Corte Suprema acoge recurso de casación y deja sin efecto decreto municipal que declaró de utilidad pública terreno de uso habitacional mixto

En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto contra la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por empresa inmobiliaria en contra de decreto de la Municipalidad de Pudahuel que rechazó levantar declaración de utilidad pública de terreno destinado, originalmente, al uso habitacional mixto y donde la recurrente tenía autorización para construir 72 viviendas. Asimismo dictó sentencia de reemplazo dando lugar al reclamo deducido por la empresa.

El fallo refiere a la Ley Nº 20.791 que modificó el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, donde declara de utilidad pública todos los terrenos consultados en los planes reguladores comunales, planes reguladores intercomunales y planes seccionales destinados y circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, en las áreas urbanas, así como los situados en el área rural que los planes reguladores intercomunales destinen a vialidades. Agrega su inciso segundo: “Los propietarios de terrenos afectos a utilidad pública podrán solicitar a la municipalidad o a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, según corresponda, que a través de los planos de detalle se grafiquen con exactitud la parte de sus terrenos afecta a utilidad pública cuando el plan intercomunal o comunal no lo haya establecido, debiendo tales planos aprobarse dentro de los seis meses siguientes”.

En relación a esto señala la corte que  existió un periodo en que por haberse cumplido con los plazos, caducaron las declaratorias de utilidad pública, por lo que los propietarios pudieron exigir la asignación de normas similares a la zona predominante de las adyacentes al terreno. Es por tal motivo que se dispuso, en el artículo 1° transitorio: “Decláranse de utilidad pública los terrenos que hubieren sido destinados por un plan regulador o seccional a circulaciones, plazas y parques, incluidos  sus ensanches, con anterioridad a las disposiciones de las leyes N°s 19.939 y 20.331.

Por lo anterior la reclamada incurre en una ilegalidad al desconocer los derechos adquiridos por su parte al pretender aplicar la declaración de utilidad pública, a pesar de que su parte tenía un proyecto y permiso de edificación aprobado antes de la dictación del último cuerpo normativo, ignorando que la segunda parte del artículo transitorio señala que deberá respetarse la aplicación de lo establecido en artículo 116 de Ley General de Urbanismo y Construcciones en lo referido a los anteproyectos aprobados y los permisos otorgados por la  Dirección de Obras Municipales, los que no se verán afectados por la declaración de utilidad pública.

Respecto de los terrenos cuyas declaratorias hubieren caducado en virtud de las leyes, deberá respetarse la aplicación de lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en lo referido a los anteproyectos aprobados y los permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales, los que no se verán afectados por la declaratoria de utilidad pública. Así el artículo citado resuelve la litis, pues la autoridad municipal interpretó la referida norma, sosteniendo que la protección en relación a los derechos de quienes hubieran obtenido en el tiempo que media entre la caducidad de las declaratorias de utilidad pública (12 de febrero de 2010) y la publicación de la Ley N° 20.791 (29 de octubre de 2014), la aprobación de proyectos o permisos de edificación, sólo se vinculaba con el proyecto específico, el cual se podría construir en los términos que había sido aprobado, empero, aquello no implicaba que, respecto del terreno mismo, cesara la referida afectación. En otras palabras, el terreno quedaría afecto a la declaración de utilidad pública, sin perjuicio que el proyecto o permiso aprobado podrá materializarse.

Concluye la sentencia que, como se analizó, la sentencia impugnada, al validar la interpretación de la autoridad recurrida y rechazar el reclamo de ilegalidad, incurre en el error de derecho denunciado, pues se infringe el aludido artículo transitorio de la Ley N° 20.791 en relación a los artículos 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 19 del Código Civil.

Consulte texto completo de la sentencia.

Fuente: PJUD.

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