Corte de Apelaciones acoge recurso de protección y ordena estudio de estatus de refugiado de ciudadano cubano

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por ciudadano cubano y ordenó al Ministerio del Interior gestionar las medidas necesarias para otorgar el refugio político, por considerar que hubo actuar arbitrario al negar el estatus en Arica.

 El fallo establece que las actuaciones del extranjero revelaron el especial interés de presentar formalmente solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, sin que ésta haya sido recibida formal y concretamente por actuaciones y omisiones que se atribuyen a la autoridad policial y administrativa. Agrega que en lugar de darle la orientación debida sobre el procedimiento a seguir para materializar formalmente su solicitud de refugio -acorde se lo exigen los artículos 15 y 27 de la Ley 20.430-, el Departamento de Extranjería y Policía Internacional Arica, de la PDI, solo se limitó a denunciar el ingreso irregular del señor  al Departamento Jurídico de la Intendencia Región de Arica y Parinacota, a título de infracción al artículo 69 de la Ley de Extranjería y procedió acorde al artículo 165 del Reglamento de Extranjería.
Respecto al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, la Corte señala que ha dejado al arbitrio de quienes se desempeñan en atención de público la decisión de admitir las solicitudes de refugio, en circunstancias que dada la calidad de extranjero de quienes realizan estos trámites, desconociendo la legislación nacional como los plazos para formular este tipo de peticiones, dejó en la más absoluta indefensión al migrante, advirtiéndose la ausencia de protocolos claros que garanticen un trato expedito e igualitario a los interesados en acogerse a un beneficio establecido en la ley 20.430.
Por lo anterior, el fallo considera como arbitraria la omisión de la recurrida, al no ajustarse a un protocolo que permita verificar el respeto del ejercicio del derecho del actor, “pasando por alto su clara intención manifestada en la primera declaración que se tomó al recurrente en territorio nacional por lo que deviene además en ilegal al no haberse iniciado, en un caso establecido por la ley, el procedimiento de solicitud de refugiado político de la Ley N° 20.430 importando aquello una vulneración a las garantías de igualdad ante la ley e igual protección de la Ley en el ejercicio de los derechos, contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, según se ha explicado precedentemente, razón por que la acción cautelar intentada debe ser acogida”.
Finalmente, se acoge la acción de protección intentada, debiendo el Departamento de Extranjería y Migración, dependiente del Ministerio de Interior de Chile, arbitrar las medidas para que recurrente formalice su intención de ser reconocido como refugiado, conforme a lo establecido en los artículos 36 y 37 del Reglamento de la Ley 20.430, y en consecuencia se tramite aquella de acuerdo al procedimiento que dispone la ley.

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