Corte Suprema acogió casación en el fondo dando lugar a reclamación contra negativa de certificar inmueble como no afecto a expropiación

En días recientes la Corte Suprema acogió un recurso de casación interpuesto por una sociedad en contra de la sentencia, que no dio lugar su reclamo por ilegalidad respecto del acto administrativo que negó certificar que el inmueble de la primera no se encontraba afecto a expropiación por encontrarse eventualmente sujeta a declaración de utilidad pública a la fecha de promulgación de la la Ley N° 20.791.
En fallo dividido la tercera sala del máximo tribunal, entendió que los sentenciadores del fondo infringieron lo dispuesto en el artículo transitorio de la Ley Nº 20.791, en tanto “el artículo transitorio de la Ley N° 20.971, revive las declaratorias de utilidad pública que a la fecha de publicación de la ley habían caducado; sin embargo, el legislador se cuida de no afectar derechos válidamente adquiridos por los propietarios de los terrenos a cuyo favor se hayan dictado actos administrativos favorables en relación a proyectos de construcción, en virtud de la caducidad y de la asimilación a la zona predominante de las adyacentes al terreno, que es lo que ocurre en el caso de la recurrente, toda vez que el terreno se asimiló al uso habitacional mixto, y en virtud de aquello se dictó la Resolución N° 38 referida en el fundamento procedente. Es en este entendido que la norma transitoria reconoce explícitamente la garantía del congelamiento normativo previsto en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuestión que debe servir de base a la interpretación de la referida norma“, dice el fallo.

Consulte fallo analizado por Microjuris, a continuación:

 

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA

Partes: Inversiones Quintalí Limitada c/ Ilustre Municipalidad de Pudahuel s/ Declaratoria de utilidad pública – Proyectos aprobados

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

El artículo transitorio de la Ley N° 20.791 si bien revive las declaratorias de utilidad pública caducadas, lo cierto es que establece una excepción, puesto que expresamente señala que aquello no afectará a los anteproyectos o permisos de edificación autorizados en el tiempo intermedio. Tal excepción es clara, sin que quepa hacer distinciones que el precepto no contempla, pues es indudable que el objetivo fue proteger al propietario que obtuvo actos favorables en relación a la edificación en los terrenos de su dominio que, a esa fecha, no estaban afectos a la declaratoria. Lo anterior se vincula, con que la realización de proyectos inmobiliarios aprobados, implica la posibilidad que con posterioridad las unidades específicas puedan ser transferidas, cuestión que es altamente improbable si el terreno sigue estando afecto a la declaratoria de utilidad pública.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia que confirmó el fallo de primera instancia, declarando sin lugar el reclamo deducido. Esto, dado que los jueces de fondo han infringido lo dispuesto en el artículo 19 del Código Civil al interpretar, del artículo transitorio de la Ley nº 20.791, que el terreno de autos se encuentra sujeto a una declaratoria de utilidad pública. El Director de Obras de la Municipalidad, actuó ilegalmente al limitar la protección otorgada por el legislador, el artículo transitorio de la Ley N° 20.791, si bien revive las declaratorias de utilidad pública caducadas, lo cierto es que establece una excepción, puesto que expresamente señala que aquello no afectará a los anteproyectos o permisos de edificación autorizados en el tiempo intermedio. Tal excepción es clara, sin que quepa hacer distinciones que el precepto no contempla, pues el objetivo del sentenciador fue proteger al propietario que obtuvo actos favorables en relación a la edificación en los terrenos de su dominio que, a esa fecha, no estaban afectos a la declaratoria de utilidad pública. Lo anterior se vincula, con que la realización de proyectos inmobiliarios aprobados, como en el caso de autos, implica la posibilidad que con posterioridad las unidades específicas puedan ser transferidas, cuestión que es altamente improbable si el terreno sigue estando afecto a la declaratoria de utilidad pública.

2.- La autoridad administrativa y la sentencia impugnada, limitan la protección otorgada por el legislador pues, en su concepto, aquella dice relación únicamente con la ejecución del proyecto aprobado, pero no exime de la declaración de utilidad pública, interpretación que no resulta admisible a la luz del artículo transitorio en análisis ni de lo consignado en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, toda vez que ésta es una excepción a la disposición de la misma norma transitoria que revive la declaratorias de utilidad pública. Es decir, es una excepción la premisa básica de la disposición. Así, si bien el legislador revive la declaratoria de utilidad pública caducadas, aquello sucede sólo en la medida que sobre tales terrenos no se hayan autorizado anteproyectos o permisos de edificación.

3.- El constituyente entrega al legislador la tarea de calificar la utilidad pública de determinados bienes. Así, todo inmueble, que no haya sido declarado expresamente como inexpropiable, puede eventualmente verse sujeto a expropiación, sin que existan restricciones a la facultad entregadas al legislador, pues la garantía al derecho de propiedad se materializa a través de la indemnización del daño efectivamente causado por el acto expropiatorio. En este sentido, no puede obviarse que las declaratorias de utilidad pública constituye una herramienta relacionada con el ordenamiento territorial y la planificación urbana, siendo una concreción de la función social de la propiedad, toda vez que a través de aquella se crean condiciones que contribuyen al bienestar general de la comunidad. Tales ideas son las que deben guiar la labor de interpretación del artículo transitorio de la Ley N° 20.791, eje del conflicto a resolver en el caso de autos (Del voto en contra del Ministro Sr. Pedro Pierry A.).

4.- La correcta interpretación del artículo transitorio, determina que es únicamente el anteproyecto o el permiso de edificación el que se encuentra amparado por la garantía prevista en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por lo que el proyecto específico puede realizarse en la forma que fue aprobado, sin embargo, el terreno, queda afecto a la declaración de utilidad pública. Esto, pues es el legislador, a través de la referida norma el que ha realizado la calificación, entregando en el inciso segundo a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo o la municipalidad, la facultad de dejar sin efecto estas declaraciones para las circulaciones, plazas y parques, en un plazo de seis meses a contar de la publicación de la ley. Así, dispone, además, que las Municipalidades, previo informe de SEREMI MINVU deberá fijar las nuevas normas urbanísticas aplicables a los terrenos que, habiendo quedado desafectados, carezcan de ellas, asimilándolas a las de la zona predominante de las adyacentes al terreno (Del voto en contra del Ministro Sr. Pedro Pierry A.)

Consulte texto completo de la sentencia

 

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