Jurisprudencia Destacada Año 2018 N10

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 10 DE 2018

 

UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA- DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO

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Gálvez c/ Ilustre Municipalidad de Galvarino 

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – NULIDAD DEL DESPIDO – DESPIDO INJUSTIFICADO – HONORARIOS – FUNCIONARIOS PUBLICOS – RELACION DE DEPENDENCIA – ACCION DECLARATIVA – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – ORGANOS DEL ESTADO – INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Laboral

No procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia que acogió el recurso de nulidad deducido por la parte demandante acogiendo la demanda de nulidad del despido. Esto, debido a que, se constata la existencia de pronunciamientos diversos emanados de tribunales superiores de justicia respecto de la materia de derecho debatida, concluyéndose que por tratarse de una cuestión evidente que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa, la regla general en esta materia, es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido, en el caso de constatarse el hecho de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base. Sin embargo, debe dicha conclusión varía cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado – entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, pues, en tales casos, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción, cual es que ellos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo. De esta forma, yerra el fallo impugnado en la aplicación del artículo 162 incisos quinto a séptimo del código laboral, al invalidar el fallo de base otorgando, en sentencia de reemplazo, la sanción señalada.

2.- La aplicación de la sanción de nulidad del despido, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector, base sobre la cual, también debe desecharse el recurso de nulidad del actor.

 

UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA- DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO

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Saravia c/ Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua

Voces: LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO – DESPIDO INJUSTIFICADO – ORGANOS DEL ESTADO – ADMINISTRACION PUBLICA – HONORARIOS – FUNCIONARIOS PUBLICOS – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

No procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandante en contra de la sentencia que acogió el recurso de nulidad de la municipalidad demandada en aquella parte que había acogido la demanda de nulidad de despido y en su lugar la rechazó. Esto, debido a que, siendo indiscutible que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa, -siendo impropio y jurídicamente errado asignarle, como lo hace la decisión impugnada, un carácter constitutivo según la condición pública del sujeto contratante, pues tal cuestión no depende de la naturaleza jurídica que ostenten las partes, sino del contenido del pronunciamiento judicial-, la regla general en esta materia, es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido, constatada la circunstancia fáctica de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base. No obstante, cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1 de la Ley N° 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que ellos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral, que justifica la gravosa punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.

2.- La aplicación de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector, base sobre la cual, también debe desecharse el recurso de nulidad del actor.

3.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia, por cuanto, teniendo en consideración la calificación jurídica del vínculo contractual habido entre las partes y que se encuentra acreditado el hecho del despido, procede aplicar la sanción prevista en el artículo 162, incisos quinto y séptimo, del Código del Trabajo, pues resulta inconcusa la mora previsional, aceptada de forma tácita por la demandada quien se amparó en una contratación a honorarios permitida por la ley, de lo que devienen las consecuencias propias de la vinculación de naturaleza laboral establecidas en el código del ramo, entre las cuales se encuentra la obligación del empleador de retener y enterar mes a mes las cotizaciones de seguridad social establecidas en beneficio de todo trabajador dependiente, sin que sea posible esgrimir como obstáculo para ello, el hecho de no haber realizado las retenciones de las cotizaciones impagas. (Del voto en contra de los ministros señora Chevesich y señor Cerda).

 

CESE DEL PAGO DEL INCREMENTO PREVISIONAL – DICTÁMENES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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Barrientos Soto, Danilo y otros c/ Ilustre Municipalidad de Puerto Octay

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – GRATIFICACIONES Y BONOS – FUNCIONARIOS PUBLICOS – DICTAMEN ADMINISTRATIVO – VALOR DE LOS DICTÁMENES – CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – RECURSO DE APELACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Microjuris

