Corte Suprema determina cambio de nombre y sexo de persona tránsgenero sin requerir intervención quirúrgica o tratamiento hormonal

Este martes 29 de mayo, la Cuarta sala de la Corte Suprema acogió el recurso de recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primera instancia, rechazó la solicitud de cambio de nombre y sexo registral de una persona transexual sin requerir intervención quirúrgica de ningún tipo.  El razonamiento del tribunal tuvo en vista que las obligaciones internacionales que Chile ha contraído abarcan la prohibición de discriminación por identidad de género, incluyendo el derecho a la salud, integridad física y psíquica y la privacidad. En consecuencia, el Estado deberá facilitar el cambio de nombre y sexo registral, sin condicionamiento a una intervención quirúrgica o un tratamiento hormonal. Además, si actualmente la ley permite el cambio de nombre y, a la vez, prescribe que el nombre debe ajustarse al sexo, entonces se concluye que todo cambio de nombre debe respetar la realidad que le sirve de parámetro y, si tal realidad se encuentra consignada equivocadamente, debe ser corregido el instrumento respectivo, junto a la modificación del nombre.

El fallo contó con el voto de disidencia del ministro Sr. Blanco, quien estuvo por rechazar el recurso de casación en el fondo, teniendo presente que, en su concepto, los sentenciadores no incurrieron en los errores denunciados al rechazar la solicitud de cambio de nombre, toda vez que, de acuerdo con los hechos asentados, correspondía concluir que no concurren los presupuestos previstos en los artículos 1 letras a) y b) de la Ley N° 17.344 y 31 de la Ley N° 4.808, porque el nombre de la persona no debe ser equívoco respecto del sexo y, en la especie, no se acreditó el sexo femenino de la parte recurrente, ni su transexualidad por elementos objetivos. Así las cosas, la resolución adoptada mantiene un equilibrio básico entre el interés general de la sociedad y el del interesado.

Consulte fallo analizado por Microjuris a continuación

Voces: CIVIL – CAMBIO DE NOMBRE – DISCRIMINACIÓN – TRANSEXUALIDAD – REGISTRO CIVIL – PARTIDA DE NACIMIENTO – DERECHOS HUMANOS – TRATADOS INTERNACIONALES – APLICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA

Partes: O.B.C. s/ Cambio de sexo registral

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Fecha: 29-may-2018

Producto: Microjuris

Las obligaciones internacionales que Chile ha contraído abarcan la prohibición de discriminación por identidad de género, incluyendo el derecho a la salud, integridad física y psíquica y la privacidad. En consecuencia, el Estado deberá facilitar el cambio de nombre y sexo registral, sin condicionamiento a una intervención quirúrgica o un tratamiento hormonal. Además, si actualmente la ley permite el cambio de nombre y, a la vez, prescribe que el nombre debe ajustarse al sexo, entonces se concluye que todo cambio de nombre debe respetar la realidad que le sirve de parámetro y, si tal realidad se encuentra consignada equivocadamente, debe ser corregido el instrumento respectivo, junto a la modificación del nombre.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte solicitante en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primera instancia, rechazó la solicitud a fin de que se autorice su cambio de nombre y se consigne su sexo como femenino. Esto, debido a que, al rechazar la solicitud los jueces han errado en la correcta aplicación de los artículos 1 letras a y b de la ley 17.344 y 31 de la ley 4808 sobre Registro Civil. En efecto, es en estas situaciones, donde los principios constitucionales y legales entran en juego en un Estado de Derecho, en cumplimiento del mandato del inciso cuarto del artículo 1º de la Constitución, de encontrarse el Estado al servicio de la persona humana, contribuyendo a crear las condiciones sociales para el mayor desarrollo personal de tipo material y espiritual posible. En este tipo de situaciones especiales es donde habrá de primar la faz de la identidad de género, precisamente como eje esencial en el autorreconocimiento como persona singular y frente a la sociedad. En definitiva, si actualmente la ley permite el cambio de nombre y, a la vez, prescribe que el nombre debe ajustarse al sexo, entonces se concluye que todo cambio de nombre debe respetar la realidad que le sirve de parámetro y, si tal realidad se encuentra consignada equivocadamente, debe ser corregido el instrumento respectivo, junto a la modificación del nombre. Por ello es que, sin perjuicio de no existir norma legal expresa que faculte el cambio de sexo registral, como sí ocurre respecto del cambio de nombre, no proceder de la forma señalada importaría, como la jurisprudencia ha reiterado, una afectación de las obligaciones contenidas en los tratados internacionales y de los principios constitucionales y legales antes señalados en perjuicio de la solicitante.

2.- En identidad de género, la Ley Nro. 20.609 que establece medidas contra la discriminación, reconoce expresamente la valoración y protección jurídica de la «identidad de género», prohibiendo discriminaciones sobre tal base, de conformidad a su artículo 2º inciso primero , y en su artículo 17 , que modifica en la línea expresada el artículo 12 del Código Penal. El derecho a la identidad de género importa que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a éste, con independencia de cuál sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro. Así, este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona, sean las actas del Registro de Estado Civil, los documentos de identidad, electorales, de viaje u otros.

