Caso Luchsinger Mackay: Corte Suprema acoge parcialmente recurso de nulidad y dicta sentencia por incendio con resultado de muerte

Con fecha 10 de octubre de 2018, la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió parcialmente el recurso de nulidad en contra de la sentencia, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco que condenó a tres de los once acusados como autores del incendio con resultado de muerte del matrimonio Werner Luchsinger Lemp y Vivian Mackay González, perpetrado en la madrugada del 4 de Enero del año 2013 en la comuna de Vilcún, Región de La Araucanía.

El fallo considera que en razón de la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal en relación con los artículos 1 y 2 de la Ley N° 18.314, a los sentenciados sólo les corresponde participación en calidad de autores en un delito consumado de incendio con resultado de muerte. Así de conformidad con lo preceptuado en el artículo 474 inciso 1° del Código Penal, la pena aplicable al que incendiare edificio, tren de ferrocarril, buque u otro lugar cualquiera, causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever, es la de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo.

Por su parte tratándose del acusado Peralino Huinca, la sentencia indica que concurriendo a su respecto tres minorantes de responsabilidad de aquellas contempladas en el Código Penal, esto es, las de numerales N° 6, N° 8 y N° 9 del artículo 11 del Código Penal, y haciendo aplicación de lo dispuesto en el artículo 68 del citado código, en orden a que concurriendo dos o más circunstancias atenuantes y no habiendo agravantes, cuyo es el caso, el Tribunal podrá imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo señalado por la ley, según sea el número y entidad de dichas circunstancias, la pena será rebajada en tres grados desde su mínimo, dada la cantidad de atenuantes concurrentes a su respecto, y la relevancia de las mismas en el desarrollo del proceso, quedando en definitiva en la de presidio menor en su grado máximo.

Además, agrega la sentencia que en relación a  los acusados Jose Sergio Tralcal Coche y Luis Sergio Tralcal Quidel, concurriendo respecto de ambos únicamente la minorante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, la sanción a aplicar se impondrá en su mínimo, esto es, dentro del marco del presidio mayor en su grado máximo.

Por otra parte la corte absolvió a los acusados de los cargos formulados en su contra como autores del delito terrorista de incendio con resultado de muerte.

Por estas consideraciones la corte declara que:

– Se condena a José Manuel Peralino Huinca,  por su responsabilidad en calidad de autor de un delito consumado de incendio con resultado de muerte, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, y las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

– Se condena a los acusados Jose Sergio Tralcal Coche y Luis Sergio Tralcal Quidel, por su responsabilidad en calidad de autores de un delito consumado de incendio con resultado de muerte, a sufrir cada uno de ellos la pena de dieciocho años de presidio mayor en su grado máximo y las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

-Respecto a Jose Manuel Peralino Huinca, se le sustituye el cumplimiento de la pena impuesta por la pena de Libertad Vigilada Intensiva por igual término que el de la pena privativa de libertad, debiendo cumplir durante el período de control con el plan de intervención individual que se apruebe en su momento.

Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación:

Voces: PENAL – TERRORISMO – TIPICIDAD – DOLO – INCENDIOS Y OTROS ESTRAGOS – CONCERTACIÓN PARA EL DELITO – PRESIDIO PERPETUO – DEBIDO PROCESO – SITUACIÓN DEL IMPUTADO – DECLARACIÓN DEL IMPUTADO – DEFENSA JURIDICA – PRUEBA – PONDERACION DE LA PRUEBA – ELEMENTOS PROBATORIOS – ERROR DE DERECHO – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO
Partes: Intendencia Regional Temuco c/ Tralcal Quidel y otros s/ Terrorismo – Delito de incendio
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Segunda
Fecha: 10-oct-2018
Cita: ROL:, MJJ57550
Producto: Microjuris.

 

Para poder calificar de terrorista la conducta atribuida a los recurrentes, debió necesariamente establecerse por el tribunal a quo que la finalidad de los agentes, al ejecutar el hecho punible, haya sido indubitadamente la de causar en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie. Pues bien, no obstante no ser despreciable el contexto de ataques, dicho elemento por si solo impide tener por acreditada tal finalidad, máxime si la intencionalidad exigida por la ley debe necesariamente ser demostrada a través de antecedentes objetivos que no se encuentran presentes en la especie, en cuanto no existen indicios suficientes para darla por establecida. De esta forma, no habiéndose acreditado en autos la intencionalidad de los agentes, mal podría calificarse como conducta terrorista el ilícito que se les imputa.

