Corte Suprema acoge recurso de casación en contra de pretensión de acreedores de créditos generados durante reorganización de empresa

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido por liquidadora concursal en contra de la pretensión de acreedores de créditos otorgados durante periodo de reorganización de la fallida compañía Minera . Se estableció que los créditos adquiridos durante periodo de protección financiera, no gozan de la prelación de pago alegada.

El fallo indica que el período de protección financiera concursal que la ley otorga al deudor lo ha sido para que este pueda iniciar el proceso de negociación, en un marco de tranquilidad y sin que se vea expuesto a procedimientos compulsivos que puedan significar la pérdida de la unidad productiva; durante el cual los acreedores que mantengan el suministro de bienes y servicios, precisamente por contribuir a ese fin, son compensados con el reconocimiento de una preferencia, para incentivar el acuerdo de reorganización.

Así este período ha sido considerado como un tiempo razonable para que el deudor pueda elaborar un plan de reorganización, sin temor a ser ejecutado, manteniendo la administración de sus negocios, bajo ciertas restricciones que le permitan seguir desarrollando las actividades del giro.

Por otra parte el presupuesto legal para que a los créditos provenientes de las figuras previstas en los artículos 72, 73 y 74 de la ley concursal pueda reconocérseles la preferencia consagrada en el artículo 2472 N°4 del Código Civil, es que no se hubiera suscrito el acuerdo de reorganización judicial y se dictare la resolución de liquidación concursal. Tal situación no puede equipararse a lo que aconteció en este caso en que el acuerdo de reorganización de Compañía Minera Linderos fue aprobado en el procedimiento que tuvo lugar, se ejecutó y estuvo vigente durante un período de tiempo hasta que se declaró su incumplimiento, pues esto difiere sustancialmente de la premisa de que no se suscribiere el acuerdo, teniendo en consideración lo señalado en cuanto al objetivo que persiguió el legislador con la instauración de la protección financiera concursal. Por lo demás, de acuerdo al artículo 99 inciso tercero de la Ley 20.720, ‘la declaración de nulidad o incumplimiento del Acuerdo no tendrá efecto retroactivo y no afectará la validez de los actos o contratos debidamente celebrados en el tiempo que media entre la resolución que aprueba el Acuerdo y la que declare la nulidad o el incumplimiento’, lo que implica que no es posible desconocer que este fue aprobado y produjo efectos, aunque luego resultara fallido”.

De este modo, no resulta procedente la aplicación del artículo 239 de la Ley 20.720, que establece que: ‘Los créditos provenientes de la continuación de actividades económicas del Deudor podrán perseguirse solamente en los bienes comprendidos en ella y gozarán de la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil para el pago respecto de los demás acreedores del Deudor’, al caso de que se trata, por cuanto dicha norma ha sido prevista para el procedimiento de liquidación concursal y no para la de reorganización, para el cual la ley estableció una regulación diversa y limitada a los casos analizados, no siendo posible la alteración de su ámbito de aplicación atendida la naturaleza de las normas que regulan la materia relativa a la prelación de créditos.

Fuente: PJUD.

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