Corte de Apelaciones rechaza recurso de reclamación y confirma multa a empresa de distribución eléctrica por interrupción del servicio

En fallo dividido la Segunda Sala del tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) , tras establecer que actuó dentro de sus facultades y competencias al sancionar a la empresa de distribución eléctrica con multa de 1.500 UTA (unidades tributarias anuales), equivalente a $70.599.000 (setenta millones quinientos noventa y nueve mil pesos),  por las interrupciones del servicio que afectaron a 11 mil clientes en la comuna de Quilicura, en septiembre de 2016.

La Corte estableció que  que en el procedimiento administrativo sancionatorio, se cumplieron a cabalidad las exigencias propias de un debido proceso legal. En efecto hubo una investigación comunicada oportunamente a la reclamante, se le notificó debida y legalmente para que formulara sus descargos, se evaluaron los antecedentes recopilados y se dictó una resolución motivada que le puso término, además de otorgarse la posibilidad de cuestionar lo resuelto por la presente vía impugnatoria. Así, aparece de manifiesto que la recurrente no ha justificado ilegalidad procesal o de fondo ocurrida en el procedimiento sancionador como tampoco en la resolución recurrida.

Por tanto concluye que la autoridad recurrida, ha actuado precisamente en cumplimiento al mandato legal, en el control para la cual está mandatada legalmente y que consiste precisamente en supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulan esta materia como verificar la calidad y continuidad del servicio y suministro eléctrico que se presta a los usuarios, como ha ocurrido en la especie; por lo que las alegaciones de la reclamante no podrán prosperar.

Asimismo señala que en lo que respecta al quantum de la sanción, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 A de la Ley Nº 18.410, la Superintendencia está facultada para sancionar las infracciones graves,  como son aquellas que ponen en peligro la regularidad, calidad o seguridad del servicio, con una multa de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales; en consecuencia la multa impuesta, se encuentra dentro del rango que establece la norma.

Decisión adoptada con el voto en contra del ministro Mera, quien estuvo por acoger el reclamo deducido, en lo que dice relación con el quantum de la multa impuesta, reduciendo dicha sanción pecuniaria a 750 UTA.

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