Corte de Apelaciones acoge recurso de protección por eliminar beca de alumna prioritaria

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado en contra del Ministerio de Educación por no entregar una beca de alumna prioritaria, considerando arbitraria la decisión que quitó el beneficio durante el año 2018.

Según los antecedentes aportados por el recurrido, el Ministerio de Educación, a través de un proceso complejo, determina la calidad de alumno preferente o prioritario en el último trimestre del año anterior (esto es, durante año 2016). Ahora bien, por mandato legal esa decisión debe ser informada a la familia del alumno, esto no se trata de exigir una notificación personal –como se sugiere por la recurrida-, sino que lo importante es acudir a medios capaces de producir fe, que aseguren razonablemente la entrega de la información al afectado, expresó el fallo.
El fallo establece que el Ministerio recurrido optó por efectuar una publicación en su página web, pero no acreditó que el empleo de ese instrumento haya sido puesto en conocimiento de los interesados, en términos de conferir algún grado de certeza a esa forma de comunicación. Lo que se indica es particularmente relevante, porque en los hechos, la madre de la alumna no pudo instar por la oportuna revisión de su caso, como se lo informara la Superintendencia respectiva. Por ende  la recurrente no supo que durante el año 2018 no tendría la calidad de alumna prioritaria y desconocía las consecuencias del actuar de la administración que se manifestaron en el cobro que se le efectuó por una deuda que desconocía y que se habría originado durante el año escolar 2017.
Por otra parte señala que no se puede desconocer que si a un estudiante le han asignado un beneficio que importa gratuidad durante el año escolar 2016 y no se le comunica en la oportunidad que determina la ley que no continuará gozando de éste durante el año 2017, resulta esperable que se genere la confianza legítima que tal beneficio continuará, principio hoy vigente en el Derecho Administrativo.
Por todo lo anterior, se concluye que el actuar del Ministerio de Educación fue arbitrario y lesivo, es decir carente de toda justificación, por lo que le corresponde restablecer el imperio del Derecho, invalidando el acto ilegal y arbitrario que importa una vulneración al derecho de propiedad que le ocasionó la pérdida de su calidad de alumna prioritaria,  para los a os 2017 y 2018, en los términos que corresponden a esa calidad.
Fuente: PJUD.

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