Despachan a ley proyecto que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública

Con 136 votos a favor se ratificaron las modificaciones del Senado al mensaje que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública. Entre sus múltiples disposiciones, la norma despachada a ley por la Cámara de Diputados, prohíbe a condenados por delitos de connotación sexual contra menores desempeñar este tipo de labores.

La iniciativa  define que los asistentes de la educación son los funcionarios que se desempeñan en uno o más establecimientos educacionales dependientes de los servicios locales de educación pública, sin perjuicio de su forma de financiamiento, incluidos los de educación parvularia, financiados vía transferencia de fondos, que colaboren en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y la correcta prestación del servicio educacional.

Una de las modificaciones del senado, consiga que revestirá especial gravedad, todo tipo de violencia física o sicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los asistentes de la educación.

Las relaciones laborales entre los servicios locales y los asistentes de la educación de su dependencia se regirán por las disposiciones de esta ley, para estos efectos, serán considerados como funcionarios públicos.

El texto prohíbe desempeñarse en labores de asistentes de la educación a los condenados por delitos de connotación sexual contra menores y precisa que, para prestar este tipo de servicios, se deberá acreditar idoneidad sicológica, previo a la celebración del contrato de trabajo, especificando la entidad que deberá emitir el informe sicológico, el que deberá referirse exclusivamente a la aptitud del trabajador para relacionarse con menores de edad.

Para incorporarse a una dotación de asistentes de la educación será necesario cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadano; haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente; tener salud compatible con el desempeño del cargo; contar con licencia de educación media o poseer título profesional o técnico exigido por la presente ley para el desempeño de la función correspondiente; no haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones; y no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito.

Consulte boletín Nº  11536

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