Jurisprudencia Destacada Año 2018 N18

REVOCACIÓN DE PATENTE MUNICIPAL

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Del Pero Espinoza, Jenny D. c/ Ilustre Municipalidad de Huechuraba

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – RECURSO DE RECLAMACIÓN – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Segunda

Producto: Municipalidades – Microjuris

La revocación de la patente municipal entregada originariamente, fundada en la falta de los requisitos legales para acceder a ella y que, por un error involuntario, fue otorgada desde un inicio ha devenido en ilegal. Esto, pues ha actuado sin acatar lo previsto en los artículo 13 y 53 de la Ley 19.880 en cuanto al procedimiento revocatorio y los presupuestos para invalidar los actos viciados.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el reclamo de ilegalidad interpuesto por la interesada en contra de la resolución administrativa que confirmó la decisión del departamento de patentes de la Municipalidad, revocando la patente comercial de la microempresa familar que había otorgado con anterioridad, invocando la falta de requisitos legales desde un principio y declarando que el otorgamiento original correspondió a un error. Esto, dado que, con su decisión revocatoria, la autoridad ejerce la potestad que la ley le reconoce sin acatar lo previsto en el artículo 53 inciso primero de la Ley 19.880, que permite a la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.

2.- El artículo 53 inciso primero de la Ley 19.880 necesariamente debe relacionarse con el artículo 13 de la misma ley, que determina que el vicio formal o de procedimiento sólo afecta la validez del acto cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado; presupuestos que no se han demostrado que concurran en la especie, de manera que la Municipalidad ha actuado de facto y sin cumplir con el mandato de la ley si su voluntad era la de invalidar sus actos.

2.- El artículo 26 del DL 3063, sobre Rentas Municipales, considera una serie de requisitos, limitaciones y autorizaciones para el inicio de un giro o de una actividad gravada con patente municipal, de las cuales dispensa expresamente a las microempresas familiares, tal como lo señala la Ley 19.749, que establece normas para facilitar la creación de estas últimas. La circunstancia de ejercer su actividad comercial en un inmueble que le servía de casa-habitación, situado al interior de un condominio le imponía precisamente a la reclamante, la exigencia de contar con la autorización del respectivo Comité de Administración, por mandato de lo dispuesto en la parte final del inciso segundo del DL 3063 sobre Rentas Municipales y el artículo único de la Ley 19.749.

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – COMETIDO ESPECÍFICO

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Cuevas c/ Ilustre Municipalidad de Chillán

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DOCENTES – DISCRIMINACIÓN – DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO – ACOSO LABORAL – DEMANDA ACOGIDA

Cuevas c/ Ilustre Municipalidad de Chillán s/ Acoso laboral – Discriminación por orientación sexual

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán

Producto: Municipalidades – Laboral

A pesar de justificarse el término de la contrata en las necesidades del establecimiento, existen indicios suficientes que acreditan la naturaleza discriminatoria de dicho término de contrato, constituyendo un elemento integrante de la discriminación en razón de la orientación sexual y acoso laboral que perpetró, contra el actor, el jefe de UTP del establecimiento educacional. Por ello, la falta de adopción de las medidas que la ACHS recomendó al establecimiento para resguardar la salud del trabajador, hace responsable al empleador de los daños morales producidos por las conductas denunciadas.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la denuncia interpuesta de tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido interpuesta por el trabajador, por la vulneración de su derecho a la no discriminación y a la integridad psíquica. Esto, dado se acreditaron indicios suficientes de la existencia de las vulneraciones denunciadas. En cuanto al artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, la integridad síquica del actor se vio afectada, toda vez que el acoso laboral de que era objeto por parte del Jefe de UTP afectaron directamente el estado anímico, y, en consecuencia, la siquis del actor, derivando en un perjuicio directo en su situación personal y laboral, generando una patología que se aprecia de larga duración en el tiempo. En efecto, fue acreditado que el jefe de UTP, respecto del actor, incurría en malos tratos, humillantes y prepotentes, dirigiéndose a él en términos despectivos y groseros, conminándolo, incluso, a realizar funciones que le correspondían al mismo acosador, además de las reiteradas ocasiones donde, dentro y fuera de las actividades del establecimiento educacional, frente al resto de sus colegas, lo agredió verbalmente por su orientación sexual.

3.- En cuanto a la no discriminación, se ha infringido esta garantía, pues no solo se ha acreditado que existía una denostación pública, constante y gratuita contra el actor por el solo hecho de su orientación sexual, sino que además esta fue constante en el tiempo y tuvo su punto cúlmine con el hecho del despido. Respecto a este punto, se debe descartar la alegación de la denunciada en el sentido de que en este caso no existiría despido propiamente tal, sino un vencimiento de la contrata, puesto que el vencimiento del plazo de contratación no exime de la necesidad de examinar si en la decisión de no renovar el contrato se ha vulnerado el derecho constitucional del afectado a la admisión a todas las funciones y empleos públicos y si, en específico, corresponde a un acto de discriminación.

