Corte Suprema: usuarios de oficina virtual no pueden considerarse sujetos pasivos del pago de derechos de aseo

En días recientes la Tercera sala de la Corte Suprema revocó la sentencia que rechazó la acción cautelar de protección interpuesta por un grupo usuarios de servicios de «oficina virtual» en contra del acto del municipio que les atribuyó la calidad de deudores de derechos municipales de aseo, fundado en el hecho de estar domiciliados en un inmueble determinado dentro de la comuna donde además, han recibido correspondencia.
Los recurrentes argumentaron no ser deudores de esos derechos, ya que ellos no ejercían actividades económicas materiales en sus oficinas virtuales y no generan residuos domiciliarios, sino que lo hacen quienes explotan la actividad de proveer oficinas virtuales los que sí pagaban los derechos respectivos. En tanto, la municipalidad informó haber actuado de acuerdo a lo dictaminado por la Contraloría, según la cual siempre que en un mismo domicilio funcionen dos o más contribuyentes distintos que pueden considerarse usuarios del servicio de aseo, cada uno de ellos deberá pagar el correspondiente derecho. Además, alegó que la circunstancia de contar los recurrentes con patente comercial permite asumir que ejercen una actividad comercial efectiva en el lugar, lo que los hace beneficiarios del servicio de aseo y, por ende, obligados a solventarlo, a no ser que demuestren lo contrario.

En fallo unánime el máximo tribunal acogió el recurso de apelación declarando el acto del municipio como ilegal y arbitrario, considerando que: “no es el acto de establecer domicilio en un inmueble determinado, ni la recepción de correspondencia u otros actos análogos realizados en él, lo que hace nacer la obligación de pagar derechos de aseo.Más bien lo es tener el uso, goce o dominio pleno del inmueble, lo que se explica por la razonable asunción de ser esa tenencia, goce o dominio la generadora de desechos domiciliarios que han de costearse con los derechos de aseo.(Considerando Séptimo). Consulte fallo analizado por Microjuris a continuación.

Voces: RECURSO DE PROTECCION – DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – PATENTE MUNICIPAL – DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE – RESIDUOS DOMICILIARIOS – PRESTACION DE SERVICIOS – CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Partes: Asociación Chilena de Oficinas Virtuales c/ Ilustre Municipalidad de Santiago

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Cita: ROL:15116-18, MJJ57390

Producto: Municipalidades – Microjuris – Tributario

La situación del usuario de una oficina virtual no se diferencia sustancialmente de la de otras personas que arriendan servicios análogos o, incluso, que subcontratan procesos productivos, y que, incuestionablemente, no son sujetos pasivos del pago de derechos de aseo por los desechos generados en el lugar en que se prestan esos servicios.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que rechazó el recurso de protección deducido por las personas jurídicas que se desarrollan como oficinas virtuales en contra de la decisión de la municipalidad de atribuirles la calidad de deudores de derechos municipales de aseo. Esto, debido a que, la situación del usuario de una oficina virtual no se diferencia sustancialmente de la de otras personas que arriendan servicios análogos o, incluso, que subcontratan procesos productivos, y que, incuestionablemente, no son sujetos pasivos del pago de derechos de aseo por los desechos generados en el lugar en que se prestan esos servicios. Además, la conducta de la recurrida carece de fundamentación suficiente, toda vez que si el pago por derechos de aseo responde a la circunstancia real y material consistente en la necesidad de disponer de los desechos domiciliarios, y existe un usuario claramente identificable que mantiene el uso y goce de un lugar, no resulta explicable la pretensión de extender el cobro de los mismos a todos los usuarios de servicios prestados por este último. Se suma a lo anterior la inexistencia de antecedentes en orden a si cada recurrente habría de pagar una misma tarifa de aseo, igual a la del tenedor o poseedor del lugar, o distinta de éste pero igual a la de los demás recurrentes, o distinta para todos; y los motivos que justificarían tales distinciones, si las hubiere. Esta omisión es relevante, porque se advierte fácilmente la posibilidad de generarse un cobro excesivo de derechos de aseo, pues, en un escenario como el descrito en la especie, la cantidad de desechos domiciliarios guarda casi nula relación con la cantidad de usuarios del servicio de oficina virtual. Por lo anterior, el proceder ilegal y arbitrario de la recurrida importa dar un trato discriminatorio y que afecta el patrimonio de los recurrentes, amagando las garantías que los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución les aseguran, porque los conmina a solventar una carga en un supuesto para el cual no está previsto.