El actuar de la municipalidad recurrida al disponer el cese del pago del incremento previsional, no constituye un acto ilegal y arbitrario, porque siendo los dictámenes obligatorios y vinculantes para los órganos de la Administración del Estado, entre los que se encuentran las Municipalidades, la autoridad recurrida no ha hecho más que encauzar sus actuaciones conforme al tenor de la jurisprudencia administrativa en la materia, en tanto dispone que el aumento contemplado en el artículo 2 del Decreto Ley N° 3.501, de 1980, sólo es aplicable a las remuneraciones imponibles de los trabajadores dependientes que al día 28 de febrero de 1981 se encontraban afectas a cotizaciones previsionales, mas no a aquellas creadas o establecidas con posterioridad.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido en contra de la sentencia que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de la Municipalidad por la dictación del Decreto Alcaldicio que dispuso el cese del pago del incremento previsional acordado mediante transacción. Esto, debido a que, el actuar de la municipalidad recurrida al disponer el cese del pago del incremento previsional, no constituye un acto ilegal y arbitrario, porque siendo los dictámenes obligatorios y vinculantes para los órganos de la Administración del Estado, entre los que se encuentran las Municipalidades, la autoridad recurrida no ha hecho más que encauzar sus actuaciones conforme al tenor de la jurisprudencia administrativa en la materia por aplicación por aplicación de los Dictámenes N° 15.148/2011, 44.764/2009 y 50.142/2009 de la Contraloría General de la República, en tanto el aumento contemplado en el artículo 2 del Decreto Ley N° 3.501, de 1980, sólo es aplicable a las remuneraciones imponibles de los trabajadores dependientes que al día 28 de febrero de 1981 se encontraban afectas a cotizaciones previsionales, mas no a aquellas creadas o establecidas con posterioridad. En todo caso, aun cuando la Contraloría General de la República en su actuación debe respetar la Constitución y la ley y se encuentra sometida al principio de legalidad, correspondiendo a los tribunales de justicia verificar y ejercer el control jurisdiccional de sus actos a través de las acciones contencioso administrativas que se interpongan, lo cierto es que la materia a que se refiere el recurso interpuesto se circunscribe a un tema diverso, en tanto el cuestionamiento no se dirige en contra de lo dictaminado por la Contraloría General de la República, sino del municipio, quien no puede sino dar cumplimiento a lo ordenado por dicho órgano contralor.

2.- Los dictámenes de la Contraloría General de la República tienen fuerza obligatoria para los organismos de la Administración Estatal afectos a su control, según lo señala el artículo 9º de la Ley N° 10.336, y en el caso de los entes municipales, con arreglo a lo previsto en los artículos 51 y 52 de la Ley N° 18.695.

 

 

LEGITIMACIÓN ACTIVA – FALTA DE SERVICIO – MENOR DE EDAD

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Triviño Barrientos, Jaqueline c/ Ilustre Municipalidad de Puerto Montt

Voces: CIVIL – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – FAMILIA – CUIDADO PERSONAL – PATRIA POTESTAD – LEGITIMACIÓN ACTIVA – REPRESENTACIÓN DEL MENOR – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

No obsta el que los padres vivan separados, al hecho de que la madre tiene el cuidado personal de su hijo -quien es el legitimado activo para demandar en la acción- y, en consecuencia, le corresponde el ejercicio de la patria potestad, sin que sea exigible en este caso la existencia de alguna anotación al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. Tal exigencia únicamente se ha establecido, tal como lo preceptúa el artículo 225 del Código Civil, para el caso que los padres vivan separados y exista acuerdo respecto al ejercicio del cuidado personal, o este ha sido confiado exclusivamente a uno de los padres por una resolución judicial, bastando solo con acreditar que la madre tiene el cuidado personal del hijo, lo que resultó probado según concluyeron los sentenciadores.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandada en contra de la sentencia que confirmó el fallo de primer grado, desestimando la excepción de falta de legitimación activa y acogiendo la demanda de indemnización de perjuicios. Esto, dado que no se constata en la sentencia infracción alguna a las normas reguladoras de la prueba. Resulta evidente que, no obsta el que los padres vivan separados, al hecho de que la madre tiene el cuidado personal de su hijo -quien es el legitimado activo para demandar en la presente acción- y, en consecuencia, le corresponde el ejercicio de la patria potestad, sin que sea exigible en este caso la existencia de alguna anotación al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. Tal exigencia únicamente se ha establecido, tal como lo preceptúa el artículo 225 del Código Civil, para el caso que los padres vivan separados y exista acuerdo respecto al ejercicio del cuidado personal, o este ha sido confiado exclusivamente a uno de los padres por una resolución judicial, bastando solo con acreditar que la madre tiene el cuidado personal del hijo lo que resultó probado según concluyeron los sentenciadores.

2.- En lo que dice relación con la infracción del artículo 1698 del Código Civil, éste contiene la norma básica de nuestro derecho positivo relacionada con la distribución de la carga probatoria. Así, un somero análisis de la fundamentación de la infracción denunciada deja al descubierto que lo que realmente se reprocha a través de ella es una errada valoración de la prueba.

3.- En cuanto a la transgresión de los artículos 1700 y 1702 del Código Civil, basta para desestimar el recurso intentado, constatar que del análisis del fallo recurrido se concluye que los sentenciadores en ningún momento alteraron el carácter de los instrumentos allegados al proceso por las partes, como tampoco el valor probatorio que pudiera tener, advirtiéndose, entonces, que el propósito final de las argumentaciones que vierte el recurrente a ese respecto para expresar el error de derecho que atribuye a la sentencia recurrida es que la Corte realice una nueva valoración de la prueba del proceso, distinta de la ya efectuada, actividad que resulta extraña a los fines de la casación en el fondo.

