Corte de apelaciones acoge recurso de protección y deja sin efecto dictamen de la D.T. que validó acuerdos con grupos negociadores

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por organizaciones sindicales en contra de dictamen de la Dirección del Trabajo en materia de grupos negociadores, por considerarlo arbitrario e ilegal.

El objeto  del recurso consiste en el Dictamen ORD. N° 3938/33 de 27 de Julio de 2018, el cual señala que los acuerdos entre los grupos negociadores y los empleadores es un instrumento colectivo y como tal debe ser registrado ante la Inspección del Trabajo.

La sentencia señaló que de la lectura de la Ley 20.940 en relación al capítulo “De la Negociación Colectiva”, ésta no contiene ninguna regulación en relación a los acuerdos entre los grupos
negociadores y sus empleadores, de modo que, no existió una interpretación de normas legales, sino que ante un vacío legal, dio una calificación jurídica a dicho Acuerdo y creó una norma, excediendo sus facultades legales, pues conforme se desprende de los artículos 19 N° 16, 63 y 64 de la Constitución , solo son materias de ley, y ha sido la misma Carta Fundamental la que le ha dado dicha atribución al Congreso y al Presidente de la República, mas no a la Dirección del Trabajo.

Asimismo señala que dicha calificación jurídica corresponderá hacerla a los Tribunales de la República, en materias de su competencia y cuando sea sometido a su conocimiento, mas no se reitera y, en caso alguno, a la Dirección del Trabajo.

En conclusión indicó que el acto de la recurrida es ilegal y arbitrario porque carecía de facultades y excedió las materias propias de su competencia, vulnerando el principio de igualdad ante la ley, pues ha dejado en un plano de igualdad a los sindicatos y a los grupos negociadores, en circunstancias que la ley solo ha regulado a los primeros y respecto de los segundos, en iguales condiciones, pero solo con el mérito de lo decidido por la Dirección del Trabajo, en un acto infra legal e infra reglamentario, por lo cual se dejó sin efecto el dictamen recurrido.

Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación:

Voces: RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – SINDICATOS – DERECHO A LA SINDICALIZACIÓN – NEGOCIACION COLECTIVA – GRUPO NEGOCIADOR – CONVENIOS COLECTIVOS DEL TRABAJO – DIRECCION DEL TRABAJO – DICTAMEN ADMINISTRATIVO – IGUALDAD ANTE LA LEY – RECURSO ACOGIDO
Partes: Sindicato de Empresas Paris Administradora Norte Limitada y otros c/ Dirección del Trabajo s/ Grupo negociador – Acuerdo colectivo
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Octava
Fecha: 11-oct-2018
Cita: ROL:56412-18, MJJ57551
Producto: Microjuris – Laboral
 
 El acto de la Dirección del Trabajo, en cuanto emite el Dictamen N° 3938 /33 de 27 de julio del año 2018 que concluyó que los acuerdos entre los grupos negociadores y los empleadores es un instrumento colectivo y como tal debe ser registrado ante la Inspección del Trabajo, es ilegal y arbitrario porque carecía de facultades y excedió las materias propias de su competencia, vulnerando el principio de igualdad ante la ley, pues ha dejado en un plano de igualdad a los sindicatos y a los grupos negociadores, en circunstancias que la ley solo ha regulado a los primeros; y respecto de los segundos, en iguales condiciones, pero solo con el mérito de lo decidido por la Dirección del Trabajo, en un acto infra legal e infra reglamentario, como es el Dictamen recurrido.

 

1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto por los sindicatos recurrentes en contra de la Dirección del Trabajo por la actuación consistente en el Dictamen N° 3938 /33  de 27 de julio del año 2018 que concluyó que los acuerdos entre los grupos negociadores y los empleadores es un instrumento colectivo y como tal debe ser registrado ante la Inspección del Trabajo. Al respecto, de la simple lectura de la Ley «20.940 » en relación al capítulo «De la Negociación Colectiva», ésta no contiene ninguna regulación en relación a los acuerdos entre los grupos negociadores y sus empleadores, de modo que, en la especie, no existió una interpretación de normas legales, sino que- ante un vacío legal-, dio una calificación jurídica a dicho Acuerdo y creó una norma, excediendo sus facultades legales, pues conforme se desprende de los artículos 19 N° 16 , 63  y 64  de la Constitución Política de la República, solo son materias de ley; y ha sido la misma Carta Fundamental la que le ha dado dicha atribución al Congreso y al Presidente de la República, mas no a la Dirección del Trabajo. Además, en último término, dicha calificación jurídica corresponderá hacerla a los Tribunales de la República, en materias de su competencia y cuando sea sometido a su conocimiento, mas no se reitera y, en caso alguno, a la Dirección del Trabajo. Por lo anterior, el acto de la recurrida es ilegal y arbitrario porque carecía de facultades y excedió las materias propias de su competencia, vulnerando el principio de igualdad ante la ley, pues ha dejado en un plano de igualdad a los sindicatos y a los grupos negociadores, en circunstancias que la ley solo ha regulado a los primeros; y respecto de los segundos, en iguales condiciones, pero solo con el mérito de lo decidido por la Dirección del Trabajo, en un acto infra legal e infra reglamentario, como es el Dictamen recurrido.

2.- Se rechaza lo argumentado por la Dirección del Trabajo, en cuanto a que el dictamen puede ser reclamado conforme a la letra e) del artículo 420  del Código del Trabajo, por dos motivos: el primero, porque solo son reclamables las resoluciones de la autoridad administrativa, y esta no es una resolución sino un dictamen; y, en segundo lugar, porque solo son reclamables aquellas resoluciones señaladas en los artículos 503 , 511  y 512  del Estatuto Laboral; y, no se trata de ninguna de dichas situaciones. Por último, aunque sí fuere reclamable- que no lo es- el artículo 20 de la Carta Fundamental, señala que la acción cautelar es, sin perjuicio de las demás acciones que puedan deducirse por la vía ordinaria; en consecuencia, aunque existiere una acción por la vía ordinaria, ello no es motivo suficiente para rechazar la acción cautelar interpuesta.

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