Jurisprudencia Destacada Año 2018 N15

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 15 DE 2018

 

INVESTIGACIÓN SUMARIA – LABORAL

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Casanova c/ Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, PÚBLICA Y HONRA DE LA PERSONA Y LA FAMILIA – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – DOCENTES – INVESTIGACION SUMARIA – INDICIOS – DEBIDO PROCESO – RECHAZO DE LA DEMANDA

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Calama

Producto: Municipalidades – Laboral

La medida precautoria de suspensión transitoria de funciones decretada en sumario administrativo se enmarca en las facultades que otorga la ley 18.883 en la tramitación de sumario administrativo para establecer la responsabilidad disciplinaria del demandante, la que se ha ajustado a derecho, considerando especialmente la resolución que refiere los hechos por los cuales está siendo investigado – incumplimiento de obligaciones, entre las cuales se encuentran aquellas relativas a confeccionar planificaciones y los reclamos por los supuestos malos tratos con los alumnos- los cuales revisten la entidad suficiente para decretar la medida, no afectándose ni la integridad psíquica ni la honra del demandante, con dicha decisión.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar la demanda interpuesta por el docente por vulneración de derechos fundamentales, toda vez que en relación a la eventual la infracción al debido proceso, fundado en que no se habrían cumplido con los plazos y etapas establecidas en el sumario administrativo, de conformidad a lo dispuesto en la ley 18.883, lo cierto es que no todos los derechos fundamentales de los trabajadores están tutelados por el procedimiento de tutela laboral, sino solamente aquellos contemplados en la enumeración taxativa del artículo 485 del Código del Trabajo, no encontrándose la garantía constitucional del debido proceso. Además, se acreditó que en el sumario administrativo, advirtiendo el alcalde vicios procesales en la investigación sumaria, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 18.883, ordenó retrotraer el procedimiento, con el único fin de resguardar los derechos del sumariado, atendido a que efectivamente consta que no se efectúo correctamente los descargos y la falta de notificación.

2.- La medida precautoria de suspensión transitoria de funciones decretada en sumario administrativo se enmarca en las facultades que otorga la ley 18.883 en la tramitación de sumario administrativo para establecer la responsabilidad disciplinaria del demandante, la que se ha ajustado a derecho, considerando especialmente la resolución que refiere los hechos por los cuales está siendo investigado, los cuales revisten la entidad suficiente para decretar la medida precautoria, acreditando desde esa fecha que el demandante ha sido trasladado a prestar servicios a la Biblioteca Municipal, manteniendo sus remuneraciones conforme a las liquidaciones exhibidas. En consecuencia, encontrándose ajustado a derecho la adopción de la medida precautoria, no se vislumbra vulneración de derechos.

3.- En relación a la alegación de vulneración al derecho a la integridad psíquica, ella se desestima, toda vez que la afectación psicológica del demandante se enmarca como consecuencia del procedimiento disciplinario que se encuentra en tramitación, resultando que los síntomas que aquejan al demandante y su aflicción son esperables y predecibles, atendidas las imputaciones efectuadas, resultando efectiva su afectación psicológica, pero no constitutiva de vulneración de derechos fundamentales, considerando que la tardanza en la tramitación del sumario tuvo como propósito que el demandante ejerciera correctamente su derecho a defensa, por lo que, la medida adoptada por el alcalde de anular todo lo obrado resulta ser una medida proporcional e idónea con el objeto de resguardar los derechos del demandante.

4.- La actuación de la demandada se enmarca en un procedimiento de responsabilidad disciplinaria, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 18.883, esto es que, los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo. Desde ese punto de vista, la realización de dicha investigación se ajusta a derecho, sin que pueda advertirse una vulneración al derecho a la honra, toda vez que es necesario el esclarecimiento de los hechos y la determinación de eventuales responsabilidades.

