Jurisprudencia Destacada Año 2018 N8

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 8 DE 2018

 

DECLARACION DE RELACION LABORAL

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Cortés c/ Ilustre Municipalidad de Las Condes

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INJUSTIFICADO – HONORARIOS – ACCION DECLARATIVA – RELACION DE DEPENDENCIA – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Décima

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

La labor del demandante se condice con la de un auxiliar en ornato y preparación de los talleres respectivos dirigidos a los adultos mayores, pero en caso alguno está vinculada con la elaboración o ejecución de dichos talleres, de modo tal que su función cabe consignarla como genérica y no como un cometido específico, como lo exige el inciso 2° del artículo 4° de la ley 18.883.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por el trabajador a honorarios en contra de la sentencia que rechazó su demanda de existencia de relación laboral del vínculo a honorarios y despido injustificado. Esto, dado que, al rechazar la demanda por estimar la sentencia impugnada que los contratos de honorarios acordados entre las partes, cumplen con la exigencia contenida en el inciso 2° del artículo 4° de la Ley 18.883, ya que el demandante ha sido contratado para cometidos específicos, se configura la infracción de ley alegada, toda vez que una simple lectura del contrato de honorarios, deja constancia que ese contrato es para que el actor realice el cometido de monitor en el Círculo de Encuentro del Adulto Mayor, con cargo a un Programa «Círculos de Encuentro del Adulto Mayor», en el cual la función desarrollada por el demandante se traducía principalmente en ordenar espacios, conectar computadores y, en general, mantener los espacios habilitados para su uso, todo ello, dependiendo del tipo de taller a realizarse de acuerdo a un cronograma previamente establecido. Así, la labor del demandante más bien se condice con la de un auxiliar en ornato y preparación de los talleres respectivos dirigidos a los adultos mayores, pero en caso alguno está vinculada con la elaboración o ejecución de los talleres, de modo tal que la función del demandante cabe consignarla como genérica y no como un cometido específico, como lo exige el mentado inciso 2° del artículo 4° citado. El yerro jurídico del sentenciador también configura la causal del artículo 478 letra c) del Estatuto Laboral, pues manteniendo los mismos hechos que se han acreditado en el juicio, el sentenciador los ha calificado erradamente.

2.- Al no reunirse en la especie las características de un contrato a honorarios entre las partes, previsto en el artículo 4° inciso 2° de la Ley N° 18.883, pues el actor no realizaba cometidos específicos, sino de índole general, debe determinarse qué estatuto jurídico regula la vinculación que se genera entre una persona natural que se desempeña en una municipalidad y ésta última, cuando su labor no se encuadra en los términos del citado precepto. Al respecto, los trabajos que se efectúan conforme a esta última calidad jurídica constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares, pues al no tener la naturaleza jurídica de una prestación de servicios regida por el Código Civil, bajo la modalidad de contrato a honorarios, deben ser encasillados en el régimen común de la relación de un servicio, bajo subordinación o dependencia. (De la sentencia de reemplazo).

 

ACCION DECLARATIVA DE MERA CERTEZA – DECLARACION DE DOMINIO

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Condominio Minera Cerro Colorado c/ Ilustre Municipalidad de Iquique

Voces: CIVIL – MUNICIPALIDADES – ACCIÓN DECLARATIVA – BIENES – LEGITIMACIÓN PROCESAL – LEGITIMACIÓN PASIVA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Microjuris

La acción de mera certeza sólo puede tener por objeto la declaración de un derecho que una parte estima asistirle, para evitar o componer un litigio que le afecta o puede afectarle en el futuro, agotándose la jurisdicción del Tribunal en la mera declaración de certeza sin que pueda imponer una prestación a la contraria, requisitos que no se verifican en la especie, pues lo que se pretende por la actora es una declaración del dominio, que según señala le asiste sobre la totalidad del lote correspondiente y, por otra parte, requiere un pronunciamiento del tribunal respecto de la validez del certificado de recepción que aprobó la subdivisión del lote y aprobó la cesión a título gratuito efectuado a la Municipalidad demandada.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante en contra de la resolución confirmó la sentencia de primera instancia, rechazando la declaración de dominio sobre el terreno. Esto, dado que los jueces dieron correcta aplicación a la normativa sobre las acciones de mera certeza en tanto estas, sólo pueden tener por objeto la declaración de un derecho que una parte estima asistirle, para evitar o componer un litigio que le afecta o puede afectarle en el futuro, agotándose la jurisdicción del Tribunal en la mera declaración de certeza sin que pueda imponer una prestación a la contraria. Sin embargo, estos elementos no se verifican en la especie, toda vez que lo que se pretende por la actora es una declaración del dominio, que según señala le asiste sobre la totalidad del lote correspondiente y, por otra parte, requiere un pronunciamiento del tribunal respecto de la validez del certificado de recepción que aprobó la subdivisión del lote de autos y aprobó la cesión a título gratuito efectuado a la Municipalidad demandada, objetivo que no es propio de esta clase de acciones.