1.- Corresponde acoger parcialmente el recurso de nulidad deducido por las defensas de los tres condenados como autores de un delito terrorista -consumado- de incendio con resultado de muerte, ilícito previsto y sancionado en el inciso primero del Artículo 474  del Código Penal, en relación al artículo 1 y 2 N° 1 ambos de la Ley N° 18.314. Esto, debido a que, en la especie, se configura la causal de nulidad contemplada en el artículo 373 letra b)  del Código Procesal Penal en relación con los artículos 1  y 2  de la Ley N° 18.314, por lo que se deja sin efecto la calificación terrorista, toda vez que para satisfacer las exigencias del artículo 1 de la Ley N° 18.314 y así poder calificar de terrorista la conducta atribuida a los recurrentes, debió necesariamente establecerse por el tribunal a quo que la finalidad de los agentes, al ejecutar el hecho punible, haya sido indubitadamente la de causar en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie. Pues bien, no obstante no ser despreciable el contexto aludido en la sentencia (contexto de «ataques» que principiaron en el año 1999 y que se fueron expandiendo en el tiempo, con el objetivo preciso de causar un impacto mayor en los agricultores de la zona de Malleco y en los que no participaron los acusados) dicho elemento por si solo impide tener por acreditada tal finalidad, máxime si la intencionalidad exigida por la ley debe necesariamente ser demostrada a través de antecedentes objetivos que no se encuentran presentes en la especie, en cuanto no existen indicios suficientes para darla por establecida. De esta forma, no habiéndose acreditado la intencionalidad de los agentes, mal podría calificarse como conducta terrorista el ilícito que se les imputa.

2.- La sentencia impugnada incurre en un error en lo tocante al doble carácter que se le asigna al elemento fuego, por una parte como configurativo del delito de incendio y, por otra, como medio empleado para publicitar la actuación de los agentes y así generar el efecto de dar temor a terceros de ser objeto de actos de la misma naturaleza. En efecto, y como resulta de toda lógica, el fuego constituye un elemento del tipo penal de incendio con resultado de muerte, descrito y sancionado en el artículo 474 inciso 1° del Código Penal. Distinto es considerar, como lo hace el tribunal a quo, que el fuego, atendida su naturaleza dañosa, palpable, elocuente y visible pueda por sí mismo generar un efecto de tal magnitud que permita producir en una parte de la población el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, toda vez que es un elemento propio del tipo penal base por el que fueron condenados los acusados, no siendo procedente ni ajustado a derecho utilizarlo para fundamentar una calificación de terrorismo respecto de un hecho que se encuentra desprovisto de las exigencias que para ello establece expresamente el artículo 1 de la Ley N° 18.314; de hacerlo así, se podría sancionar doblemente una misma conducta, lo que se encuentra vedado por el Derecho Penal.

3.- El terrorismo ataca a uno de los pilares de las democracias, los derechos humanos, y a objeto de presentar un bien jurídico determinable u objetivable penalmente (en respeto a los principios de legalidad y lesividad) el bien jurídico colectivo se identifica con el orden constitucional democrático; éste es el sistema de convivencia político-social cuya puesta en peligro debe perseguir el autor de este delito. En la especie, el sólo empleo del fuego como medio para provocar un incendio que destruyó bienes materiales y provocó la muerte de dos personas, no puede bastar para construir la base probatoria requerida, ya que dicho medio estragante es inherente a la estructura del delito de incendio, previsto y sancionado en el artículo 474 del Código Penal y no es posible entonces utilizarlo, además, para transformar el delito común en uno de carácter terrorista. Debe poder contarse con un «plus», más allá de los elementos objetivos del ilícito, que permita tener por establecida la finalidad terrorista, esto es, provocar temor en la población o en un sector de ésta. Ese «plus» no surge de los elementos de juicio valorados por el Tribunal sentenciador, que se circunscriben al medio utilizado para provocar el fuego y a circunstancias ajenas al hecho delictivo mismo, como son las declaraciones de terceros, algunas muy distantes en el tiempo con respecto al delito indagado, que no permiten concluir que el preciso objetivo perseguido por los acusados fue la creación de un temor colectivo generalizado, que, según las doctas opiniones de los especialistas, habría que vincular a la alteración del orden institucional. (De la prevención del Ministro señor Künsemüller).

