Corte de Apelaciones rechaza recurso de nulidad contra fallo que acogió tutela por falta de probidad de abogado

El pasado miércoles 27 de junio, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Arica rechazó un recurso de nulidad interpuesto por un municipio contra la sentencia que dio lugar a la demanda de tutela laboral deducida por un abogado a contrata respecto de su desvinculación, efectuada mediante el decreto alcaldicio, que no prorrogó su contrata fundada en una eventual falta de probidad motivada por comparecer a una audiencia  de juicio particular en horario en que prestaba servicios para la demandada, pese a que dicha conducta no estaba prohibida y, según fue observado por el juez del grado,  constituía una práctica habitual en el departamento donde se desempeañaba, sin que los otros profesionales hayan sido sancionados por dicho motivo.

Consulte a continuación fallo analizado por Microjuris

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – MUNICIPALIDADES – FALTA DE PROBIDAD – FUNCIONARIOS A CONTRATA – LIBERTAD DE ELECCIÓN DEL TRABAJO – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: xxx c/ Municipalidad de Arica s/ Tutela Laboral – Falta de Probidad – Contrata

Tribunal: Corte de Apelaciones de Arica

Sala: Segunda

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

El juez del fondo resolvió acertadamente al estimar que el recurrente incurrió en actos que afectaron el principio de no discriminación, ya que el imputar actos de falta de probidad implicó poner al actor en una condición de deshonestidad frente a los deberes funcionarios y frente a sus propios compañeros de trabajo lo que afectó la integridad psíquica al tenor del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, y además, al reflejarlo en el acto administrativo, perturbó la libertad de trabajo conforme el artículo 19 N° 16 ya que una imputación de esta naturaleza constituye una restricción a postulaciones a la administración pública.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por una municipalidad en contra de la sentencia que acogió la demanda de tutela laboral presentada por un abogado fundada en la dictación del acto administrativo que prorrogó su contrata por espacio de un mes y en el mismo acto, dispuso su no renovación para el año siguiente atribuyendo la falta de probidad del actor, toda vez que el juez del fondo resolvió acertadamente al estimar que el recurrente incurrió en actos que afectaron el principio de no discriminación, ya que el imputar actos de falta de probidad implicó poner al actor en una condición de deshonestidad frente a los deberes funcionarios y frente a sus propios compañeros de trabajo lo que afectó la integridad psíquica al tenor del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, y además, al reflejarlo en el acto administrativo, perturbó la libertad de trabajo conforme el artículo 19 N° 16 ya que una imputación de esta naturaleza constituye una restricción a postulaciones a la administración pública.

2.- El sentenciador del grado razona acertadamente al valorar que la eventual falta de probidad atribuida al trabajador por el hecho de concurrir a una audiencia en una causa particular sin pedir permiso y distraer a otro abogado para atender su trabajo en la Municipalidad no es una conducta prohibida, por cuanto se acreditó en autos que no existe disposición alguna que prohibiera a los abogados del Municipio el ejercicio libre de la profesión, es más, observó que era una manera habitual de comportamiento de los abogados de la Municipalidad. Por lo anterior, concluyó acertadamente que resultaba discriminatorio que la demandada sólo reproche y sancione al actor por tal circunstancia, tanto al disponer la anotación de demérito, como luego decidir el término de la relación laboral, lo que no ha ocurrido con esos otros abogados. Aumenta el reproche anterior, que el municipio no haya efectuado investigación alguna para determinar administrativamente dicha falta, sin dar además posibilidades al actor de ejercer sus defensas, infringiendo todo debido proceso.

3.- No es posible entender que inicio o no de una investigación sumaria, o de un sumario administrativo, es una mera facultad del jefe de servicio en la administración pública, en este caso del Alcalde, ya que del tenor de los artículos 118 y 120 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, fluye que la responsabilidad administrativa debe ser impuesta a través de los mecanismos legales pertinentes, siendo el alcalde quien debe velar por el cumplimiento del principio de la probidad administrativa dentro del municipio y aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia. La omisión en el ejercicio de tales facultades también puede derivar en responsabilidad administrativa conforme lo dispone la letra c) del artículo 60 de la ley 18.695.

Consulte sentencia a texto completo

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