2.- A la luz de lo demandado, la declaración que sobre la materia pudiera emitir un tribunal, necesariamente va a producir efectos respecto del tercero que habría cedido el lote de autos, pues cualquier decisión sobre la materia requiere el previo análisis de los contratos que fueron suscritos entre los demandantes y este tercero, así como de los permisos y resoluciones administrativas que fueron obtenidas por este último, que no ha sido emplazado en autos. Este emplazamiento se hace necesario, toda vez que la circunstancia de que una decisión jurisdiccional pueda causar eventualmente un perjuicio, en este caso, a quien participó en un procedimiento administrativo, lo reviste de un interés suficiente para que la jurisdicción pueda otorgarle tutela.

3.- La pretensión de la demandante necesariamente debe dirigirse no sólo en contra de la Municipalidad demandada, sino que también respecto del tercero que cedió los derechos sobre el lote, a fin que éste pueda ejercer la correspondiente defensa de sus derechos. Esto pues, resulta claro que la demanda debe ser dirigida tanto contra la autoridad que emitió el acto como contra las personas cuyos derechos o intereses pudieren quedar afectados por las pretensiones del demandante. Si falta alguno de ellos, la relación procesal será defectuosa y el juez no podrá entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto.

 

PERMISO DE EDIFICACIÓN – ILEGALIDAD  

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Arroyo Melgarejo, Victor c/ Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – PERMISO DE EDIFICACIÓN – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Al emitir el permiso de edificación, la Dirección de Obras Municipales no sólo actuó sin contar con respaldo normativo, sino que, por la inversa, quebrantó de manera flagrante las disposiciones que rigen la situación, afectando la garantía de igualdad ante la ley de los recurrentes, puesto que con su aprobación obliga a dichos vecinos a soportar cargas que otros habitantes de la comuna no se verán obligados a sobrellevar, y conculca su derecho de propiedad pues el permiso censurado supone una autorización para erigir, en los predios contiguos a los domicilios de dos de los recurrentes, una construcción en altura, situación que, a su vez, acarreará una pérdida de privacidad de tal magnitud, que el valor de tales bienes raíces se verá considerablemente afectado.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que rechazó el recurso de protección deducido en contra de la Dirección de Obras Municipales por el otorgamiento del Permiso de Edificación por cuyo intermedio se autoriza la construcción de un edificio de cinco pisos. Esto, debido a que, la autorización dispuesta por el Director de Obras permite la construcción de una obra en disconformidad con las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de su Ordenanza General y del Instrumento de Planificación Territorial, resultando contraria, además, al interés general de los habitantes de la comuna. Así, al emitir el Permiso de Edificación, el órgano municipal no sólo actuó sin contar con respaldo normativo, sino que, por la inversa, quebrantó de manera flagrante las disposiciones que rigen la situación. De esta manera, el acto no sólo debe ser tildado de ilegal y arbitrario, sino que, además, por su intermedio se han conculcado o, cuando menos, se han visto amenazados, derechos de los actores garantizados por el constituyente. En efecto, con semejante obrar la autoridad local ha puesto en entredicho, en relación a los recurrentes, la garantía de igualdad ante la ley, puesto que con su aprobación obliga a dichos vecinos a soportar cargas, molestias y eventuales limitaciones a sus derechos que otros habitantes de la comuna no se verán obligados a sobrellevar, máxime considerando que, en la generalidad de los casos, el ente municipal habrá autorizado edificaciones como la de autos respetando la normativa que las rige, proceder con el que esos otros vecinos no se verán obligados a padecer sino las limitaciones legítimas y propias de la vida en sociedad y aquellas derivadas del progreso. Asimismo, el acto citado conculca el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República; en efecto, el permiso censurado supone una autorización para erigir, en los predios contiguos a los domicilios de dos de los recurrentes, una construcción en altura, situación que, a su vez, acarreará una pérdida de privacidad de tal magnitud, que el valor de tales bienes raíces se verá considerablemente afectado.

