Comisión de Constitución aprueba iniciativa que resta privilegios procesales para altas autoridades del país

La Comisión de Constitución de la cámara de Diputados aprobó por unanimidad una moción que resta privilegios procesales en materia civil para las altas autoridades del país.

Los fundamentos de la iniciativa señala como regla general en el procedimiento civil,  que toda persona deba testificar en el Tribunal. No obstante, la ley establece que algunos ciudadanos, en razón de su cargo o alta investidura pública, queden exceptuados de esta regla, otorgándoles el derecho a prestar declaración en el domicilio que ellos fijen, dentro del respectivo territorio jurisdiccional.

Así, el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, dispone que se encuentran exentos de comparecer ante el Tribunal, el Presidente de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios, Delegados presidenciales regionales y provinciales; tratándose de autoridades de Gobierno. También pueden hacer uso de este derecho: Senadores, Diputados, Alcaldes, miembros del Poder Judicial, el Fiscal Regional, los fiscales regionales; y Oficiales en servicio activo o en retiro.

En relación a lo anterior los diputados consideraron que esta norma procesal es demasiado extensa en su alcance, ya que siendo una disposición legal que establece un trato preferente, ésta debería aplicarse de forma restrictiva y sólo respecto del Presidente de la República y los Ministros de Estado. Agregan que parece plausible y adecuado que dada la investidura de estas autoridades, y a fin de no afectar en lo cotidiano el desempeño de las funciones del Primer Mandatario, y de sus colaboradores inmediatos como son los Secretarios de Estado; ellos puedan prestar declaración en el domicilio que fijen, y no tengan necesariamente que acudir al Tribunal.

Por su parte el artículo 389 del referido cuerpo legal dispone que se encuentran exentos de comparecer al Tribunal para prestar declaración: El Presidente de la República, los Ministros de Estado, Senadores, Diputados, Delegados presidenciales regionales, miembros de la Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones, Fiscales Judiciales, el Fiscal Nacional y los fiscales regionales. En estos casos, el juez se trasladará al domicilio respectivo para recibir la declaración, o comisionará al Secretario del Tribunal para tal efecto.

Dicho lo anterior consideran que en una sociedad democrática deben limitarse los tratos preferentes en favor de las autoridades públicas, y sólo subsistir aquellos que sean estrictamente necesarios para el ejercicio de los más altos cargos. En un Estado de Derecho del siglo XXI, la actividad jurisdiccional así como la de cualquier órgano público, debe ser ejercida con plena observancia del principio de igualdad ante la ley, y con ello ir dejando atrás fueros o privilegios procesales que carezcan de justificación plausible.

Por lo tanto el proyecto modifica el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil  para restar el privilegio de comparecer ante el Tribunal para   “los Senadores y Diputados, los Subsecretarios; los Delegados Presidenciales Regionales, Delegados Presidenciales Provinciales y los Alcaldes, dentro del territorio de su jurisdicción; los jefes Superiores de Servicio, los miembros de la Corte Suprema o de alguna de las Cortes de Apelaciones, los Fiscales Judiciales de estos Tribunales, los Jueces Letrados, el Fiscal Nacional y los fiscales regionales; los Oficiales Generales en servicio activo o en retiro, los Oficiales Superiores y los Oficiales en Jefes;”.

De igual manera se modifica el artículo 389, eliminando el privilegio de exención de comparecer al Tribunal para prestar declaración para “Los Senadores y Diputados, los Delegados Presidenciales Regionales dentro de la región en que ejercen sus funciones; los miembros de la Corte Suprema o de alguna Corte de Apelaciones, los Fiscales judiciales de estos tribunales, el Fiscal Nacional y los fiscales regionales,”.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados aprobó en los pasados días eliminar un antiguo beneficio procesal civil para el mundo eclesiástico. Hoy, la propuesta de la Comisión de Constitución es restar dicho privilegio para todas las altas autoridades políticas, incluidos en este ámbito a los propios parlamentarios.

Fuente: Cámara

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