Jurisprudencia Destacada Año 2018 N14

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 14 DE 2018

 

TERMINO DE CONTRATA 

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Mardones Essus, Camila c/ Ilustre Municipalidad de Temuco

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS A CONTRATA – DESPIDO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – CAUSALES DE DESPIDO – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Laboral

El acto administrativo que puso término a la relación a contrata es ilegal y arbitrario, toda vez que los hechos en que se funda no son efectivos, por lo que el acto sólo está formalmente fundado. Así, para poder terminar una relación a contrata que ha devenido en indefinida, conforme al principio de confianza legítima y a las disposiciones pertinentes, tiene que existir un acto fundado.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la actora, contra la sentencia que rechazó la acción de protección deducida contra el término de contrata de la referida, disponiéndose su reintegro, en iguales condiciones y con continuidad de sus remuneraciones, computadas desde el momento en que se produjo la separación hasta su efectiva reincorporación. Esto, dado que, al examinar el informe de desempeño laboral, no se evidencia un deficiente desempeño como aduce la empleadora para poner el término de la contrata, sino que en su gran mayoría los aspectos evaluados satisfacen los estándares fijados. Por tanto, si bien el acto administrativo objetado figura formalmente fundado, en rigor no lo está, porque es manifiesto que sus fundamentos no se condicen con la realidad de los antecedentes que el mismo acto invoca. Así, la resolución que puso término a la contrata de la recurrente es ilegal, porque, conforme al principio de la confianza legítima y a las disposiciones legales pertinentes, la relación a contrata sólo puede terminar por un acto fundado, y es también arbitraria, al estar desprovista de fundamentos efectivos. En consecuencia, la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales que los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República aseguran a la recurrente, en la medida que se le ha dado un trato desigual al aplicársele una facultada para un caso no previsto, privándola de las remuneraciones a que tiene derecho.

2.- Si una relación a contrata excede los dos años se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N°85.700 , de 28 de noviembre de 2016, cuya normativa cubre, entre otros, a los funcionarios designados en empleos a contrata regidos por la Ley N° 18.884 . Por consiguiente, cuando se haya generado en el funcionario la confianza legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, como acontece en la especie, en que la recurrente está contratada hace más de 4 años, el acto administrativo que ponga término a esa relación debe ciertamente dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N°19.800, en orden a que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos; y al inciso cuarto de su artículo 41 , conforme al cual las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada.

 

NULIDAD DEL DESPIDO 

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Lorca c/ Ilustre Municipalidad de Cerrillos

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INDIRECTO – ACCION DECLARATIVA – NULIDAD DEL DESPIDO – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – ORGANOS DEL ESTADO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

No procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector, lo que no altera la obligación de enterar las cotizaciones previsionales adeudadas, por el período en que se reconoció la existencia de la relación laboral.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra de la sentencia de primer grado que acogió la demanda declarando la existencia de la relación laboral y el despido indirecto, pero rechazó la demanda de nulidad del despido. Al respecto, la sentencia impugnada se ajusta a derecho, toda vez que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector, lo que no altera la obligación de enterar las cotizaciones previsionales adeudadas, por el período en que se reconoció la existencia de la relación laboral.

2.- Ostentando la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral un innegable carácter declarativo, procede aplicar la sanción de nulidad del despido frente a la constatación de no encontrarse enteradas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación; sin embargo, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

3.- La institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

4.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante, por cuanto el empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, de modo que corresponde aplicarle la sanción que la misma contempla, esto es, el pago de las remuneraciones y demás prestaciones del trabajador que se devenguen desde la fecha del despido hasta la de su convalidación, mediante el entero de las cotizaciones adeudadas, desde que el fallo recurrido de nulidad, que dio por establecida la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, sólo viene a declarar o constatar un hecho preexistente -relación laboral- y del cual emanan todas las obligaciones y derechos que el ordenamiento jurídico contempla en esta materia, por lo que al no decidirse así en la sentencia impugnada se ha hecho una errada interpretación y aplicación de la normativa. (Del voto en contra de la Ministra señora Chevesich)

 

DOCENTES – BONIFICACIÓN PROPORCIONAL 

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Ávila c/ Ilustre Municipalidad de Puerto Montt

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

Aciertan los sentenciadores al rechazar el recurso de nulidad interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia de primer grado que determinó que la denominada bonificación proporcional es aplicable sólo al personal docente particular subvencionado, y no es extensiva al personal docente municipal.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra de la sentencia que determinó que la bonificación proporcional es aplicable sólo al personal docente particular subvencionado, y no es extensiva al personal docente municipal. Esto, dado que, aciertan los sentenciadores al desestimar el recurso de nulidad interpuesto por los demandantes, toda vez que la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933 , también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

2.- La Ley N° 19.410, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada «bonificación proporcional mensual», como una con las características que señalan sus artículos 8 y 11 , y cuya fórmula de cálculo se estableció en el artículo 10 ; y que se mantuvo como tal, debidamente reajustado. En todo caso, el Estatuto Docente que entró a regir el 4 de abril de 2017, tiene una versión sustituida del artículo 63 en los términos que señala y no contiene los artículos 65 y 66 del anterior, que aludían al bono de que se trata en los mismos términos de la ley primeramente citada. Lo anterior, porque la Ley N° 20.903, de 1 de abril de 2016, modificó la primera disposición y derogó las otras dos. Sin embargo, la Ley N° 19.933, igualmente las que le antecedieron, no dispuso su aumento en la forma como lo pretenden los demandantes, pues mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica. Corrobora lo anterior, lo que en forma expresa señala el inciso primero del artículo 9, pues ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso segundo, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados, por el mismo concepto, decreta que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo con motivo del incremento dado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo 1.

