CIDH declaró responsabilidad del Estado venezolano por desviación de poder y discriminación política contra funcionarias que aparecían en la “Lista Tascón”

Tras 12 años de espera La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al estado venezolano por la violación a los derechos políticos y libertad de pensamiento y expresión de tres víctimas y estableció la responsabilidad de Venezuela por la desviación de poder y discriminación política que significó la terminación arbitraria de sus contratos laborales.

Hechos

El 8 de marzo de 2016 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos  sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana, el caso respecto de la República Bolivariana de Venezuela. Según la Comisión, el caso se relaciona con la terminación arbitraria, en marzo de 2004 de los contratos de servicios profesionales, que tres presuntas víctimas tenían con en el Consejo Nacional de Fronteras, órgano adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, tras haber firmado una solicitud de convocatoria a referendo revocatorio del mandato del entonces Presidente de la República Hugo Chávez Frías.

La Comisión consideró que la terminación de sus contratos constituyó un acto de desviación de poder, en el cual se habría utilizado una facultad discrecional prevista en los contratos como un velo de legalidad respecto de la verdadera motivación de sancionarlas por la expresión de su opinión política mediante la firma de dicha solicitud. Lo anterior habría ocurrido en un contexto de significativa polarización en que el entonces Presidente y otros altos funcionarios estatales habrían efectuado declaraciones simultáneas al momento de la presentación de las firmas al Consejo Nacional Electoral, cuyos contenidos reflejarían formas de presión para no firmar y amenazas de represalias, así como con la creación y publicación de la denominada “Lista Tascón” (la cual incluía la identidad de los firmantes). Así, la Comisión consideró que tal acto representó una sanción implícita violatoria de sus derechos políticos, una discriminación por opinión política y una restricción indirecta a la libertad de expresión. Concluyó, asimismo, que el recurso de amparo y la investigación penal, así como una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, no constituyeron recursos eficaces para examinar tal supuesto de desviación de poder.

Cabe recordar que en el año 2003, diversos partidos políticos y miembros de la sociedad civil promovieron la realización de un referendo revocatorio al entonces Presidente Hugo Chávez Frías, que contó con más de 3 millones de firmas de respaldo. Antes de que el Consejo Nacional Electoral validara dichas firmas, el Presidente Chávez comisionó al diputado Luis Tascón Gutiérrez para que recibiera copias certificadas de las planillas. Los datos de los firmantes fueron publicados en una página web, acusando a los firmantes de participar en “un megafraude”. Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales internacionales y venezolanas documentaron denuncias de despidos y represalias a funcionarios que formaban parte de esta lista.

Con posterioridad a la publicación de la “Lista Tascón”, se conocieron denuncias sobre despidos de trabajadores o funcionarios públicos como represalia a su firma en la solicitud de referendo revocatorio presidencial.

En relación a los hechos, la sentencia relata denuncias de despidos y amenazas de despido a funcionarios públicos que firmaron las solicitudes de referendo presidencial y denuncias de persecución política:

El 20 de marzo de 2004 el entonces Ministro de Salud y Desarrollo Social, declaró que “quienes hayan firmado contra el presidente Chávez” serían despedidos “porque se trata de un acto de terrorismo”. Según señaló el Estado, en una declaración posterior dicho Ministro se habría retractado de lo anterior. El 29 de marzo de 2004 el Ministro de Relaciones Exteriores declaró ante los medios de comunicación lo siguiente: “considero lógico que un funcionario con cargo de confianza que haya firmado contra Hugo Chávez, ponga su cargo a la orden; en caso contrario será transferido a otras funciones dentro de la cancillería. No será despedido, pero ya no podrá ser un cercano colaborador, porque no cree en la política definida por el Presidente”. Asimismo el entonces presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) advirtió que “no causaría extrañeza si los trabajadores que firmaron la petición de convocatoria fueran despedidos de sus empleos”.

En cuanto a la terminación de los contratos:

Las tres víctimas, prestaron sus servicios en el Consejo Nacional de Fronteras (CNF), dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la figura de contrato de servicios profesionales por períodos mensuales, semestrales o anuales. En los meses de noviembre y diciembre de 2003 estas tres personas decidieron participar en el “Reafirmazo” y firmaron la solicitud de referendo revocatorio del entonces Presidente. Mediante cartas de fecha 12 de marzo de 2004, el entonces Presidente del Consejo Nacional de Fronteras, (quien también tenía el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la República), les informó  su decisión de dar por terminados sus contratos a partir del 1 de abril de 2004.

