Corte Suprema rechaza recurso de nulidad y confirma condena a autores de serie de robos de vehículos

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal  rechazó recurso de nulidad, descartando infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por el Sexto Tribunal de juicio Oral en lo Penal de Santiago, el de 31 de agosto pasado, que condenó a 4 sujetos a las penas efectivas de 12 años, 15 años y un día, 17 años y 14 años de presidio, respectivamente, como autores de serie de robos con intimidación y violencia de vehículos. Ilícitos perpetrado entre 2015 y 2017, en las comunas de San Ramón, San Miguel, Santiago y Ñuñoa.

El fallo sostiene que, en lo que atañe a la vulneración de la garantía del debido proceso, por haber procedido la policía a efectuar diligencias que fueron determinantes para el juicio de reproche, sin haber dado cuenta del origen de la información que constituyó el punto de partida de la investigación, así como del cumplimiento de su deber de registro, debe partirse de la base que la sentencia dejó, en los pasajes atingentes a las declaraciones de dos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile,  que a fines del 2015 se creó la BIRO SUR, que tenía como principal objetivo abarcar el fenómeno “portonazo” en las cuatro zonas Metropolitanas.

Estos  funcionarios dieron cuenta que se recopiló información tanto en las municipalidades como en la comuna de La Granja y población Yungay, que correspondía al lugar en el cual se producían principalmente los hallazgos de las especies sustraídas. Explicaron que con aquella información, configurada por testigos informales, que se negaban a identificarse por temor a represalias,  se configuró una base de datos, que fue administrada por la Jefatura Nacional y de la cual apareció el apodo de un sujeto relacionado con delitos de robo con intimidación, bajo la modalidad del portonazo, el cual era conocido en la población Yungay y que fue identificado por la policía.

Producto de dicha información se generó una Orden de Investigar por la Fiscalía Metropolitana Sur, por los delitos de robo con intimidación y violencia, de la cual uno de los inspectores fue el gestor. Según aparece en los fundamentos aquellos antecedentes fueron a su vez concordantes con lo narrado en estrados por el Teniente de Carabineros, quien señaló que el año 2017, se desempeñaba en la sección de bloque portonazos, cuya finalidad era el diligenciamiento de las órdenes de investigar emanadas del Ministerio Público.

Por lo tanto, el apodo, no fue el único hilo conductor de esta investigación, la que se sostuvo sobre la base de distintos antecedentes, cuyos puntos de partida fueron diversos para la acreditación de cada uno de los ilícitos materia de la acusación. En efecto, la investigación, resultó amparada en la intervención policial de cuatro equipos de investigativos distintos.

Dicho lo anterior, no resulta obligatorio que el fiscal a cargo del asunto haya de especificar cada uno de los pasos que la investigación debe adoptar. El otorgamiento de una orden de investigar, por parte de la Fiscalía, conlleva para sus destinatarios el discernimiento de lo que, fruto de la experiencia y conocimientos especializados, se les presenta como favorable para el logro de los fines propios de su misión, acorde a la naturaleza de las circunstancias a las que se vayan enfrentando, buscando la eficacia del debido proceso penal. En efecto, la tutela de garantías no debe conducir a los extremos de un excesivo formalismo, que impida sus resultados.

Fuente: PJUD.

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