Caso Penta: 8º Juzgado de Garantía condena a 4 años de libertad vigilada intensiva a controladores de Holding

En procedimiento abreviado, mediante fallo (causa rol 6873-2014) el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó hoy a C.A y C.L a las penas de 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso, como autores de delitos tributarios consumados y reiterados, ilícitos perpetrados entre 2009 y 2014.

Además aplicó  las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas, más el pago de una multa por el 100% de los tributos eludidos; es decir, la suma $857.084.267 (ochocientos cincuenta y siete millones ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y siete pesos) cada uno.

Durante los cuatro años de libertad vigilada intensiva, los sentenciados deberán cumplir con el control del plan de intervención individual que se apruebe en su momento y con las siguientes condiciones del artículo 17 de la Ley 18.216:

a) residencia en un lugar determinado;

b) sujeción a la vigilancia y orientación permanentes del delegado que se designe; c) ejercicio de una profesión, oficio o empleo.

Asimismo, atendida la naturaleza de la pena sustitutiva decretada, los sentenciados deberán cumplir la condición establecida en la citada ley, en su artículo 17 ter d) consistente en la obligación de cumplir un programa formativo sobre ética en la dirección de empresas, el cual deberá formar parte del plan de intervención.

Los sentenciados deberán presentarse oportunamente ante el Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile correspondiente, para la elaboración del plan de intervención individual.

Para el pago de la multa, los sentenciados tendrán un plazo de 30 días, a contar de la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia.

Según la resolución se tuvieron como acreditadas, las acciones o procedimientos dolosos, también omisiones maliciosas, mediante las cuales se indujo a la liquidación de un impuesto inferior al que correspondía, fueron los siguientes:

a) Instruir el registro e incorporación en la contabilidad de las sociedades y en las declaraciones juradas, boletas de honorarios y facturas no afectas o exentas de IVA ideológicamente falsas, presentando declaraciones de impuesto –tambiénmaliciosamente falsas; falsas por cuanto daban cuenta de operaciones o servicios que jamás se realizaron ni se prestaron. Algunas de ellas pertenecían a familiares directos de los imputados; otras correspondían a financiamiento encubierto de campañas políticas y las hay, también, que se incorporaron para ocultar el pago de bonos o remuneraciones por servicios prestados por ejecutivos de las empresas señaladas.

b) Incorporar en la contabilidad de las empresas operaciones con contratos Forwards con el sólo objeto de generar pérdidas artificiales o ficticias, declarándolas falsamente como gasto necesario en circunstancias que correspondían a gastos rechazados y presentando declaraciones de impuesto maliciosamente falsas.

c) Al haber adquirido vehículos para uso propio, el de sus cónyuges y el de algunos ejecutivos del Grupo Penta, y no para el uso propio de la empresa, además de registrar en la contabilidad los gastos asociados a esos vehículos, evadiendo los impuestos por los retiros presuntos, rebajando indebidamente la carga tributaria que por ley les correspondía pagar, y

d) Además, los acusados incurrieron en omisiones maliciosas, al no efectuar declaraciones juradas exigidas por las leyes tributarias para la determinación o liquidación de los impuestos.

La participación culpable de los acusados, en los hechos acreditados, se establece de acuerdo a la aceptación de los mismos en el contexto de este
procedimiento y con sus declaraciones efectuadas durante el transcurso de la investigación reconociendo sus participaciones.

Los hechos de la acusación  se consideran constitutivos de los delitos tributarios, previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 inciso primero, y 97 N° 5, ambos del Código Tributario, en grado de ejecución consumados y en carácter de reiterados en relación a los acusados y en dichos hechos correspondió a estos la participación en calidad de autores, toda vez que participaron de manera inmediata y directa en los hechos dando las instrucciones para realizar los procedimientos dolosos destinados a evadir impuestos, teniendo presente que de acuerdo a lo que establece el artículo 99 del Código Tributario las sanciones corporales se aplican a “quien debió cumplir la obligación y, tratándose de personas jurídicas, a los gerentes, administradores o a quienes hagan las veces de éstos y a los socios a quienes corresponda dicho cumplimiento”, en circunstancias que los acusados, eran representantes legales de las empresas a la época de los hechos.

En relación a la sanción que corresponde aplicar a los acusados, la sentencia establece:

-La pena en abstracto asignada a cada delito tributario es de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa del 50% al 300% del valor del tributo eludido o del impuesto que se trata de eludir. Como se trata de reiteración de delitos de la misma especie, se impone la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados. Atendida la gran cantidad delitos, se aumenta la pena en dos grados, quedando en el marco penal del presidio mayor en sus grados mínimo a medio; luego, al concurrir tres circunstancias atenuantes sin que se acreditaran agravantes, conforme lo establece la norma del artículo 68 del Código Penal, se impondrá la pena inferior en un grado al mínimo del marco penal establecido, quedando determinada la sanción en la de presidio menor en su grado máximo. Y dentro de este tramo se impone la sanción, precisamente, en el quantum solicitado y no controvertido, considerando la concurrencia de tres circunstancias atenuantes y la extensión del daño al erario fiscal.

-Al concurrir los requisitos de los artículos 14 y siguientes de la Ley N° 18.216, se aplicará a los acusados la pena sustitutiva de libertad vigilada
intensiva, toda vez que la pena a imponer es superior a tres años y no excede de cinco; que los imputados no han sido condenados anteriormente por crimen o simple delito, y de acuerdo a los informes periciales expuestos en audiencia, se desprende de los mismos la existencia de antecedentes sociales y características de personalidad de los acusados, conductas anteriores y posteriores a los hechos y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes de los delitos, que permiten concluir que una intervención individualizada parece eficaz en el caso específico, para sus efectivas reinserciones en la sociedad. Al efecto, se impondrán las condiciones generales que establece la norma del artículo 17 de la Ley 18.216, sin perjuicio que, atendida la naturaleza de la pena sustitutiva que corresponde aplicar, resulta obligatorio al juzgador –también- imponer una o más de las condiciones delarticulo 17 ter.

Consulte texto íntegro del fallo  aquí.

Fuente: PJUD.

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