo pago fue condenada previamente la demandada, resulta del todo insuficiente la sentencia pronunciada por el tribunal de segundo grado, configurándose el vicio de casación formal contemplado en el N° 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 170 Nº 4 del mismo texto legal.

3.- Los jueces, para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el legislador, deben ponderar toda la prueba rendida, tanto aquella en que se sustenta la decisión como la descartada o aquella que no logra producir la convicción del sentenciador en el establecimiento de los hechos, lo cual no se logra con la simple enunciación de tales elementos, sino que con una valoración racional y pormenorizada de los mismos. En este mismo sentido, la expresión «considerar» implica la idea de reflexionar detenidamente sobre algo determinado y concreto. En consecuencia, es nula, por no cumplir con el precepto del Nº 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia que hace una estimación de la prueba y deduce una conclusión referente a la materia debatida sin analizarla en su totalidad.

4.- Los montos reclamados por daño emergente no corresponden a perjuicios que la demandante haya sufrido a raíz del incumplimiento del contrato de mantención de áreas verdes; ello es así, en efecto, desde que la actora siguió prestando sus servicios a la demandada por varios meses, trabajos que le fueron efectivamente solucionados, de lo que se sigue que las cantidades invertidas por ella durante dicho período fueron cubiertas por tales pagos. A lo expuesto se debe añadir que la empresa demandante continuó ejerciendo su giro, de modo que, con independencia del proceder del municipio demandado, igualmente habría incurrido en los gastos de personal, insumos, maquinarias y herramientas en que hace consistir este capítulo, en tanto ellos resultaban imprescindibles para llevar a cabo su actividad.

5.- Se rechaza el daño moral reclamado, por cuanto la actora no rindió prueba suficiente para demostrar que el incumplimiento de la demandada provocó serios daños a su prestigio comercial, a la vez que le impidió postular a otras licitaciones, generó problemas en sus relaciones laborales y, por último, afectó su buen nombre, prestigio y crédito profesional.

6.- En relación al lucro cesante la demandante, como consecuencia del incumplimiento contractual que se tuvo por establecido judicialmente, sufrió un perjuicio consistente, específicamente, en haber dejado de percibir un ingreso cierto y real, a cuya recepción tenía pleno derecho, en tanto derivaba de un contrato suscrito por las partes; en efecto, pese a que dicha convención se hallaba plenamente vigente, la demandada desconoció su validez y obligatoriedad, poniéndole fin de manera unilateral, en un caso en que carecía del derecho para obrar de ese modo. De esta manera, con su proceder la Municipalidad privó a la actora de un ingreso al que tenía legítimo derecho, incumplimiento por el que fue condenada en sede civil y del que deriva el daño a cuyo resarcimiento debe ser condenada.

 

MENDICIDAD – LEY ANTIDISCRIMINACIÓN  

_______________________________________________________

Olivos c/ Ilustre Municipalidad de Antofagasta

Voces: RECURSO DE PROTECCION – ORDENANZA MUNICIPAL – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – FACULTADES DEL ALCALDE – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – LEGITIMACION ACTIVA – RECURSO DE APELACION – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Dado que el recurrente no se encuentra en situación de calle ni vive de la limosna del público, y que no se pudo identificar a ningún individuo que se viera inmediatamente afectado por la Ordenanza municipal, no se ha podido constatar la existencia de algún derecho garantido por la Constitución que se encuentre afectado y pueda ser protegido por la acción cautelar, sin perjuicio que el actor hubiera podido iniciar los procedimientos ordinarios de reclamación de los actos administrativos, instando por la realización del control de legalidad a través de la Contraloría; que pudo haber ejercido la acción de nulidad de derecho público o, incluso, aquélla contemplada en la Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido en contra de la sentencia que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra del acto consistente en la dictación de la ordenanza municipal que establece una pena pecuniaria a aquellas personas que se encuentran en situación de calle y las que viven de la caridad ajena. Esto, dado que no se ha acreditado el interés directo en las garantías constitucionales que se reclaman como afectadas, que el artículo 20 de la Constitución Política de la República exige, por lo que el recurrente carece de la legitimación activa necesaria para accionar como lo ha hecho.

2.- Dado que el recurrente no se encuentra en situación de calle ni vive de la limosna del público, y que no se pudo identificar a ningún individuo que se viera inmediatamente afectado por la Ordenanza municipal, no se ha podido constatar la existencia de algún derecho garantido por la Constitución que se encuentre afectado y pueda ser protegido por la vía de la acción de protección, sin perjuicio que el actor hubiera podido iniciar los procedimientos ordinarios de reclamación de los actos administrativos, instando por la realización del control de legalidad a través de la Contraloría General de la República; que pudo haber ejercido la acción de nulidad de derecho público o, incluso, aquélla contemplada en la Ley Nº20.609, que Establece Medidas Contra la Discriminación .

3.- No pasa desapercibido para la Corte que estas disposiciones, inciden en el proceso de descriminalización de la vagancia y la mendicidad, ocurrido en 1994 y 1998, conductas castigadas en otra época tanto en el Código Penal como en la Ley N°11.625 sobre Estados Antisociales, cuya sanción se ha repuesto a través de esta Ordenanza Municipal, lo que obliga al análisis y discusión de la extensión de las facultades contempladas en el artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695 en relación con lo establecido en el artículo 501 del Código Penal. En efecto, las facultades sancionadoras del Estado no sólo se manifiestan en el Derecho Penal, sino que también lo hacen en el Derecho administrativo sancionatorio y el Derecho disciplinario. En este orden de ideas y sin perjuicio que el asunto es de lato conocimiento, el análisis realizado por el actor resulta pertinente, desde que el artículo 3º del Código Penal dispone que “los delitos, atendida su gravedad, se dividen en crímenes, simples delitos y faltas y se califican de tales según la pena que les está asignada en la escala general del art. 21 “, de modo que, por expresa disposición legal y cualquiera sea la gravedad del ilícito, las faltas corresponden a la categoría de delito penal y, consiguientemente, quedan sujetas a las limitaciones constitucionales y legales del poder punitivo del Estado. Ello resulta congruente con lo preceptuado por el artículo 63, numerales 2) y 3) en relación con los artículos 6° y 7° y con el artículo 19 N°3, inciso 7° , todos de nuestro Texto Constitucional, y con el ya citado artículo 501 del Código Punitivo, si se tiene en consideración que el artículo 21 de este último cuerpo legal contempla la multa entre las penas comunes, castigo que puede ser sustituido por una pena de prisión, propia de las faltas según la misma clasificación, al tenor que lo que prevé el artículo 49 del Código en comento, lo que demuestra que, por esa vía administrativa, se puede llegar a imponer una pena privativa de libertad, lo que explica que también las faltas queden sujetas al principio de reserva o legalidad.

4.- Tanto de la fundamentación del acto administrativo cuestionado, como de la redacción de su articulado sancionatorio, lo que la Ordenanza castiga en concreto, más que conductas, son estados o estilos de vida, lo que constituye la principal razón por la que, en su época, las disposiciones de similar tenor contenidas en el Código Penal y en la Ley Nº11.625 sobre Estados Antisociales fueron derogadas, ya que ellas contravenían los principios limitadores del ius puniendi de última ratio, lesividad, proporcionalidad, culpabilidad y humanidad.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s