2.- Los derechos por servicios de aseo se devengan por inmueble. Lo clarifica el artículo 7 de la ley de rentas municipales, en cuanto determina que la tarifa se cobra por cada vivienda o unidad habitacional, local, oficina, kiosco o sitio eriazo. Y lo ratifica el inciso sexto del artículo 9 , cuando obliga a las municipalidades a certificar el monto del derecho de aseo que corresponda a una propiedad determinada. La directa vinculación entre los derechos de aseo y los inmuebles encuentra un fundamento notorio, además, en la comprobación fáctica de ser los desechos domiciliarios un producto de la actividad que se desarrolla en cada uno de ellos.

3.- La obligación de pagar derechos por servicio de aseo no rige para tantas personas cuantas ocupen un inmueble, menos aun para tantas cuantas sean prestatarias de servicios originados en él.

4.- No es el acto de establecer domicilio en un inmueble determinado, ni la recepción de correspondencia u otros actos análogos realizados en él, lo que hace nacer la obligación de pagar derechos de aseo. Más bien lo es tener el uso, goce o dominio pleno del inmueble, lo que se explica por la razonable asunción de ser esa tenencia, goce o dominio la generadora de desechos domiciliarios que han de costearse con los derechos de aseo.

5.- Tanto la patente comercial como los derechos de aseo, son tipos de obligaciones que se vinculan estrechamente con el ámbito físico en que se produce el hecho que les da origen. De este modo, los derechos de aseo se devengan por cada unidad inmueble, con motivo de los desechos domiciliarios que produce; y, a su vez, la patente comercial se devenga por el ejercicio de una actividad comercial en un espacio físico determinado. Existe ciertamente una conexión entre ambas, pues cabe suponer que el ejercicio de una actividad comercial conlleva la generación de desechos domiciliarios en el lugar en que se desarrolla. Con todo, la circunstancia de estar enrolado en el pago de una patente comercial no necesariamente ha de implicar la obligación de pagar derechos de aseo. Ello porque puede acontecer que quien detenta la patente no reúna, sin embargo, alguna de las calidades que obligan al pago de derechos de aseo.

6.- En la especie, si bien es efectivo que los recurrentes ejercen una actividad comercial vinculada con un lugar de la comuna, tal vinculación es sólo formal. De esta manera, resulta evidente que ellos no generan los desechos domiciliarios del lugar, que es compartido en esa calidad por muchas personas, sino que lo hace quien mantiene el uso, goce o dominio pleno del mismo. De éste ha de ser de cargo entonces, como dispone el inciso tercero del artículo 9 de la ley de rentas municipales, el pago de tales derechos.

7.- En virtud de los contratos de arrendamiento y subarrendamiento acompañados se concluye que la oficina virtual se asemeja más a un arrendamiento de servicios que a uno de cosas. En efecto, el contrato que corresponde propiamente a la oficina virtual -y que de hecho lleva ese símbolo impreso- es uno que se denomina de subarriendo. Según el ejemplar acompañado, sin embargo, tal contrato tiene por objeto «entregar en subarriendo, domicilio tributario», además de diversos servicios singularizados. De esta forma, el contrato no tiene por objeto una porción física del lugar, es decir, una parte de la cosa raíz, sino un «domicilio tributario», que es una dirección registrable ante el Servicio de Impuestos Internos, además de otros servicios que comprenden, por ejemplo, la recepción de correspondencia y la mantención de una carpeta con antecedentes para fiscalizadores. Lo anterior pone de relieve que el usuario de una oficina virtual no es, en los términos del antes citado artículo 9, el dueño u ocupante de la propiedad, ya sea usufructuario, arrendatario o mero tenedor, obligado al pago de derechos de aseo, sino un arrendador de servicio de quien sí detenta alguna de esas calidades.

Consulte sentencia a texto completo

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