Corte Suprema invalida sentencia y condena a empresa metro por discriminación arbitraria

En fallo unánime (causa rol 41.388-2017), la Cuarta Sala del máximo tribunal invalidó la sentencia impugnada, tras establecer que la empresa incurrió en conductas discriminatorias al no disponer de vías que permitan el acceso de usuarios con discapacidad en la estación Santa Isabel y condenó a la Empresa de transportes a pagar una multa de 30 UTM (unidades tributarias mensuales) y le ordenó adoptar todas las medidas necesarias para no incurrir nuevamente en vulneración de los derechos de pasajeros con movilidad reducida.

La demandante, quien presenta una discapacidad física equivalente al 70% y se moviliza en silla de ruedas eléctrica, fue objeto de un trato discriminatorio, debido a que, la estación del metro no contaba con medidas de accesibilidad para personas con capacidades especiales, razón por la que a raíz de la presencia de un supuesto artefacto explosivo, todos los pasajeros fueron evacuados del tren y de la citada estación, mas no ella, debiendo por su condición particular permanecer en el lugar durante una hora hasta que se restituyó el servicio, pues la estación contaba con un salva escala que no funcionaba, por lo que encargado le dijo que no había forma de que la subieran, lo que implica que se le dio un tratamiento distinto que a los demás.

La demandada reconoció el sustrato fáctico de la demanda esto es, que la estación del tren tenía instalada un salva escala descompuesto; sin embargo, no lo estableció como un hecho probado ni reflexionó jurídicamente, ni tampoco acerca de la consecuencia legal que se genera en su contra, a la luz de lo que consagra la normativa nacional e internacional cuya finalidad es obtener el pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas con capacidades especiales, contexto que, sobre la materia, impone la necesidad de que las organizaciones en general adopten los ajustes razonables para lograr que los mecanismos de accesibilidad a los servicios sean efectivos y progresivos.

Por lo razonado, se invalidó la sentencia de la Corte de Apelaciones de acuerdo a que el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en su Nº 4 prescribe que la sentencia debe contener las consideraciones de hecho o de derecho que le sirven de fundamento y que han de ser acordes a la cuestión que fue sometida a la decisión del tribunal, siendo que en este caso la impugnada no las tiene, por lo que se configuró la causal de casación a que se hace referencia y que provoca su nulidad formal.

Por su parte la sentencia de reemplazo, establece que la demandada incumplió la obligación que le impuso el artículo 21 de la Ley N° 19.284, dado que no solo no instaló el sistema apropiado que permitiera acceder desde la superficie al andén y viceversa, sino que el que emplazó y con el que se
lograba un acceso parcial lo mantuvo inutilizado, lo que se traduce, en los términos del artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en una forma de discriminación, específicamente, la denegación de ajustes razonables.

En consecuencia, la conducta de la demandada debe ser calificada de discriminatoria por motivos de discapacidad, entendiendo por tal, conforme los términos del artículo 2 de la  Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “cualquier distinción, exclusión o
restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.

En conclusión, una persona con motivo de su discapacidad experimenta una distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que le cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales señalados, configura un acto de discriminación arbitraria, atendido los términos del inciso 1° del artículo 2 de la Ley N° 20.609; disposición que, en su inciso 3°, considera razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios que menciona el inciso 1°, entre ellos, la discapacidad, se encuentren justificados en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4, 6, 11, 12, 15, 16 y 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, o en otra causa constitucionalmente legítima.

Consulte sentencia a texto completo

Fuente: PJUD

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