Estatuto Laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior ¿Contrato especial en favor de quién?

…”¿Se cumple efectivamente la premisa inicial de erradicación de informalidad en el trabajo juvenil por el sólo hecho de establecer una figura de contrato especial?, ¿Es posible hablar de un incentivo real a la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral como lo plantea el objetivo del mensaje del Proyecto?, ¿Existe un verdadero resguardo de los derechos de los jóvenes como los hay del resto de los trabajadores que no se incluyen dentro de este contrato especial? La respuesta con toda probabilidad es no”…

Por Camila Fernanda Encina Labra (*)

El pasado 13 de marzo del año en curso y después de casi cinco años, se retomó la tramitación del “Proyecto de Ley que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior” el cual ingresó al Congreso Nacional con fecha 18 de junio de 2013 específicamente en el Boletín N°8996-13. Esta iniciativa de ley, introduce el Capítulo VIII en el Título II del Libro I del Código del Trabajo, incorporando los artículos: 152 quáter, A, B, C, D, E y F que regulan la figura del contrato alternativo para el trabajador estudiante.

El avance en la tramitación de este proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, ha sido objeto de las más duras críticas en el último tiempo por parte de actores como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quienes sostienen que su aprobación no viene si no a precarizar a los trabajadores.

En Chile, actualmente, la tasa de desempleo entre los jóvenes de entre 18 y 24 años alcanza un 17,0%. De los jóvenes que trabajan, un 38% de éstos lo hacen informalmente (cifras elaboradas por el Ministerio del Trabajo en base a CASEN – 2015).

La informalidad en el trabajo dice relación, en términos generales, con un fenómeno ocupacional poco estable en donde el desempeño de un trabajo no se encuentra documentado con un contrato de trabajo, no hay protección ni derechos laborales. Dicho fenómeno produce consecuencias alarmantes ya que los trabajadores en esas circunstancias aceptan condiciones contractuales muy desventajosas que perjudican su desarrollo y adicionalmente, se aumentan las ya existentes asimetrías entre las partes.
El referido Proyecto de ley, en su tenor explícito, pretende “establecer una regulación acorde a las necesidades de los estudiantes de educación superior que quieran compatibilizar sus responsabilidades académicas con una actividad laboral.”(1) y los ejes principales del Proyecto se encuentran al menos en teoría, orientados a promover la creación de empleos formales y de calidad.

En la tramitación de esta Iniciativa de ley, han existido distintas modificaciones al texto, dentro de las cuales cabe destacar las siguientes alteraciones, en primer lugar el ámbito de aplicación del contrato. Inicialmente, el rango etario para los estudiantes trabajadores comprendía el espectro que va desde los 18 a los 24 años de edad inclusive pero aquél criterio se modificó fijando el rango entre los 18 y 28 años de edad inclusive.

En segundo lugar, la obligación de acreditar la calidad de estudiante de educación superior. Originalmente, la obligación de acreditar al empleador la calidad de alumno regular regía cada seis meses, mediante certificado vigente para el respectivo semestre o año académico. Sin embargo, esta disposición se modificó en el sentido de que el sujeto está obligado a acreditar dicha calidad dentro de los ciento veinte días de celebrado el contrato y en lo sucesivo una vez cada año que se mantenga la relación laboral, mediante certificado vigente emitido por la institución respectiva.

En tercer lugar, las características de la jornada de trabajo. En un principio, entre el comienzo y el término de la jornada no podían transcurrir más de catorce horas, sumados los períodos trabajados y los períodos de interrupción, dentro de un lapso de veinticuatro horas y que la suma de las horas trabajadas no podía ser superior a doce horas diarias y cada cinco horas de trabajo continuo, tenía derecho a lo menos a media hora de descanso y colación. De manera posterior, se estableció que entre el inicio y el término de la jornada no podían transcurrir más de doce horas, sumados los períodos trabajados y los períodos de interrupción, dentro de un lapso de veinticuatro horas. A su vez, la suma de las horas trabajadas no puede ser superior a diez horas diarias y cada cuatro horas de trabajo continuo, el trabajador tiene derecho a lo menos a media hora de descanso y colación.