2.- La autorización para edificar otorgada por la Dirección de Obras Municipales lo fue transgrediendo las normas que regulan su aprobación. En efecto, la construcción ha sido autorizada conforme a lo prescrito en el artículo 2.6.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; sin embargo, en la especie no se verifica el presupuesto exigido por dicha disposición, puesto que si bien aquella permite que las edificaciones aisladas sobrepasen la altura de la rasante predeterminada (60°), su factibilidad se encuentra supeditada a que las sombras que éstas arrojen no sean mayores que las proyectadas por el denominado volumen teórico, cuyo no es el caso habida consideración de la distorsión de la superficie de sombra proyectada. Asimismo, se demostró que el permiso de edificación impugnado autoriza la ocupación del subsuelo del inmueble en el que se situará el proyecto vulnerando el límite de dos metros consagrado en el artículo 26 de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal.

 

BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – PERMISOS PRECARIOS  

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JC Decaux Chile S.A. c/ Alcalde de la Ilustre Municipalidad de lo Barnechea

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – PERMISOS PROVISORIOS – PUBLICIDAD – IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Octava

Producto: Municipalidades – Microjuris

Los permisos precarios responden a una decisión de autoridad, quien actúa en un plano de preeminencia, estableciendo condiciones y se rige por el derecho público, razón por la cual, resulta improcedente la aplicación de la normativa relativa a las concesiones.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de ilegalidad interpuesto por la empresa en contra de la de decisión de la municipalidad de otorgar un permiso precario a un tercero para la ocupación de espacios de bienes Nacionales de Uso Público, en 70 puntos diferentes de la comuna para realizar por sí o por terceros. Esto, debido a que, es posible concluir que la Municipalidad reclamada no ha otorgado más de lo permitido para este tipo de vinculación. En efecto, no nacen derechos para el que ha obtenido el permiso, solo se autoriza un uso y goce preferente pero la municipalidad está facultada para ponerle término al contrato, en cualquier tiempo, y, sin derecho a indemnización, sin perjuicio que el aviso de término debe darse con treinta días de anticipación. Así, si bien el recurrente procedió a realizar una oferta, esta no fue aceptada por la parte reclamada, de modo que no se formó el consentimiento, ni nació derecho alguno para el primero, como tampoco dio origen a un procedimiento administrativo como lo alega el recurrente, en atención a la naturaleza del permiso precario. En efecto, estos permisos precarios responden a una decisión de autoridad, quien actúa en un plano de preeminencia, estableciendo condiciones y se rige por el derecho público, razón por la cual, resulta improcedente la aplicación de la normativa relativa a las concesiones.

2.- En cuanto a la falta de fundamentación del decreto debe señalarse que; contrariamente a lo que sostiene el recurrente, sí está fundado, conteniendo los argumentos tanto de hecho como de derecho, al citar las normas jurídicas que le otorgan las facultades al señor Alcalde para dictar dicho decreto, fijándose los términos en que se hace la autorización de permiso precario. En definitiva, se cumplen los requisitos que al efecto prescribe la Ley 19.880.

3.- En cuanto a la falta de legitimidad activa alegada por la Municipalidad reclamada, se desecha, toda vez que parece plausible que se accione por la vía del reclamo de ilegalidad, pues efectivamente existe un interés económico por parte de la reclamante, al ofrecerse para realizar una determinada actividad que, en definitiva, se le asignó a un tercero.

 

RECURSO DE NULIDAD – NULIDAD DEL DESPIDO  

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Urrutia c/ Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE DEPENDENCIA – RELACION DE SUBORDINACION – INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY – DESPIDO INJUSTIFICADO – ACCION DECLARATIVA – NULIDAD DEL DESPIDO – INFRACCION DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Valparaíso

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Laboral

La sentencia impugnada, al haber hecho efectiva la sanción prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo, a la situación de la demandante, en que la relación que existió entre las partes fue calificada de naturaleza laboral recién en la sentencia, ha incurrido en la infracción de ley denunciada por la municipalidad demandada.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda declarando que la relación jurídica habida entre las partes fue de naturaleza laboral, y que el despido de que fue objeto la demandante es nulo e injustificado. Esto, debido a que, al haber hecho efectiva la sentenciadora la sanción prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo, a la situación de la demandante, ha incurrido efectivamente en la infracción de ley que se denuncia, pues habida consideración que la relación que existió entre las partes fue calificada de naturaleza laboral recién en la sentencia, no resulta procedente imponer la sanción que establece el artículo 162, inciso quinto, del Código del Trabajo.