4.- Se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por la causal principal contemplada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, esto es, cuando, en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Las defensas fundaron dicha causal en relación con las dos declaraciones policiales prestadas por uno de los acusados (que permitió iniciar una investigación en contra de los otros dos condenados) y sostuvieron que la primera de ellas fue prestada en calidad de testigo pese a que en realidad tenía la calidad de imputado, sin que se le indicaran cuáles eran sus derechos como interviniente del proceso penal -en especial a guardar silencio y contar con un abogado defensor- y sin que le comunicaran los hechos por los que estaba siendo investigado -pese a que estaba siendo perseguido penalmente en una causa diversa relativa al derribamiento de una antena-; asimismo, se refieren a la falta de registro de actuaciones policiales. Al respecto, la Corte no concluyó que el acusado, al momento de entregar su testimonio, tuviera la calidad de imputado a la que aluden las defensas, pues resultó claro que su comparecencia no se debió a que se le estuviera atribuyendo participación en un hecho punible, sino que por el contrario tuvo su fundamento en que se trataba de un sujeto del que no tenían conocimiento estuviera vinculado a los hechos investigados y que estimaron podría aportar información relevante para la investigación, siendo esa justamente la razón por la que el Ministerio Público requirió su presencia como testigo, calidad en la que finalmente depuso. De esta manera, al tener la calidad de testigo al momento de efectuar su primera declaración, resultaba absolutamente improcedente que se le hubieren leído sus derechos -en especial a guardar silencio-, que se le informara cuales eran los cargos existentes en su contra y que tenía derecho a ser asistido por un abogado defensor, toda vez que lo que correspondía hacer era darle el trato de testigo que efectivamente se le otorgó, no existiendo, en consecuencia, ilegalidad alguna en su declaración. En lo tocante a la segunda deposición efectuada por el encartado se concluyó que, la misma fue prestada en calidad de imputado -no obstante haber sido citado como testigo-, en presencia y por el fiscal a cargo de la investigación, quien le dio lectura de sus derechos, le informó del derecho a guardar silencio y del derecho a ser asistido por un abogado, a los que renunció expresamente previo a dar su testimonio, siendo posible inferir que su atestado se encuentra exento de vicios.

5.- En lo que dice relación con las causales de los artículos 373 letra a) y 374 literal a) del Código Procesal Penal, consistentes en la conculcación de la garantía del debido proceso reconducida al derecho a ser juzgado por un juez imparcial y en la circunstancia de haber sido pronunciada la sentencia por un tribunal no integrado por los jueces designados por la ley, se concluye que los impugnantes no han efectuado un desarrollo de las mismas que permita arribar, en primer término, a la conclusión de haberse infringido la garantía del debido proceso -reconducida al derecho a ser juzgado por un juez imparcial-, por cuanto se limitan a hacer una relación de hechos vinculados a aspectos administrativos de la integración del tribunal, sin explicar la forma en que tales eventos habrían influido en la imparcialidad del tribunal a la hora de adoptar su decisión de absolución o condena. Respecto de las alegaciones relativas a encontrarse dos de los integrantes del tribunal postulando al cargo de Juez de Garantía de Temuco durante la tramitación del juicio -y uno de ellos a un cargo de Notario Público, además-, pues no se explica de modo alguno cómo el hecho de que ambos magistrados, en el pleno ejercicio de su derecho a optar por un cargo público, siguiendo los canales formales de oposición a un concurso -en cuya decisión por cierto interviene otro Poder del Estado- pudieran haber visto alterada su imparcialidad durante el conocimiento del asunto sometido a su decisión. Arribar a una conclusión diversa implicaría el absurdo de que cada vez que un juez se encuentre concursando para un cargo, debería inhabilitarse de conocer asuntos en los que el Estado de Chile participe como interviniente.

6.- En lo tocante a las alegaciones de falta de imparcialidad referidas a los fundamentos con los que los jueces del grado dieron por establecida la participación de los acusados y desestimaron las alegaciones de la defensa, y a aquellos que fundaron la prevención contenida en el fallo, las mismas más que aludir a la falta de imparcialidad del tribunal, se centran en desacreditar las conclusiones a las que arribaron los sentenciadores de la instancia por estimarlas equivocadas, lo que sin lugar a dudas dice únicamente relación con la forma en que fue valorada la prueba rendida, motivación que excede por mucho el contenido de las causales de nulidad invocadas.

7.- Se rechaza la causal subsidiaria del recurso interpuesta por la defensa de uno de los acusados (delator compensado) por infracción del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, fundada en la errónea aplicación del artículo 15 N° 3  del Código Penal. Lo anterior, por cuanto el fallo impugnado, a partir de las declaraciones del propio acusado que se estimaron concordantes con otro tipo de pericias, concluyó que el acusado participó en los sucesos y al tenerse por cierto que el mismo hecho se cometió entre varios sujetos, es razonable convenir que los autores estaban de acuerdo para su ejecución. No se trata de meras conjeturas, como asegura la defensa, porque todas las acciones acreditadas son de naturaleza colectiva, consistentes en la adopción de precauciones comunes, la elección de vestimentas determinadas, de un lugar de acceso, el disparo de armas y el inicio del fuego en un punto determinado de la casa, es decir, son tareas que difícilmente pudieron llevarse adelante de forma individual y sin acuerdo previo en torno al objetivo perseguido. De esta forma, la participación del imputado, previo concierto, en el lugar de los hechos se concluye de múltiples elementos probatorios que son recogidos por el fallo y a partir de ellos y no de simples hipótesis, el tribunal arriba a la convicción sobre la autoría que se le atribuye.