3.- Supeditar la sentencia de reasignación sexual, a la previa realización de una intervención quirúrgica, implicaría una seria incongruencia. En efecto, sería quedarse en una visión reduccionista que equipara el sexo en términos jurídicos, con solo una de sus exteriorizaciones, en este caso, la presencia de órganos genitales externos masculinos, obviando los mandatos constitucionales y valoraciones legales más importantes en desmedro de la identidad personal del involucrado. Lo anterior es plenamente concordante con jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que declaró que la exigencia de someterse a intervenciones quirúrgicas o tratamiento esterilizador, como requisito para reconocer la identidad de género, viola el derecho a la vida privada y familiar.

4.- Aún cuando el ordenamiento jurídico del país no regula expresamente la situación, la interpretación de la normativa vigente conduce a sostener, razonablemente, que no es posible rectificar el nombre de una persona sin que éste a su vez corresponda al sexo ahí señalado, de lo contrario la norma del artículo 31 inciso segundo del Registro Civil estaría siendo violentada. En tal sentido, los jueces de instancia cometen un error al señalar que no existiendo norma que regule y autorice la materia, el cambio de nombre y sexo legal de las personas transexuales ha quedado entregado al criterio personal de cada juez en lo civil que conoce del caso, toda vez que la interpretación de las leyes nacionales, como ha señalado reiteradamente nuestra jurisprudencia, debe ser efectuada a la luz de los principios constitucionales y legales, comenzando por el derecho a la identidad y la dignidad de las personas que se encuentran en estrecha vinculación, razón por la cual la primera le pertenece a todas las personas sin discriminación.

5.- El Estado de Chile se ha obligado, a través de la ratificación de distintos tratados de derechos humanos, con la obligación de no-discriminación y la garantía de los derechos humanos para todas las personas. Estas obligaciones vinculan a todos los órganos del Estado, incluyendo a la Corte Suprema, tal como se establece en el Artículo 5 inciso 2 de la Constitución Política de la República. En cuanto a las personas transgénero, deben ser siempre tratadas con pleno respeto y garantías a sus derechos humanos consagrados en los distintos instrumentos internacionales. Aunque la categoría prohibida de «identidad de género» no esté explícitamente mencionada en los tratados internacionales ratificados por Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha entendido subsumida en «cualquier otra condición social», tal como lo explicitó en el caso «Atala Riffo y otras contra Chile».

6.- Para concurrir a la decisión de la Corte en relación con el cambio de sexo legal, tiene presente que éste puede entenderse referido tanto a determinadas características del cuerpo de una persona como a su auto identificación de género. En su opinión, el derecho a la protección de la vida privada favorece la interpretación de la ley que hace prevalecer esta auto identificación de género por sobre las características corporales. (De la prevención del abogado integrante señor Correa)

7.- Para concurrir a la decisión de la Corte en relación con el cambio de nombre, tiene presente que la prohibición del artículo 31 de la ley 4808 de imponer al nacido un nombre «equívoco respecto del sexo» tiene por objeto la protección del recién nacido y no resulta relevante a objeto de la ley 17344 sobre cambio de nombre. Tratándose de una persona transexual es el nombre legal el que, al indicar inequívocamente un sexo reñido con su identidad de género, le causa el menoscabo moral que el artículo primero letra a) de la citada ley señala como justificante del cambio de nombre. (De la prevención del abogado integrante señor Correa)

8.- La decisión de la Corte, en lo que se refiere al cambio de sexo, parece acarrear consecuencias en al menos dos regímenes legales. Por una parte, el solicitante quedaría habilitado a contraer matrimonio con una persona del sexo opuesto al de su identidad de género. Como consecuencia de ello, importaría también reconocer que, si contrae matrimonio, los cónyuges quedan habilitados a adoptar. Estas son decisiones que corresponden o a la Constitución, y por tanto a su intérprete, o al legislador. Se estima que los regímenes legales aludidos, interpretados a la luz de la Constitución Política, son consistentes con la decisión que adopta la Corte, la que recoge una línea jurisprudencial que ya se había manifestado en al menos dos Cortes de Apelaciones. Con ello no se niega la autoridad del legislador para dictar una ley que impida una decisión como la que aquí se adopta, cuya conformidad o disconformidad con la Constitución Política solo podría ser evaluada por el Congreso Nacional, Presidente de la República y Tribunal Constitucional. (De la prevención del abogado integrante señor Correa).

9.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo, por cuanto los sentenciadores no incurrieron en los errores denunciados al rechazar la solicitud de cambio de nombre, toda vez que, de acuerdo con los hechos asentados, correspondía concluir que no concurren los presupuestos previstos en los artículos 1 letras a) y b) de la Ley N° 17.344 y 31 de la Ley N° 4.808, porque el nombre de la persona no debe ser equívoco respecto del sexo y, en la especie, no se acreditó el sexo femenino de la parte recurrente, ni su transexualidad por elementos objetivos. Así las cosas, la resolución adoptada mantiene un equilibrio básico entre el interés general de la sociedad y el del interesado. (Del voto en contra del ministro señor Blanco)

Consulte texto íntegro de la sentencia

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