 

URBANISMO Y CONSTRUCCIONES 

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Rimaza Grupo Inmobiliario Limitada c/ Ilustre Municipalidad de Puente Alto

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS A LA OBRA – ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO – LEGITIMACIÓN ACTIVA – RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Los jueces de fondo han aplicado debidamente el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por cuanto la referencia hecha en esta disposición, a las «subdivisiones afectas y loteos con urbanización garantizada» no ha sido establecida como condición necesaria para la emisión u otorgamiento del certificado de informaciones previas, sino como parámetro para la determinación de su vigencia, lo que lleva a concluir que tal instrumento no puede ser denegado en consideración a la circunstancia invocada por la reclamada, consistente en no existir obras de urbanización ejecutadas o caucionadas en los términos supuestamente exigidos por el artículo referido.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la municipalidad reclamada en contra de la sentencia que acoge el reclamo de ilegalidad, ordenando la emisión del certificado de informaciones previas solicitado. Esto, dado que los jueces de fondo han aplicado debidamente el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por cuanto la referencia hecha en esta disposición, a las “subdivisiones afectas y loteos con urbanización garantizada” no ha sido establecida como condición necesaria para la emisión u otorgamiento del certificado de informaciones previas, sino como parámetro para la determinación de su vigencia, lo que lleva a concluir que tal instrumento no puede ser denegado en consideración a la circunstancia invocada por la reclamada, consistente en no existir obras de urbanización ejecutadas o caucionadas en los términos supuestamente exigidos por el artículo referido, privando al acto cuestionado de fundamento o motivación suficiente, lo que conlleva su ilegalidad tal como correctamente ha sido concluido en la sentencia recurrida.

2.- El Alcalde posee legitimación activa respecto de la reclamación de ilegalidad sub júdice, pues se ha cuestionado la legalidad de la decisión por él adoptada mediante el oficio correspondiente, donde la propia autoridad edilicia esgrime razones de fondo para concluir la corrección de la respuesta negativa entregada por el Director de Obras Municipales de tal comuna a la solicitud de la reclamante, quien pretendía el otorgamiento de un certificado de informaciones previas de un predio de su propiedad. De esta manera, la decisión del recurrente quedó en condiciones de ser revisada en sede judicial según el mecanismo que el artículo 151 d) de la Ley Nº 18.695 pone a disposición del particular agraviado, debiendo tenerse en consideración, además, que el artículo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones no prescribe incompatibilidad alguna entre el reclamo que pueda presentarse ante la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, como superior técnico del Director de Obras Municipales, y aquel que es factible de presentar ante el Alcalde como superior jerárquico administrativo de dicho funcionario.

3.- Corresponde rechazar el recurso de casación en la forma interpuesto por la municipalidad reclamada en contra de la sentencia que acoge el reclamo de ilegalidad, ordenando la emisión del certificado de informaciones previas solicitado. Esto, dado que no se configura el vicio del artículo 768 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil, esto es, contener decisiones contradictorias. La causal invocada supone la existencia de, a lo menos, dos decisiones que pugnen entre si y no puedan cumplirse al mismo tiempo, cuestión que no ocurre en la especie, en la medida que, como se ha establecido, la contradicción se ha hecho consistir en la contraposición entre la norma aplicable al caso concreto, los hechos a probar, el mérito de la prueba rendida y la decisión del tribunal a quo, y no entre dos componentes de esta última incompatibles entre sí.

4.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la municipalidad reclamada en contra de la sentencia que acoge el reclamo de ilegalidad, ordenando la emisión del certificado de informaciones previas solicitado. Dado que, los jueces de fondo han infringido el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones al ordenar la emisión del certificado de informaciones previas. En la especie, es un hecho pacífico que el inmueble respecto del cual se solicita el certificado, consiste en una unidad dentro de un loteo irregular cuyas vías interiores a urbanizar no se encuentran contempladas en instrumento de planificación alguno. Esto, permite concluir que malamente puede entregarse un certificado de informaciones previas respecto de un lote cuyas condiciones urbanísticas son indeterminadas, por lo que la obligación cuyo cumplimiento de busca exigir respecto de la Dirección de Obras Municipales carece de objeto (Del voto en contra de la Ministra señora Sandoval).

 

BONO PROPORCIONAL – EDUCACIÓN 

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Villarroel c/ Ilustre Municipalidad de Calbuco

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

Se ajusta a derecho la sentencia impugnada al determinar que el aumento de la bonificación proporcional con los fondos otorgados por la Ley N° 19.933, es aplicable a los docentes de los establecimientos particulares subvencionados, no así respecto del sector municipal.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los docentes en contra de la sentencia que rechazó su demanda contra la Municipalidad por el aumento de la bonificación proporcional de la Ley N° 19.933 Esto, dado que, la Ley N° 19.410 , en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada “bonificación proporcional mensual”, como una con las características que señalan sus artículos 8 y 11 , y cuya fórmula de cálculo se estableció en el artículo 10 ; y que se mantuvo como tal, debidamente reajustado. En todo caso, el Estatuto Docente que entró a regir el 4 de abril de 2017, tiene una versión sustituida del artículo 63 en los términos que señala y no contiene los artículos 65 y 66 del anterior, que, como se dijo, aludían al bono de que se trata en los mismos términos de la ley primeramente citada. Lo anterior, porque la Ley N° 20.903 , de 1 de abril de 2016, modificó la primera disposición y derogó las otras dos. Sin embargo, la Ley N° 19.933, igualmente las que le antecedieron, ya mencionadas, no dispuso su aumento en la forma como lo pretenden los demandantes, pues mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica.

