Corte Suprema acoge recurso de protección y ordena a Isapre dar cobertura para tratar afección cardíaca

En fallo unánime la Tercera Sala del máximo tribunal acogió recurso de protección y ordenó a Cruz Blanca S.A. otorgar cobertura a implantación de marcapasos desfibrilador que requiere afiliado con afección cardiaca, estableciendo el actuar arbitrario de la isapre al denegar cobertura.

La sala explica que el factor de la indicación médica como el sustrato profesional objetivo y adecuado en el tratamiento de una enfermedad, implica que determinado procedimiento para afrontar, en este caso la patología denominada taquicardia ventricular de alta frecuencia, es el medio apto e idóneo para solucionarlo. Que si bien dicho dispositivo no se encuentra en el arancel del Fondo Nacional de Salud, dicho instrumento no es un modo experimental que carezca de un sustento técnico.

Asimismo insiste en que la recomendación médica y técnica debe resultar prioritaria, teniendo presente que para la institución previsional el costo económico y financiero no resultará mayor, toda vez que el monto solicitado homologar alcanza sólo a aquellos que el arancel establece por la prestación a la cual se homologa.

Es por ello  que razonar de otra forma importaría aceptar la omisión de la Administración, la cual por medio de su pasividad excluiría determinados medios aptos para mantener o recuperar la salud, con mayor razón si estos tienen años o décadas que son empleados con un fin terapéutico.

“El derecho a la protección de la salud es integral y correlacionado con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, de lo cual se concluye que la interpretación relativa a las normas que se refieren a esas garantías constitucionales, deben ser interpretadas en beneficio de las personas cuya salud se encuentra en riesgo y cuyo costo no altera las condiciones pactadas respecto de las prestaciones de salud en el respectivo contrato”, agrega el fallo.

Concluye que la negativa de la Isapre recurrida para proporcionar al actor la cobertura solicitada del desfibrilador dispuesto por los médicos tratantes, carece de razonabilidad y vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 n° 2 y 24 de la Carta Política, razón por la cual se impone el acogimiento de la acción promovida en cuanto a la solicitud de cobertura del referido dispositivo.

Fuente: PJUD.

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