8.- En relación al dolo del acusado y su prueba, la lectura del fallo objetado pone de manifiesto el actuar doloso (la voluntariedad y el propósito criminal) del inculpado, pues da cuenta del perfecto conocimiento que tenía del hecho punible y sus consecuencias lesivas y de su propósito de realizarlo. Así, aun cuando no se indicó la posición precisa de cada uno de los autores materiales, las circunstancias que asienta el fallo sobre la base de la prueba rendida justifican su participación como autor del artículo 15 N° 3 del Código Penal. Los hechos establecidos, descartan la pretensión de nulidad, pues se avienen con la forma de autoría del numeral 3° del artículo 15 del Código Penal, toda vez que ésta autoriza a responsabilizar aun cuando, como ocurre en la especie, el agente no haya realizado el acto típico pero ha presenciado su ejecución, mediando concierto para su realización, no siendo necesario que el cooperador presencie toda la ejecución del delito ni que realice acto material alguno diferente a encontrarse en el lugar del delito. Todas las exigencias de esta forma de participación fueron establecidas en el fallo impugnado, según se acaba de relacionar en los motivos precedentes, y por ello no concurre el motivo sustancial de invalidez que se hizo valer. A estos efectos las declaraciones fácticas aludidas se corresponden con los hechos de la acusación, aún cuando todos estos no se probaron, pues quedó acreditada la actuación esencial que autoriza a punir en calidad de autor, esto es, el concierto para aplicar fuego a la casa habitación.

9.- Se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por las defensas de los condenados a presidio perpertuo fundada en la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal. Esto, debido a que, la sentencia impugnada ha cumplido con el estándar de motivación que exige el legislador y que aun cuando se hubiese estimado la vulneración de alguno de los principios de la lógica o máximas de la experiencia aludidas en los arbitrios de nulidad, no se divisa del cotejo de los mismos con las motivaciones del fallo, la trascendencia o sustancialidad de tales vulneraciones. En efecto, el fallo recurrido, para determinar la participación de los acusados entre aquellos sujetos que atacaron el inmueble de propiedad de los occisos con armas de fuego por el sector de la cocina, no sólo utiliza como insumo la declaración del delator incorporada al juicio con la declaración de oídas de los funcionarios policiales y el reconocimiento fotográfico realizado por éste respecto de ambos acusados, sino que también para corroborar sus dichos, valora los dichos de la víctima indiciarios de la participación de un grupo de personas, máxime si el despliegue de acciones efectuadas aquel día resulta de imposibilidad física sea realizado por una sola persona o un par de ellas, toda vez que se iniciaron dos focos de incendio en lugares distintos de la propiedad, uno de ellos en un móvil ubicado a 13 metros aproximados de la zona de la cocina y además, la existencia de numerosos disparos en la zona oriente de la vivienda, ello de acuerdo a la evidencia balística.

10.- La declaración del condenado, ubicó a ambos coimputados dentro de aquellos que atacaron el inmueble siniestrado por el sector de la cocina, justamente aquel en el que se encontró la mayor cantidad de evidencia balística, correspondiente a municiones de armas cortas y largas, percutidas y no percutidas, además de otra evidencia como panfletos y un bidón con acelerante. Además, respecto de la participación de ambos encartados y su vinculación con el sitio de suceso, ésta también se desprende del hecho de encontrarse asentado de manera concluyente y con prueba científica, que el fuego comenzó en el sector de la cocina. Con ello, en opinión de los juzgadores del grado fue posible colegir, con antecedentes anteriores y además independientes de las declaraciones prestadas por parte del acusado, resultando plenamente coherentes con lo aseverado por éste, que había presencia de bidones con bencina traídos por uno de los condenados a presidio perpetuo, mismo sujeto que atacó en el grupo de la cocina, lugar en que se encuentra el foco del incendio total del inmueble, y donde se inició el fuego por utilización de acelerantes. Respecto de la otra persona y con los mismos antecedentes probatorios, colige que con la prueba rendida fue posible situarlo, a lo menos, en el sitio del suceso y portando un arma larga, entrando y luego saliendo de la cocina del inmueble y dando inicio a un amago de incendio en el vehículo de propiedad de las víctimas, configurativo de participación en los términos del artículo 15 N° 3 del Código Penal, por cuanto, a lo menos lo presenció, sin tomar parte inmediata en el delito. Finalmente, se concluye por los sentenciadores que, existen poderosas razones asentadas básicamente en la concordancia de evidencias apartadas entre sí, (es decir, de fechas diversas e incluso anteriores a la declaración de uno de los condenados en calidad de testigo e imputado) para situarlos en el sitio del suceso.

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