Corte de Apelaciones acoge recursos de protección contra instructivo de Gendarmería que restringe uso de redes sociales de funcionarios

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió los recursos de protección presentados por dirigentes gremiales de Gendarmería en contra del instructivo dictado en agosto pasado que instruye respecto del uso de redes sociales por parte de funcionarios, con el objeto de impedir que se afecte la dignidad de los mismos o se perjudique la imagen institucional,  el cual consiste en limitar el uso de comunicaciones en redes sociales de funcionarios.

La sentencia establece que este instructivo atenta contra la libertad de expresión de los funcionarios, que se encuentra consagrada en la Constitución Política y en tratados internacionales suscritos por Chile.

Asimismo hace referencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece establece en su artículo 13 que:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Agrega que la aplicación de la garantía internacional contenida en la Convención mencionada debe ser interpretada de manera más amplia y en uso del principio “pro hominem”, ya que por aplicación del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la normativa internacional prima por sobre el ordenamiento jurídico interno.

En consecuencia, resulta contra legem, que la recurrida se asile en sus facultades legales para dictar instrucciones y circulares, si en el ejercicio de
dicha potestad, no sólo violenta el texto expreso de la libertad de expresión reconocida en nuestra Carta Fundamental, sino también, normas de derecho internacional, como las descritas previamente, motivo por el cual, debe restablecerse el imperio del derecho y, en consecuencia, adoptar las medidas tendientes a remediar la afectación que se ha realizado contra la libertad de expresión de los recurrentes, como se indicará en lo dispositivo de esta sentencia.

Fuente: PJUD.

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