2.- La sanción de nulidad del despido procura la observancia de la normativa previsional, por cuanto determina que el despido que se verifica fuera de las condiciones legales para ello, en lo que al pago de las cotizaciones previsionales se refiere, obliga a que el empleador mantenga el pago de las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo, en tanto no se regularice la situación previsional del dependiente y ello sea comunicado.

 

URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – NON BIS IN IDEM

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Ilustre Municipalidad de Las Condes c/ Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – MULTA – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – NON BIS IN IDEM – RECLAMACIÓN JUDICIAL – RECURSO DE QUEJA – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Producto: Microjuris

Los jueces recurridos han incurrido en evidente error al haber revocado la sentencia fundándose en una infracción al non bis in ídem, absolviendo a la denunciada, en circunstancias que las fiscalizaciones fueron practicadas por la autoridad en momentos diversos, separadas por un espacio temporal de 5 meses y abordaron trabajos aludidos en solicitudes de autorización diversas, lo que da cuenta de la mantención de la denunciada en situación de infracción, habilitando a la municipalidad denunciante a ejercer sus atribuciones.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de queja interpuesto por la parte denunciante en contra de la sentencia que revocó el fallo de primera instancia, dejando sin efecto la multa interpuesta por infracción del principio non bis in ídem. Esto, dado que los sentenciadores de alzada han infringido los artículos 116 y 119 de la Ley General de Urbanismo y construcciones, al haber hecho residir el reproche que se formula a la revocatoria en la infracción al non bis in ídem en virtud de la multa impuesta con ocasión de la constatación de infracciones por parte de la denunciada. Esto pues, las fiscalizaciones citadas fueron practicadas por la autoridad en momentos diversos, separadas por un espacio temporal de 5 meses y abordan trabajos aludidos en solicitudes de autorización diversas, lo que da cuenta de la mantención de la denunciada en situación de infracción, habilitando a la denunciante a ejercer sus atribuciones.

2.- Encontrándose suficientemente demostrada la existencia de la infracción denunciada, distinta temporal y sustantivamente de aquella que motivó la imposición de multa por los primeros hechos, aparece palmariamente la falta o abuso grave denunciada ya que la decisión impugnada por esta vía, ha sido dictada amparándose en argumentos que no dicen relación con lo realmente debatido y probado, defecto que, por último, sólo puede ser corregido por medio del arbitrio disciplinario.

 

SALUD MUNICIPAL – NOMBRAMIENTO A PLAZO INDEFINIDO

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Urriola y otros c/ Ilustre Municipalidad de Longaví

Voces: RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – IGUALDAD ANTE LA LEY – NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – DESPIDO – APLICACION DE LA LEY – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Talca

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Laboral

El artículo 11 de la Ley N°19.378 dispone que la dotación adecuada para desarrollar las actividades de salud de cada año, será fijada por la entidad administradora correspondiente, antes del 30 de septiembre del año precedente, considerando según su criterio, los aspectos que indica. De esta forma, la conducta de la recurrida al emitir los Decretos Alcaldicios en diciembre, que ponen término al nombramiento a plazo indefinido de cada una de las recurrentes -Técnicos de Nivel Superior en Enfermería-, es ilegal al ser abiertamente extemporánea .

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto por las funcionarias de salud municipal en contra de los Decretos Alcaldicios que pusieron término al nombramiento a plazo indefinido de cada una de las recurrentes. Esto, dado que el artículo 11 de la Ley N°19.378 dispone que la dotación adecuada para desarrollar las actividades de salud de cada año, será fijada por la entidad administradora correspondiente, antes del 30 de septiembre del año precedente, considerando según su criterio, los aspectos que indica. Así, existe por parte de la recurrida una actuación ilegal, en este caso, abiertamente extemporánea respecto a lo establecido en la ley, vulnerando el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

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