Corte de Apelaciones rechaza recurso de protección de comerciantes del barrio Meiggs

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por comerciantes emplazados en la vía pública del barrio Meiggs en contra de la Municipalidad de Santiago que dispuso su traslado y reubicación. Se descartó el actuar arbitrario de la municipalidad al poner fin a los permisos de comercio en vía pública otorgados a los recurrentes, para que se instalarán en las calles Bascuñán Guerrero y Salvador Sanfuentes.

La Corte advierte que el proceder de la Municipalidad, con relación a la dictación de los Decretos alcaldicios reprochados, no puede considerarse ilegal, pues dichos actos administrativos han sido dictados en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 63 de la ley Orgánica de Municipalidades, en relación con los permisos señalados en el artículo 36 de la misma ley y la Ordenanza Municipal para el Comercio Estacionado y Ambulante en Bienes Nacionales de Uso Público.

Dicho esto la recurrida actuó dentro del ámbito de las atribuciones que le confiere la ley como administrador de los bienes nacionales de uso público ubicados en el territorio comunal; y en particular en el ejercicio de la potestad que se le confiere para organizar el comercio estacionado dentro de la comuna de Santiago, con fundamentos razonables y proporcionales a la finalidad perseguida de garantizar el uso racional del espacio público haciendo prevalecer el interés general por sobre el particular.

Asimismo, se colige necesariamente, a maiori ad minus, es decir, que si está la autoridad facultada para lo más, esto es, para poner término o suspender los permisos que les permiten a los recurrentes ejercer su comercio, está con mayor razón facultada para lo menos, esto es, sin afectar los permisos en cuestión, pues los mantiene inalterados, puede modificarlos disponiendo la reubicación o traslado de los permisionarios dentro del mismo sector del Barrio Meiggs en donde ejercen su comercio.

Por su parte la propia Contraloría General de la República a precisado que el permiso de ocupación de un bien nacional de uso público es un acto jurídico unilateral precario, de modo que su otorgamiento, modificación y término requiere exclusivamente la concurrencia de la voluntad de la autoridad administrativa.

De esta manera, dichos permisos están sujetos a la facultad discrecional del alcalde, quien puede revocarlos o modificarlos, fundado en el interés general o en la necesidad de que se cumplan las condiciones conforme a las cuales ellos deben ejercerse, debiendo el respectivo acto administrativo contener los fundamentos que den cuenta de las razones en virtud de las cuales se ha adoptado la decisión y no obedecer al mero capricho de la autoridad, lo que puede verse, claramente, que cumplen los actos administrativos cuestionados.

Fuente: PJUD.

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