Segundo TOP de Santiago Condena a 7 años de presidio efectivo a R. Garay como autor de 29 delitos de estafa

En fallo unánime (causa rol 325-2018), El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Rafael Eduardo Garay Pita a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor de 29 delitos reiterados y consumados de estafa. Ilícitos perpetrados entre agosto de 2011 y junio de 2016, aplicó, además, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de una multa de 21 UTM (unidades tributarias mensuales).

El tribunal dio por acreditado que desde el segundo semestre del año 2011 hasta el mes de junio de 2016, Rafael Garay ofreció asesoría financiera y de inversiones a diversas personas naturales y jurídicas, a través de la sociedad de su pertenencia,  con el propósito de administrar dineros provenientes de éstos, a pesar de lo cual Garay, ni personalmente ni a través de la sociedad referida, desarrolló inversión alguna para sus clientes.  Cimentaba además sus competencias y sostenía su credibilidad en sus títulos profesionales y en su constante aparición en diversos medios de comunicación y redes sociales, en las que demostraba contar con un profundo conocimiento sobre transacciones financieras nacionales e internacionales y economía.

En concreto, su objetivo fue captar los recursos pecuniarios de tales personas, acción que se materializó en cada caso mediante la suscripción de un contrato de asesoría entre el respectivo cliente y la empresa, en cuyas cláusulas se estipuló que su empresa, se encargaría de administrar el dinero entregado por los inversores, comprometiéndose a entregar a cada uno una rentabilidad mínima anual de 18% nominal anual en pesos, libre de impuestos y antes de comisión, cobrando por dicha gestión honorarios equivalentes a un 7% sobre la utilidad acumulada. Los dineros aportados por los supuestos inversionistas, fueron depositados tanto en la cuenta corriente de la empresa, como en cuentas bancarias personales de Garay.

Posteriormente, Garay remitió mensualmente a los clientes información sobre la supuesta inversión a través de correos electrónicos, en que les señalaba el interés mensual obtenido y ofrecía un breve comentario acerca de la situación económica internacional y de la forma en que tales movimientos repercutían en sus fondos. Incluso, en algunos casos, entregó a algunos de los clientes inexistentes utilidades que provenían no de la inversión sino de los dineros que otros usuarios le entregaban para su administración.

Asimismo, el fallo señala que la configuración de 29 delitos de la misma especie en la presente causa justifica plenamente ir más allá del incremento penal mínimo vinculado al presupuesto base de la reiteración, esto es, la concurrencia de al menos dos delitos, ello en cuanto la carga punitiva que 29 ilícitos puede imprimir a la reiteración de hechos es notablemente superior a la pena mínima aplicable que genera para ésta el aumento en un grado por efecto de la regla de reiteración delictiva específica, motivo por el cual estos sentenciadores, apelando al factor objetivo consistente en la gran cantidad de delitos configurados en el caso en análisis, consideran que resulta justificado y proporcionado incrementar la penalidad base del delito de estafa en dos grados, resultando como grado base de penalidad, luego de aplicada la regla de reiteración, el presidio mayor en su grado medio.

Por otro lado, benefician dos circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, por lo que el Tribunal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 67 inciso cuarto del Código Penal y en cuanto se cumple el estándar mínimo para la generación de tal potestad, estima adecuado hacer uso de la facultad allí establecida y, en consecuencia, rebajará en un grado la sanción previamente fijada, con lo cual finalmente el tramo punitivo quedará situado en el presidio mayor en su grado mínimo.

Por una parte, en orden a fijar la cuantía exacta de la sanción privativa de libertad a imponer, por un lado, se ha tenido presente que las conductas acreditadas constituyen la primera aproximación del encausado a la comisión de ilícitos, no teniendo en su vida pretérita reproches de tal naturaleza. Se ha ponderado asimismo que, como se expresó latamente en Apartados precedentes, su actitud hacia el proceso, una vez que resultó aprehendido, fue más bien colaborativa, entregando en su declaración judicial una versión altamente similar con aquellas que prestaron las víctimas en el juicio.

Por otro lado, surgen como antecedentes cualitativamente de mayor importancia, aquellos que se relacionan a una mayor extensión del mal causado por los delitos, que en este caso afectó a un número considerable de personas, no pudiendo asimismo soslayarse los montos que resultaron comprometidos, tanto en el importe total, por una suma superior a los 1.354 millones de pesos, como en cada caso particular, en que alcanzaron importantes montos y que estos debieron seguir enfrentando como deudas personales.

Finalmente, no puede ser omitido en la ponderación del daño causado las circunstancias en que el encausado tramó toda una maquinaria de mentiras destinadas a facilitar su huida del país sin cumplir con las devoluciones de dinero que sólo un par de meses antes había prometido, ardides que sin duda lo colocaron en una situación ventajosa para disponer del tiempo que él libremente requiriera a fin de escapar del territorio nacional, una vez que los recursos pecuniarios defraudados ya habían sido casi en su totalidad gastados, agotando de esta forma los ilícitos cometidos y dejando a las víctimas en la imposibilidad práctica de obtener sus recursos de vuelta.

En conclusión, sin duda las circunstancias atenuantes reconocidas en la presente causa tornan desproporcionado aplicar en este caso el tramo superior del grado punitivo fijado anteriormente pero, asimismo, aquellos factores que han incidido en provocar una extensión mayor del daño causado surgen como un impedimento para imponer el tramo sancionador en su parte más baja, de lo cual aparece como conclusión que la solicitud de pena del Ministerio Público y de los querellantes no ha logrado ponderar en su justa medida los alcances del desvalor conductual y de resultado de los hechos sometidos a conocimiento del Tribunal, mientras que por otro lado, las pretensiones de los abogados querellantes han omitido en su análisis y cuantificación punitiva las circunstancias que han morigerado el reproche imputable a Garay, excediendo con su petición de pena el real alcance del injusto acreditado.

Consulte texto completo de la sentencia.

Fuente: PJUD.

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