 

UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA- DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

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Silva c/ Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

Corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, las relaciones habidas entre aquéllos en la medida que se desarrollen fuera del marco legal que establece -para el caso- el artículo 4 de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, y se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra de la resolución que rechazó demanda de tutela laboral por despido discriminatorio, y, en subsidio, de despido injustificado y nulidad del mismo, estimando que el vínculo contractual existente entre las partes cumplió con la normativa que autoriza la contratación a honorarios, y que la circunstancia de tratarse de una función privativa de la municipalidad, no se contrapone a que la actividad de promoción de desarrollo comunitario sea contratada a honorarios. Lo anterior, por cuanto, se constata la existencia de distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del juicio, concluyéndose que la acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo en relación con el artículo 4 de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en la especie una municipalidad, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el legislador laboral; en otros términos, corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, las relaciones habidas entre aquéllos en la medida que se desarrollen fuera del marco legal que establece -para el caso- el artículo 4 de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, y se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.

2.- En la especie, tal como se estableció en la sentencia de base con el carácter de inamovible, se trata de una persona natural -monitora comunitaria- que si bien aparece contratada a honorarios, se desempeña en condiciones que no son compatibles con una prestación de servicios conforme a las modalidades previstas para ese tipo de contrato, lo que se refleja en circunstancias de hecho que la legislación regula en el Código del Trabajo. Orienta la decisión el hecho que el desempeño a honorarios no resulta acorde a una prestación de servicios como la descrita, esto es, bajo subordinación y dependencia, cumpliendo órdenes e instrucciones en la forma de prestar los servicios y en las modalidades de pago, con sujeción a fiscalización. De esta forma, yerran los sentenciadores de la Corte de Apelaciones cuando al resolver el recurso de nulidad decidieron que la sentencia del grado no incurrió en error de derecho al estimar que la relación de trabajo existente entre las partes es una de prestación de servicios a honorarios regida por el propio contrato.

3.- Se rechaza la demanda de nulidad del despido, pues no obstante considerar que la sentencia que reconoce la existencia de la relación laboral tiene carácter declarativo y que, por ende, por regla general procede aplicar la nulidad del despido al no encontrarse enteradas las cotizaciones previsionales a la época del término de la relación, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado o por municipalidades, concurre un elemento que permite diferenciar la aplicación de la referida sanción, cual es que ellos se suscribieron al amparo de un estatuto legal predeterminado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran en la hipótesis de quien elude sus obligaciones laborales y previsionales, debiendo en consecuencia ser excluidos de la sanción. (De la sentencia de reemplazo)

4.- La demandada también queda obligada al pago de las remuneraciones devengadas desde la separación del trabajador hasta la convalidación del despido, teniendo en consideración la calificación jurídica del vínculo contractual habido entre las partes y que se encuentra acreditado el hecho del despido, por lo que procede aplicar la sanción prevista en el artículo 162, incisos quinto y séptimo, del Código del Trabajo, pues resulta inconcusa la mora previsional, aceptada de forma tácita por la demandada quien se amparó en una contratación a honorarios permitida por la ley, de lo que devienen las consecuencias propias de la vinculación de naturaleza laboral establecidas en el código del ramo, entre las cuales se encuentra la obligación del empleador de retener y enterar mes a mes las cotizaciones de seguridad social establecidas en beneficio de todo trabajador dependiente, sin que sea posible esgrimir como obstáculo para ello, el hecho de no haber realizado las retenciones de las cotizaciones impagas. (Del voto en contra de la sentencia de reemplazo de los los ministros señora Chevesich y señor Cerda)

 

BONO POR RETIRO VOLUNTARIO – INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO

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Fuentes c/ Ilustre Municipalidad de Linares

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – RETIRO VOLUNTARIO – INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO – NECESIDADES DE LA EMPRESA – INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Talca