Respecto del contenido del referido Estatuto, no resulta lógico desconocer el mérito de ciertas medidas, como; (i) Las remuneraciones obtenidas, no se consideran como sueldo, ni se toman en cuenta para efectos de determinar la condición socioeconómica del estudiante o su grupo familiar. Lo que permite mantener el acceso a beneficios de financiamiento estudiantil, (ii) Este trabajador podrá optar por no cotizar en salud y mantener su calidad de carga legal o médica, (iii) Se excluye de esta posibilidad a las empresas que durante el año calendario anterior registren accidentes graves o fatales en donde el empleador hubiese sido condenado por culpa o negligencia y (iv) Que la aplicación de este Estatuto es optativa para el estudiante.

Sin embargo, existen aspectos que dejan en una posición de evidente desventaja a los trabajadores; (i) No se contempla la existencia de las indemnizaciones por años de servicio, (ii) No se considera para efectos de antigüedad laboral el tiempo trabajado en virtud de estos contratos, (iii) Quienes se acojan a esta contratación, no cotizarán para el seguro de cesantía, (iv) No se encuentra determinado el porcentaje límite de contratación bajo esta modalidad, entre otros.

De esta manera, resulta posible argumentar tanto a favor como en contra de cada uno de los artículos del Proyecto dependiendo de la línea argumentativa que se pretenda seguir, pero profundizar en aquello significaría una discusión con tantos razonamientos y juicios como posibilidades.

A mayor abundamiento y más allá del análisis particular de cada una de las aristas, cabe preguntarse, ¿Se cumple efectivamente la premisa inicial de erradicación de informalidad en el trabajo juvenil por el sólo hecho de establecer una figura de contrato especial?, ¿Es posible hablar de un incentivo real a la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral como lo plantea el objetivo del mensaje del Proyecto?, ¿Existe un verdadero resguardo de los derechos de los jóvenes como los hay del resto de los trabajadores que no se incluyen dentro de este contrato especial? La respuesta con toda probabilidad es no.

El germen de un avance en la materia y la implementación de ciertos cambios existen en el referido Proyecto de Ley, pero no bastan. La mera existencia de un contrato especial que regule de mejor o peor manera, el ingreso y tratamiento laboral que tendrán los jóvenes a quienes está dirigido el Estatuto, no cumple con el fin de suprimir la creciente informalidad laboral que los afecta. Lo anterior, ya que el conflicto entre la formalidad versus la informalidad laboral debe entenderse como un tema cuyo espectro es más amplio, en donde cabe incluir la discusión y evaluación de aspectos como los planteados en el taller de coyuntura del Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo como; las disminuciones de personal fijo, el aumento de las contrataciones a plazo y/o temporales en jornadas parciales, la externalización de funciones, la contratación de servicios mediante pactos comerciales y no laborales, el no pago de obligaciones legales a los trabajadores, la informalidad laboral por razones de conveniencia o de ilegalidad (por nombrar algunos), ponderando a la vez aspectos económicos, educacionales, de género, tecnológicos, etc.

Todas éstas, cuestiones que en su conjunto marginan gravemente a un grupo muy importante de personas y que no se resuelven por defecto con la creación de un estatuto laboral especial, al menos no en la forma en la que se configura en el actual Proyecto de ley del Estatuto Laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior.

________________

(*)  Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Diego Portales.

(1) Mensaje Nº 051-361, Proyecto de ley que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior, 2013, p.1.

Consulte tramitación de Proyecto de Ley, Boletín N° 8996-13

Consulte también: Ministra Matthei presentó a comisión de trabajo proyecto que crea estatuto laboral para jóvenes estudiantes

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