CIDH declaró responsable al estado de Colombia por muerte de periodista y violación del derecho a la libertad de expresión

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró responsable al estado de Colombia por la muerte de un periodista  y por falta al deber de garantizar su derecho a la libertad de expresión. También consideró responsable al estado por la violación al derecho a las garantías judiciales por las investigaciones de ese hecho, por la violación al derecho a la integridad personal y de protección de los familiares de la víctima directa. Además, consideró a Colombia responsable por la violación de los derechos de circulación y residencia de algunos de los familiares del periodista que se vieron forzados a salir de su lugar de residencia habitual en razón de la situación de riesgo que soportaban y el temor que sentían.

Hechos

Los hechos  tuvieron lugar en Pitalito, departamento del Huila, cuando el periodista recibió siete disparos de arma de fuego, el 16 de abril de 1998. Ese hecho ocurrió en el marco de un contexto generalizado de impunidad por hechos de violencia contra periodistas en Colombia, y la víctima era un periodista que informaba y denunciaba asuntos de interés local.

Especificamente su trabajo refería a irregularidades en la administración de fondos públicos, hechos de corrupción y de lavado de dinero proveniente del narcotráfico de la zona y del departamento del Huila en general. Las autoridades colombianas realizaron diligencias de investigación y procesamiento de presuntos autores materiales e inmateriales de ese homicidio. La Fiscalía siguió distintas hipótesis en la investigación, una de las cuales desembocó en un juicio contra un empresario local, un exconcejal y otro individuo. Sin embargo, esta causa culminó con una sentencia de absolución de los procesados el 6 de abril de 2001. Actualmente, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación se encuentra siguiendo nuevas líneas de investigación para determinar las responsabilidades sobre ese hecho. Por otro lado, varios familiares del periodista y otros de los involucrados en el proceso judicial fueron víctimas de amenazas e intentos de intimidación durante el desarrollo de la investigación y de las actuaciones principales. Como consecuencia de ello, nueve familiares del difunto periodista tuvieron que salir del país por razones de seguridad.

Sentencia

La Corte consideró que el Estado es responsable por:

-La dilación extraordinaria de la investigación y del proceso por el homicidio del periodista.

-Por no haber desarrollado las investigaciones relacionadas con algunas de las amenazas proferidas en perjuicio de varios familiares de la víctima.

-Por la violación de la reserva sumarial en el transcurso del proceso llevado a cabo en relación con el homicidio del periodista.

En lo que respecta el derecho a la vida de la víctima, se observó que su muerte se encuentra vinculada con su labor de periodista. “Además, su fallecimiento se inscribe en un contexto generalizado de impunidad por los homicidios de periodistas que ocurrían en Colombia. En ese sentido, la investigación inadecuada del homicidio constituye, en sí misma, una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida del periodista. Por lo tanto, se resolvió que el estado colombiano es responsable por la falta al deber de garantía del derecho a la vida del periodista asesinado. Por otra parte, la libertad de expresión del señor Carvajal se vio afectada precisamente por el hecho de que éste no pudo continuar ejerciéndola debido a su muerte. En consecuencia, se dictaminó que el estado también es responsable por la violación al deber de garantizar la libertad de expresión de la víctima.

Por otra parte el fallo estableció que, como consecuencia del sufrimiento que les causó la muerte del periodista y de la situación de impunidad en la que se encuentra ese homicidio, los familiares de la víctima directa han padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral. Además, algunos de los familiares se vieron forzados a abandonar su lugar de residencia habitual y desplazarse. Esto ocurrió en un contexto en el que el estado incumplió con su obligación de investigar las amenazas que recibieron varios de ellos, y tampoco brindó las condiciones necesarias para facilitar un retorno voluntario, digno y seguro a sus lugares de residencia habitual o un reasentamiento voluntario en otra parte del país. Por eso, se declaró la violación al derecho de circulación y de residencia en perjuicio de nueve familiares del difunto periodista.

La sentencia, finalmente, se refirió a cómo impactó sobre la integridad de la familia, así como en la vida de cada uno de sus integrantes, el hecho de que varios de sus integrantes tuvieran que migrar y dispersarse fuera del territorio colombiano. En ese sentido, concluyó que el estado es también responsable por la violación del derecho de protección a la familia en su perjuicio.

Conforme a lo anterior, la Corte ordenó al estado diversas medidas de reparación, entre ellas:

-Se publique la sentencia;

-Se continúen con las investigaciones y procesos judiciales en curso;

-Se realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional;

-Brindar el tratamiento psicológico o psiquiátrico a las víctima;

-Se remita al Tribunal los informes periódicos que envía a los organismos especializados de la OEA y de las Naciones Unidas, relacionados con las medidas implementadas para la prevención y protección de los periodistas en Colombia;

-Se garantice las condiciones de seguridad adecuadas para que los familiares del periodista puedan retornar a su país de origen;

-Y que pague las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de daño material e inmaterial, así como las indemnizaciones para los tratamientos psicológico o psiquiátrico de los familiares del periodista que se encuentran viviendo fuera de Colombia y que así lo soliciten.

Consulte Sentencia aquí.

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