Sala: Primera

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

La renuncia presentada por los actores fue motivada por el legislador como condición o requisito para acceder a la bonificación del inciso 1° del artículo 2° transitorio de la ley N° 20.158, y de no hacerlo hubieren resultado perjudicados, por lo que no tiene el carácter de renuncia laboral propiamente tal; siendo compatible con la indemnización del artículo 2 transitorio de la Ley 19.070 reclamada, pues una interpretación armónica de los artículos 2° transitorio de la Ley N° 19.070 y 2° transitorio de la Ley N° 20.158 así lo establece.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda por cobro de la diferencia que hay entre los años de trabajo y los 11 meses pagados -pues, dada la fecha de sus ingresos, la indemnización es sin tope- es decir, demandan una indemnización individual equivalente a 18 meses de remuneraciones. Al respecto, no se configura la infracción de ley alegada, toda vez que el retiro voluntario que puso fin a la relación habida entre las partes, se produjo en virtud de lo prevenido por el artículo 2 transitorio de la Ley 20.158, oportunidad en la que los demandantes recibieron el bono de incentivo al retiro, establecido en esa ley. La renuncia presentada por los actores fue motivada por el legislador como condición o requisito para acceder a la bonificación del inciso 1° del artículo 2° transitorio de la ley N° 20.158, y de no hacerlo hubieren resultado perjudicados, por lo que no tiene el carácter de renuncia laboral propiamente tal; son compatibles las indemnizaciones, pues una interpretación armónica de los artículos 2° transitorio de la Ley N° 19.070 y 2° transitorio de la Ley N° 20.158 así lo establece de manera expresa; el retiro incentivado por beneficios que le otorga la ley sólo en el evento que los profesores renuncien, está basado en la necesidad de reemplazar a los profesores antiguos, lo que es asimilable a las necesidades de la empresa, por lo que la compatibilidad es expresa; los profesores se regían por el Código del Trabajo y luego se incorporan, en materia de despido, a las normas de la Ley N° 19.070, cuya indemnización del artículo 2° transitorio sólo puede ser percibida al momento del cese efectivo de los servicios, cuando se hubieren producido por una causal similar a las establecidas en el artículo 3° de la ley N° 19.010, que actualmente corresponde al artículo 161 del Código del Trabajo, y, en este caso, la causal se asimila a las necesidades de la empresa, ante el recambio de los profesores para mejorar la productividad y eficiencia, debiendo considerarse, la naturaleza protectora del derecho laboral, por lo que la sentencia hizo una correcta aplicación de las normas legales vigentes a la época de la situación.

2.- La incompatibilidad que prescribe el artículo 3 de la Ley 20.822, invocada por la recurrente, no puede ser considerada en este caso, porque es muy posterior al asunto en disputa, y no puede modificar, con efecto retroactivo, la regulación laboral en desmedro de los trabajadores.

 

UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA- DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

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Manque c/ Ilustre Municipalidad de Cerrillos

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INJUSTIFICADO – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – PRIMACIA DE LA REALIDAD – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

Corresponde calificar como vinculaciones laborales, sujetas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la medida que dichos lazos se desarrollen fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación, sobre la base de honorarios, ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandante en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra de la sentencia que rechazó la demanda por despido injustificado en contra de la Municipalidad. Lo anterior, debido a que, se verifican distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del juicio, esto es la determinación del cuerpo normativo que rige las relaciones entre una persona natural y una municipalidad, contratada bajo la modalidad de honorarios pero que en las circunstancias particulares cumple con todos los elementos de una relación laboral. Al respecto, la acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en armonía con el artículo 4 de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, se desempeñan en las condiciones previstas por el Código del ramo. Bajo este prisma debe uniformarse la jurisprudencia, en el sentido que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sujetas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la medida que dichos lazos se desarrollen fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación, sobre la base de honorarios, ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.

2.- Si una persona se incorpora a la dotación de un órgano de la Administración del Estado bajo la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, pero, no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos que importan un concepto, para este caso, de subordinación clásico, esto es, a través de la verificación de indicios materiales que dan cuenta del cumplimiento de las órdenes, condiciones y fines que el empleador establece, y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden laboral. Lo anterior, porque, el Código del Trabajo constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato de trabajo, el trabajador queda al margen del Estatuto Laboral, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna.

3.- En la especie, el demandante se desempeño mediante múltiples contratos a honorarios, para realizar funciones en su calidad de asistente social en el marco del “Convenio de transferencia de recursos para la ejecución de la modalidad de acompañamiento sociocultural del programa familias del subsistema de seguridades y oportunidades”. De esta forma, se concluye que del carácter de los contratos de honorarios suscritos entre las partes, aparece que se trata de una modalidad a través de la cual la municipalidad cumple sus fines normativos, no empleando personal propio en ello, sino que a aquellos que sirven a tal finalidad, pero siempre teniendo en consideración el carácter esencial, final y central que trasciende a esta decisión, en cuanto a estar cumpliendo uno de sus objetivos, que no es otro que satisfacer las exigencias de la comunidad a la cual sirve y, en particular, utilizando para ello planes y recursos ajenos, provenientes del Ministerio de Desarrollo Social, todos órganos de la Administración del Estado, con un claro propósito de promoción social que en este caso se ejecuta por medio de la demandada en forma permanente y habitual, tarea de ordinario cumplimiento que por ley se le encomienda, de modo que no puede sostenerse que la relación existente entre las partes se enmarcó dentro de la hipótesis excepcional contenida en el artículo 4 de la ley N° 18.883. De esta forma, yerran los sentenciadores al calificar la relación contractual de los litigantes como una que se enmarcó dentro del régimen especial de la Ley N° 18.883 y, estimando, consecuentemente inaplicable el Código del Trabajo, porque la conducta desplegada por el actor en el ejercicio de su labor no cumple los requisitos que la norma especial exige.

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