2.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia, pues la circunstancia que la prerrogativa aludida fue instaurada e incorporada a las disposiciones permanentes del Estatuto Docente, en los artículos 63 y 65 del mismo cuerpo normativo, erigiéndose como un derecho para los profesionales del sector municipal y del particular subvencionado. Las citadas normas no han sido modificadas, por lo que la bonificación proporcional constituye un rubro fijo en la renta de los docentes, debiendo destacarse que la vinculación que se genera entre los docentes y los sostenedores de los establecimientos educacionales es de naturaleza estatutaria, porque no interviene la voluntad de las partes en orden a generar o eliminar obligaciones o derechos, pues son determinados por el Estado, como ente regulador de la relación (Del voto en contra del Ministro señor Blanco y del abogado integrante señor Munita).

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO 

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Villena c/ Ilustre Municipalidad de Maipú

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – NULIDAD DEL DESPIDO – DESPIDO INJUSTIFICADO – HONORARIOS – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – ACCIÓN DECLARATIVA – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

No procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra de la sentencia que acogiendo su demanda declarativa de relación laboral y despido injustificado, desestimó su demanda de nulidad del despido. Esto, dado que los jueces al rechazar la demanda de nulidad de despido, aunque con argumentos que la Corte no comparte, en lo resolutivo, coincide con la conclusión arribada, esto es, que procedía rechazar la pretensión de la parte demandante de aplicar a la recurrente la sanción de la nulidad de despido, pues la correcta interpretación de la materia objeto del juicio es que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

2.- Si bien, la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de evidente naturaleza declarativa, por lo que la regla general en esta materia, es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido en el caso de constatarse la falta de pago de las cotizaciones previsionales, dicha conclusión debe variar cuando se trata, en su origen, de relaciones laborales que provienen de un contexto de contratación a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado, pues en tales casos, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cual es que ellos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.

3.- La aplicación de la sanción de nulidad del despido, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio firme, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

 

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA 

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Valenzuela Alegría, Marcelo c/ Ilustre Municipalidad de Hualpén y otra

Voces: CIVIL – MUNICIPALIDADES – TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA – RECURSO DE APELACIÓN – PRESCRIPCIÓN – LEY PROCESAL – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – CASACIÓN DE OFICIO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Se deja sin efecto lo obrado desde la dictación de la resolución que decidió declarar la prescripción del recurso de apelación, atendido que ha existido un grave error de procedimiento que ha impedido la materialización del debido proceso, pues a la fecha del pronunciamiento de la resolución que declaró prescrita la apelación de la reclamante , se encontraba vigente la Ley de Tramitación Electrónica, que derogó la institución de la prescripción del recurso de apelación, regulada en los artículos 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil.

Doctrina:

1.- Corresponde anular de oficio la sentencia que confirmó el fallo de primera instancia y acogió la solicitud de prescripción de la apelación intentada por la demandada. Esto, dado que, a la fecha del pronunciamiento de la resolución que declara prescrita la apelación de la reclamante, se encontraba vigente la Ley de Tramitación Electrónica, que derogó la institución de la prescripción del recurso de apelación, regulada en los artículos 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, no resultaba procedente que el tribunal de alzada confirmara la resolución de primera instancia, haciendo suyos los argumentos mediante los cuales se declaró la prescripción del recurso de apelación interpuesto por la actora.

2.- La Ley de Tramitación Electrónica tiene el carácter de ley procesal, toda vez que regula las condiciones en que se desarrollan las actuaciones al interior del proceso. Lo anterior es relevante, por cuanto la regla general es que estas normas, a falta de regla expresa, rigen in actum. Así lo dispone expresamente el artículo 24 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, que establece que las normas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, con excepción de los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones que ya estuvieren iniciadas.