3.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia, por cuanto la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que el aumento de la bonificación proporcional mensual establecido en la Ley N° 19.933 beneficia también a los profesionales de la educación municipal y debe pagarse como tal, conforme al procedimiento de cálculo previsto expresamente por el legislador. (Del voto en contra del ministro señor Blanco y del abogado integrante señor Barra)

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL 

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Elso c/ Ilustre Municipalidad de Talcahuano

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – CONVENIO DE HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – MUNICIPALIDADES – NECESIDADES DE LA EMPRESA – NULIDAD DEL DESPIDO – ACCION SUBSIDIARIA – DEMANDA ACOGIDA

s/ Existencia de relación laboral – Municipalidades

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción

Producto: Municipalidades – Laboral

La contratación escapó de los presupuestos establecidos para la contratación a honorarios, configurando una relación laboral, al darse sus elementos. Respecto al despido, no hay indicios de vulneración de derechos fundamentales, sin perjuicio de ello, el despido es injustificado pues el déficit presupuestario municipal no tiene relación con el despido y la denuncia contra el actor no tiene la entidad para que lo justifique.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la demanda por despido injustificado. Esto, dado que dos son los motivos para la no renovación de la contrata del actor. El primero, económico, referido al déficit presupuestario municipal, se descarta pues, pese a los informes financieros incorporados, lo cierto es que el centro de la mujer sigue hoy en funcionamiento, siendo reemplazado el actor por otro abogado, lo que controvierte la necesidad de su despido. Además, el financiamiento del proyecto en el que participaba el actor no es financiado por la Municipalidad. Por otro lado, en cuanto al segundo motivo, consistente a una deficiente evaluación, dada la denuncia recibida por el trato inadecuado a una usuaria del Centro de la Mujer, debe decirse que esta no es una justa causa de despido. En primer lugar porque la sola denuncia realizada por una persona en la instancia que sea, sin que se haya dado al afectado, en este caso al actor, siquiera la posibilidad de defenderse de la misma, realizándose además una evaluación nunca antes hecha por supervisoras técnicas y la jefa del departamento de familia de la Municipalidad, no constando además la presencia de esta última en la planilla evaluadora, no puede servir de antecedente serio para configurar cualquier causal de despido, siendo por lo demás aquella muy parecida a causales de caducidad del Código del Trabajo, y por cierto con un estándar de gravedad altísimo para su configuración.

2.- La contratación del actor escapa del presupuesto establecido en el artículo 4 de la ley 18.883, pues es evidente que no se trata de labores accidentales las realizadas por el actor, pues realizaba una función que venía realizándose en la municipalidad ya desde el año 2008, y el actor en particular desde el año 2013, en forma continua, siendo ella una actividad propia del municipio en pos de la satisfacción de las necesidades de la comunidad, en particular de las mujeres de la comuna, tendiente a la obtención de la igualdad de oportunidades de aquellas respecto de los hombres, en un ámbito tan sensible como es la violencia intrafamiliar. Por ello, se descarta igualmente que las funciones que realizaba el demandante hayan correspondido a cometidos específicos, los que implican igualmente el elemento temporal de la función, que en este caso, no está presente. Por lo dicho, se puede afirmar que el vínculo que existió entre el actor y el municipio demandado fue de naturaleza laboral.

3.- Corresponde rechazar la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, con ocasión del despido, en razón de una supuesta discriminación del actor en razón de su sindicalización. Esto, dado que el actor alegó que el término de su contratación fue debido a su participación activa en una asociación gremial, siendo efectivo que participó activamente en su constitución en marzo del año 2016 y en las actividades de julio del mismo año. Sin embargo, no se vislumbra indicio alguno de la vulneración alegada con motivo u ocasión del despido, pues fue evaluado negativamente en noviembre de 2016, debiéndose al hecho único de existir una denuncia en su contra realizada formalmente y, que decía relación con el trato inadecuado de una usuaria del centro de la mujer por parte del actor, que llevó requerirse la evaluación de todo el equipo técnico de la Municipalidad. Sumado a esto, existiendo una calificación negativa del actor, no fue así la de otro delegado de la asociación gremial, que continuó prestando servicios ante la evaluación finalmente favorable del servicio. En consecuencia, no existen indicios que den cuenta de la efectividad de la discriminación alegada por el actor, ni siquiera existe relación de temporalidad entre su participación gremial y la desvinculación.

4.- Corresponde rechazar la demanda de nulidad del despido. Esto, pues dicha sanción no es procedente siendo esta sentencia constitutiva de relación laboral, habiendo mediado una contratación formal bajo una figura distinta por un organismo público.

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