Pleno de la Corte de Valparaíso acoge solicitud de desafuero contra diputado por injurias graves en medios de comunicación

En fallo dividido el Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la solicitud de desafuero contra el diputado I. Urrutia que fue presentada por representantes de agrupaciones de Derechos Humanos por sus dichos vertidos en el hemiciclo de la Cámara de Diputados  el 19 de abril de 2018.  El Pleno concluyó que “existen en el proceso  antecedentes   suficientes para  establecer  que  el honorable diputado abría  vertido los dichos que  se  le  reprochan,  a  través  de medios  de comunicación social; lo que permite  desechar  las alegaciones  de la defensa  en sentido  contrario”.

Cabe destacar que un grupo en calidad de personas reconocidas por el informe Valech como víctimas de prisión política y tortura dedujeron solicitud de desafuero en contra del Diputado por considerarlo responsable del delito de injurias e injurias graves sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, de acuerdo a las declaraciónes que el Sr. Urritia dió  en sesión Ordinaria de 19 de abril de 2018 posteriormente a la cuenta y con motivo del oficio del Presidente de la República por el cual comunicó a la Cámara de Diputados que retiró de su tramitación ante el congreso Nacional el proyecto que otorga un aporte único a de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

De acuerdo a los hechos descritos el fallo estableció que pueden ser razonablemente calificados como el delito de injurias graves previsto y sancionado en los artículos 29 de la ley Nº 19.733 y 416 y 417 del Código Penal. Señaló ademas,  que en efecto,  se habría  imputado  a los querellantes la calidad  de terroristas   -lo   que constituye un delito sancionado por la ley  N°18.314,  además, que  abusarían  de  su   calidad   de  víctimas  de prisión  política y de torturas para obtener reiteradas e injustificadas  regalías del Estado, lo que implica necesariamente  un descrédito y menosprecio grave de los querellantes, que afecta su honra, crédito, fama y honor; quienes por formar parte de un grupo determinado de personas fácilmente individualizables a través de instrumentos oficiales, no pueden ser considerados un colectivo indeterminado.

Asimismo el Pleno indicó que lo  señalado  por  el honorable diputado, “calificando  la conducta de particulares, no dice relación directa con las funciones propias de la Cámara de Diputados antes referidas, por lo que no puede entenderse que fueran vertidas en el ejercicio  de su cargo”.

Por último, el fallo señala que “no obsta a lo anterior la circunstancia de que los dichos fueran vertidos mientras varios honorables diputados discutían acerca de la conveniencia y consecuencias políticas del retiro del proyecto de ley que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile -materia acorde a los cargos políticos que detentan- porque no se estaba analizando el contenido del proyecto;  y en atención  a  que los  dichos  del aforado,  por no ser  atingentes  a la materia y por su finalidad de injuriar, no pueden ser considerados una opinión política propia de su actividad”.

Fuente: PJUD.

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