Corte Suprema acoge recurso de casación y ordena a juzgado de familia oir a niña en proceso de cuidado personal

En fallo unánime, la Cuarta Sala del máximo tribunal acogió un recurso de casación y ordenó al tribunal de primera instancia escuchar a la niña antes de resolver el conflicto.
Por sentencia del juzgado de familia se rechazó la demanda de cuidado personal interpuesta por la abuela paterna de una niña, en contra de la madre, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones, en contra de la última resolución la actora dedujo recurso de casación en el
fondo, denunciando la infracción de una serie de normas legales y solicita que se lo acoja y se la anule, acto seguido, sin nueva vista y separadamente, se dicte la de reemplazo que retrotraiga la causa al estado de realizarse una nueva audiencia de juicio.
En cuanto a la denuncia de haberse conculcado lo que dispone el inciso 2° del artículo 16 de la Ley N° 19.698, la Corte indica que se debe tener presente que el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño señala que los Estados Partes deben garantizar al niño, niña o adolescente que está en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en  cuenta su sentir, en función de su edad y madurez y que con tal fin, se le debe dar oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo incumba, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
En consecuencia, el artículo 12 establece que el niño, niña y adolescente tiene derecho a manifestar sus deseos y sentires de manera libre y a que sean tenidos en cuenta en la oportunidad que se resuelva el asunto que les incumbe, enlazándose directamente con el principio de la autonomía progresiva. Lo señalado importa, por lo tanto, que deben ser considerados como sujetos de derechos humanos y civiles, y al estar en las condiciones que indica dicha norma, debe necesariamente escuchárseles de manera tal de establecer una comunicación, un diálogo con ellos.
El fallo señala la doctrina nacional, en cuanto a lo que se refiere a los procedimientos jurisdiccionales ante tribunales de familia, que puede verse como una consagración de la garantía del derecho a la defensa, en su aspecto o dimensión de defensa material que se traduce en las facultades del niño, niña o adolescente a intervenir en todos los asuntos que le afecten, formular alegaciones y presentar prueba y, en general, estar protegidos en contra de cualquier indefensión, lo que no se satisface consultando la opinión en una oportunidad durante la tramitación del proceso, sobre dos o tres alternativas cerradas definidas de manera previa, sino que se le debe ofrecer la posibilidad de participar en la construcción del caso, desde un principio, siendo un protagonista de la decisión en un sentido más amplio. No se trata simplemente del derecho a opinar, sino del derecho a participar en la decisión del caso (en la decisión de su propia vida).
También  sostiene que es una manifestación del derecho a la libertad de expresión como representación del libre pensamiento, pues impone a los Estados la obligación de garantizar la libertad de pensamiento y expresión de los niños, niñas y adolescentes, fijando pautas interpretativas que sirvan de guía al juez y al legislador y regula expresamente el derecho a ser oídos en todas las decisiones que puedan afectar su vida futura; entendiéndose como un derecho de participación que debe ser dilucidado en consonancia con el principio del interés superior y el de la autonomía progresiva.
Finalmente agrega que se debe inferir que la fijación de una o más audiencias en los juicios que inciden en materias que conciernen a niños, niñas o adolescentes, con la finalidad de escucharlos, de establecer un diálogo con ellos, constituye una forma de concretar el derecho que consagra el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, y en la medida que se den las condiciones que señala, debe ser considerada como necesaria e imprescindible. En consecuencia se concluye  que en la sentencia impugnada se conculcó lo que dispone el inciso 2° del artículo 16 de la Ley N° 19.968, que influyó de manera substancial en su parte dispositiva, dado que se adoptó respecto de la niña una decisión que incide de manera trascendental en su vida presente y futura, sin escuchar su opinión.
Fuente: PJUD.

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