3.- Sin perjuicio de que el texto del artículo segundo transitorio de la Ley de Tramitación Electrónica dispone que sus disposiciones sólo se aplicarán a las causas iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia, el sentido y alcance de esta disposición transitoria es limitado, toda vez que únicamente se refiere al respaldo material constituido por el expediente físico que ahora pasó a ser electrónico. En efecto, la tramitación electrónica que constituyó el eje de la reforma, involucró un cambio esencial relacionado con la materialidad del expediente, el que se elimina. Es en razón de aquello que, para realizar la transición, se decidió que las causas anteriores a la vigencia de la ley, que ya contaban con un expediente material, podrían seguir tramitándose de aquel modo. Este es el único objeto que tuvo la norma segunda transitoria, que constituye una norma excepcionalísima, que debe ser interpretada en armonía con la naturaleza de la ley procesal y con la expresa disposición de vigencia consagrada en el artículo primero transitorio antes referido.

 

RENTAS MUNICIPALIDADES 

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Corporación Educacional Darío Salas c/ Ilustre Municipalidad de Chillán

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – PATENTE COMERCIAL – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – CORPORACIONES EDUCACIONALES – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La recurrente, en calidad de sucesora de la sociedad sostenedora que originó la morosidad por concepto de patente municipal, sólo responde del pago de esa deuda, y, por ser una corporación, no puede ser objeto de clausura en razón de la respectiva morosidad.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que rechazó el recurso de protección deducido por la Corporación educacional sostenedora de establecimientos del rubro en contra de las decisiones de la municipalidad recurrida que dispusieron la clausura de recintos que administra, fundada en la existencia de una deuda morosa de patente comercial originada por la sociedad que la antecedió en la administración de los mismos. Al respecto, si bien a la corporación recurrente le cabe responsabilidad en la obligación insoluta de patentes comerciales que dejó su antecesora, no en cuanto sujeto gravado con ellas pues no lo es, sino como sucesora de las obligaciones de la cedente de los activos, lo cierto es que esa responsabilidad no tiene la extensión que la recurrida y la sentencia apelada le atribuyen. En efecto, el artículo 34 del Decreto Ley 3.063, de 1979 esclarece que la sucesora responde únicamente del pago de la patente morosa. En esa dirección al ser las obligaciones, en términos generales, de orden personal, esto es, que sólo pueden exigirse de quienes las han contraído, importa, últimamente, una doble garantía de libertad, en su dimensión de autonomía: por un lado, implica la facultad de decidir si obligarse y, por otro, envuelve la seguridad de no ser obligado contra la voluntad. Dada esa característica de las obligaciones, en principio la norma del artículo 34 referido no puede extenderse a más gravamen que el admitido por su texto. Por consiguiente, no existiendo antecedentes que hagan plausible extender esa responsabilidad más allá del tenor literal de la disposición, se concluye que la responsabilidad que pesa sobre la sucesora de un establecimiento gravado con patente comercial, se limita únicamente al pago de las patentes morosas que existan, particularmente cuando dicha sucesora es sujeto exento de patente municipal.

2.- La medida de clausura de un negocio por no pago de patente supone, necesariamente, que el establecimiento que será afectado con la misma sea de aquellos que deban contribuir con ese gravamen. En este sentido, destaca lo dispuesto por los artículos 23, inciso primero , y 27 del Decreto Ley 3.063. Con arreglo al primero de ellos: «El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquiera otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley». De acuerdo con el segundo: «Sólo están exentas del pago de la contribución de patente municipal las personas jurídicas sin fines de lucro que realicen acciones de beneficencia, de culto religioso, culturales, de ayuda mutua de sus asociados, artísticas o deportivas no profesionales y de promoción de intereses comunitarios». No habiendo cuestión en torno a que la recurrente queda cubierta por el precepto del artículo 27, cabe poner de relieve que la exención que éste prevé es plenamente consistente con la carga que instaura el artículo 23. En efecto, dicha carga consiste en una contribución de patente municipal -no una patente a solas-, y de aquello que son eximidas las corporaciones es, precisamente, del pago de la patente. De esta forma, la recurrente, en calidad de sucesora de la sociedad sostenedora que originó la morosidad por concepto de patente municipal, sólo responde del pago de esa deuda, y, por ser una corporación, no puede ser objeto de clausura en razón de la respectiva morosidad. Así, la conducta de la municipalidad recurrida es contraria a la ley y dispensa un trato discriminatorio a la recurrente, en cuanto la somete a sanciones no previstas para el caso en que se están aplicando, vulnerando la igualdad ante la ley que le asegura el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

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