Sentencia

La Corte consideró que el derecho a solicitar y participar en un procedimiento revocatorio es un derecho político protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A su vez, reafirmó que en una sociedad democrática una persona nunca podría ser discriminada por sus opiniones políticas o por ejercer legítimamente derechos políticos. Así, en este caso, la terminación del vínculo laboral constituyó una forma de desviación de poder, ya que se utilizó una cláusula contractual como velo de legalidad para encubrir la verdadera motivación, pues la finalidad real era, sin duda, generar una represalia en su contra por haber ejercido legítimamente un derecho de carácter político, lo que fue percibido por los funcionarios superiores como un acto de deslealtad política. Por ello, se declaró que el estado es responsable por la violación del derecho a la participación política.

El fallo igualmente estimó que se violó el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, ya que no se observó el derecho a las garantías y protección judiciales en los procesos judiciales internos. A su vez, el despido arbitrario tenía la intención encubierta de acallar y desincentivar la disidencia política, pues fue instrumentalizado como factor ejemplarizante para que otras personas que ejercieron esa misma libertad se vieran amedrentadas de participar políticamente y eventualmente motivadas de manera ilegítima a retirar o “reparar” sus firmas. Por lo anterior, se declaró que el estado es responsable por la violación de la libertad de pensamiento y expresión, en relación con el principio de no discriminación de las víctimas. Por último, al tratarse la terminación laboral de una forma de desviación de poder y discriminación política y debido a que se les negó a las víctimas el acceso a la justicia, también se consideró que Venezuela era responsable por la violación al derecho al trabajo.

Así, conforme a lo anterior, la Corte IDH ordenó al Estado diversas medidas de reparación, entre las que destacan aquellas destinadas a adoptar las medidas necesarias para que los hechos relevantes de desviación de poder no queden en impunidad.

Por todo lo anterior la Corte declaró:

1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la participación política, reconocido en el artículo 23.1.b) y c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el principio de no discriminación establecido en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las tres victimas. En los términos de los párrafos 110 a 151 de esta Sentencia

Por seis votos contra uno, que:
2. El Estado es responsable por la violación de la libertad de pensamiento y expresión, reconocida en el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el principio de no discriminación establecido en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las victimas.
Por unanimidad, que:

3. El Estado es responsable por la violación de los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las victimas.
Por cinco votos contra dos, que:

4. El Estado es responsable por la violación del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los derechos a la participación política, a la libertad de expresión y de acceso a la justicia, así como con el principio de no discriminación, reconocidos en los artículos 23.1, 13.1, 8.1, 25.1 y 1.1 de aquel instrumento, en perjuicio de las victimas.

Reparaciones

-El Estado debe adoptar las medidas necesarias para que los hechos relevantes de desviación de poder no queden en impunidad, en los términos de los párrafos 230 a 232 de esta Sentencia.

-El Estado debe realizar las publicaciones que se indican en el párrafo 233 del presente Fallo, dentro del plazo de seis meses contado desde la notificación de la presente Sentencia y en los términos de los párrafos 233 y 234 de la misma.

-El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 238, 240 y 250 de la presente Sentencia por concepto de indemnizaciones compensatorias por daños materiales e inmateriales y costas y gastos, en los términos de los referidos párrafos y de los párrafos 251 a 256 del presente Fallo.

“238. En consecuencia, la Corte estima pertinente fijar las cantidades de US$ 65.000,00 (sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de R. Sosa; de US$ 40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de M. Chang y de US$ 30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de T. Peña, por concepto de daño material, que deberán ser entregados directamente a cada una de ellas en el plazo establecido al efecto.

240. En este caso, el Tribunal constata que, según se desprende de sus declaraciones, las víctimas se vieron afectadas de diversas maneras por los hechos, que les generaron sentimientos de angustia, situaciones de estigmatización y rechazo, así como cambios en sus relaciones intrafamiliares. Determinados aspectos y magnitudes de los daños y afectaciones emocionales también fueron referidos en las evaluaciones psicológicas a las que fueron sometidas, particularmente el hecho de que se encontraron en un súbito estado de angustia e incertidumbre, que pudo tener efectos en su salud emocional y física, así como las dificultades económicas, sociales, familiares e interpersonales por no haber podido reactivar su vida profesional. En atención al carácter de las violaciones cometidas y las afectaciones ocasionadas a las víctimas, la Corte estima pertinente fijar, en equidad, la cantidad de USD $ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) como compensación por los daños inmateriales, a favor de cada una de las víctimas, que deberá ser entregada directamente a ellas en el plazo establecido al efecto.

250. A pesar de lo anterior, es razonable presumir que el representante incurrió en erogaciones desde marzo de 2006, año en que fue presentada la petición ante la Comisión, por lo cual el Tribunal estima pertinente el reembolso de gastos y costas razonables de litigio, lo cuales fija, en equidad, en la cantidad de USD $20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América). El Estado debe entregar esta compensación directamente al representante en el plazo fijado al efecto”.

Consulte fallo íntegro aquí.

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