Corte Suprema revocó sentencia y ordenó reintegro de fondos a alcaldesa por cometido en el exterior

En días recientes la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de marzo de 2018, que había acogido la acción cautelar de protección interpuesta por una alcaldesa en contra la reconsideración del acto administrativo en que la Contraloría General Regional,  le ordenó el reintegro de unos dineros empleados por la recurrente en un cometido realizado fuera del territorio nacional, consistente en una pasantía de atención primaria de salud, realizada en Reino Unido y Alemania.

El máximo tribunal consideró que los hechos descritos en el recurso y referidos al reembolso derivado de una Investigación efectuada por la recurrida, se han enmarcado en el ejercicio de las facultades previstas en los artículos 6 inciso 1º y 21 A de la Ley N° 10.336 y 51 de la Ley N° 18.695, que otorgan al órgano contralor facultades para revisar, como en el caso de este municipio, el correcto uso de las finanzas públicas. La devolución de fondos públicos objetados dispuesta por el examen de cuentas es sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que le competa al funcionario respectivo -en este caso, a la Alcaldesa recurrente-, por lo que la obligación de reintegro subsiste, aun cuando las faltas administrativas no concurran y, su cumplimiento no está sujeto al procedimiento previsto en la letra c) del artículo 60 de la Ley Nº 10.336.

Además, agregó que la determinación de la insuficiencia documental que sustenta el cometido funcionario internacional de la Alcadesa “advertida en el examen de cuentas consignado en el informe aludido, no establece un juicio de mérito acerca del sentido y alcance de la actividad informada; más aún, en ningún caso, el ejercicio de las potestades de fiscalización, en la forma como se ha desplegado, pueden entenderse que vulneran algunas de las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 de la Constitución Política conforme el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; y que, tratándose especificamente de la garantía del artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, no se configura porque los fondos cuyo reembolso se ha ordenado tienen el carácter de públicos y, por lo tanto, no integran el patrimonio particular de la recurrente.”

Anteriormente, la Corte de Apelaciones de Valdivia estimó que “que al organismo contralor le está vedado evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas de los entes públicos ni le compete la verificación del cumplimiento sus fines.Indicó que si bien las Municipalidades se rigen por las normas de administración financiera del Estado y son fiscalizadas por la Contraloría General de la República, en el caso, y tratándose de la responsabilidad administrativa del Alcalde, si de la investigación que se lleva a efecto resulta acreditada su responsabilidad, deberá remitir los antecedentes al Concejo Municipal, para los efectos de lo indicado en la letra c) del artículo 60 de la Ley Nº 10.336, por lo que la recurrida no puede ordenar la restitución de la suma indicada en su informe.” (del considerando 3° del fallo).

Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación:

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – CONCEJO MUNICIPAL – FACULTADES DEL ALCALDE – FINANCIAMIENTO – DERECHO DE PROPIEDAD – CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA – FUNCIONARIOS PUBLICOS – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Partes: Alcaldesa de la Municipalidad de Paillaco c/ Contraloría Regional de Los Ríos s/ Cometido internacional – Fondos públicos

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Fecha: 17-jul-2018

Cita: ROL:6323-18, MJJ56357

Producto: Municipalidades – Microjuris

El informe de la Contraloría que observó el cometido internacional y ordenó el reembolso de dinero utilizado para el viaje por la alcadesa recurrente, se ha enmarcado en el ejercicio de las facultades previstas en la ley, que otorgan al órgano contralor facultades para revisar, como en el caso de la Municipalidad, el correcto uso de las finanzas públicas. Además, la determinación de la insuficiencia documental que sustenta el cometido funcionario internacional de la Alcadesa advertida en el examen de cuentas consignado en el informe, no establece un juicio de mérito acerca del sentido y alcance de la actividad informada.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que acogió el recurso de protección deducido en contra de la emisión del Oficio Nº 251 de 16 de enero de 2018, que desestimó la solicitud de la alcaldesa recurrente dirigida a reconsiderar aquella parte del examen de la cuenta derivada del informe de investigación Nº 41 de 2017, que observó el cometido internacional realizado a Alemania e Inglaterra y ordenó el reembolso de dinero utilizado para el viaje por la recurrente. Esto, debido a que, los hechos referidos al reembolso derivado de la Investigación Especial Nº 41 de la Contraloría se han enmarcado en el ejercicio de las facultades previstas en los artículos 6 inciso 1º y 21 A de la Ley N° 10.336 y 51 de la Ley N° 18.695, que otorgan al órgano contralor facultades para revisar, como en el caso de la Municipalidad, el correcto uso de las finanzas públicas. La devolución de fondos públicos objetados dispuesta por el examen de cuentas es sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que le competa al funcionario respectivo -en este caso, a la Alcaldesa recurrente-, por lo que la obligación de reintegro subsiste, aun cuando las faltas administrativas no concurran y, su cumplimiento no está sujeto al procedimiento previsto en la letra c) del artículo 60 de la Ley Nº 10.336.

2.- La determinación de la insuficiencia documental que sustenta el cometido funcionario internacional de la Alcadesa advertida en el examen de cuentas consignado en el informe, no establece un juicio de mérito acerca del sentido y alcance de la actividad informada; más aún, en ningún caso, el ejercicio de las potestades de fiscalización, en la forma como se ha desplegado, pueden entenderse que vulneran algunas de las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 de la Constitución Política y, tratándose especificamente de la garantía del artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, no se configura porque los fondos cuyo reembolso se ha ordenado tienen el carácter de públicos y, por lo tanto, no integran el patrimonio particular de la recurrente.

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