4.- En cuanto a la naturaleza del despido, es efectivo que se acreditó la necesidad del establecimiento en torno una adecuación de la planta docente, dado el sobregasto de recursos, de manera que, en principio se podía concluir que en nada se relacionaban el despido y las conductas de su jefatura. Sin embargo, la prueba testimonial permitió dar cuenta de que fue la misma persona que ejerció la vulneración de derechos fundamentales que denuncia el actor, quien tomó (junto a la directora) la decisión de terminar su contrata. Así, pierde toda credibilidad la documental que indica la necesidad de realizar reajustes por la baja en la subvención para el año 2018, atendida la disminución de la matrícula respecto del 2017 y donde, curiosamente, se evidencia que el propio agresor envía el ordinario al actor en el cual se le convoca para entregarle notificaciones y solicitar la firma de éste, con motivo de la terminación de su contrato. Por lo tanto, no se puede llegar a otra conclusión de que en los hechos se trató no de un término de contrato objetivo sino de uno discriminatorio.

6.- En cuanto a las medidas adoptadas por el empleador, consta que la ACHS decretó una serie de medidas que debían ser tomadas para garantizar la sanidad mental del actor. Sin embargo, las que se tomaron fueron en su totalidad inútiles, pues todas aquellas que produjeron algún efecto en la realidad fueron ineficaces por ser extemporáneas, al encontrarse con licencia el acto y, además, porque aquellas que se tomaron mientras estaba vigente la contrata del actor fueron insuficientes. Mientras el actor se encontraba con licencia médica, no hubo proactividad, simplemente el agresor fue dos veces citado y no compareció, no se realizaron mayores indagaciones, no se investigó, solo se optó por postergar la situación, en suma, la denuncia fue tomada con una total liviandad. Por ello, solo puede concluirse que el empleador nada hizo, solo lo despidió, lo que no fue otra cosa sino la culminación de un proceso de acoso en contra del actor. En nada obsta que se haya instruido sumario en contra del agresor, ya que se trata de otros hechos, respecto de una alumna que, supuestamente, habría sido agredida por el funcionario.

6.- Acreditándose el acoso laboral y la discriminación de que fue objeto el actor, el daño moral, solicitado, corresponde al dolor, la aflicción, el pesar en la víctima o en sus parientes más cercanos o aquel que consiste en el dolor psíquico y físico que se experimenta a raíz de un suceso determinado. Estos daños, en consecuencia, son aquellos que se refieren al patrimonio espiritual, a los bienes inmateriales, tales como la salud, el honor, la libertad y otros análogos, al respecto si bien el monto de la indemnización por daño moral no es compensatorio, desde que no es objetivamente dimensionable, sino que debe ser reparatorio, por lo que debe estar destinado a morigerar, disminuir o atenuar las consecuencias del mal sufrido. En la especie, los antecedentes aportados por el informe de la ACHS, además del testimonio de quien es pareja del denunciante y que indica la afectación síquica del actor, así como el informe sicológico emitido por la sicóloga, puede concluirse que el actor experimentó dolor y sufrimiento, como consecuencia del trato recibido por parte de su jefatura y de la omisión en el actuar de su empleador, correspondiendo la fijación de un monto indemnizatorio por este concepto.

7.- Respecto del lucro cesante demandado en el principio de confianza legítima, lo importante para este fin es que de manera constante y reiterada un organismo de la Administración del Estado haya requerido los servicios personales de un funcionario a través de designaciones a contrata, lo que hace suponer que, salvo que medie una razón plausible, la última designación a contrata que el interesado sirvió será renovada, ya sea solo por una contrata anual o por varias parciales que abarquen toda la anualidad siguiente, en el mismo grado y estamento de asimilación. Luego, para que sea procedente aplicar dicho principio, debe existir continuidad en la renovación de los servicios, debiendo abarcar toda la anualidad siguiente, en el mismo grado y estamento de asimilación, como criterios mínimos de aplicación. Por ello, si bien es efectivo que el actor ha sido renovado en sus funciones por un lapso superior a 2 años, este tiempo es insuficiente para generar la aplicación de este principio, máxime al considerar que se trata de un docente de aula que se financia con recursos SEP, de tal manera que su permanencia en el cargo está asociada a una serie de factores variables anualmente que no permiten que con un lapso tan corto de tiempo se estime que en los hechos concurre el principio de confianza legítima, de tal manera no procede la indemnización por lucro cesante solicitada.

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – COMETIDO ESPECÍFICO

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Retamal c/ Ilustre Municipalidad de La Florida

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO – CONVENIO DE HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Fecha: 11-oct-2018

Cita: ROL:5233-18, MJJ57941

Producto: Municipalidades – Laboral

Las condiciones en que la demandante desempeñaba sus labores, sin control de horario y consistentes en distintos operativos relacionados con su profesión de veterinaria, correspondían a cometidos específicos que se encuadran en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 18.883 en cuanto a la contratación a honorarios. De este modo, se excluye la concurrencia de los elementos que el artículo 7 del Código del Trabajo contempla para la declaración de existencia de una relación laboral.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandante en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra de la sentencia de primer grado que rechazó la pretensión de declaración de existencia de relación laboral. Esto, dado que los servicios prestados por la actora, son coincidentes con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, sin evidenciarse elementos que revelen la existencia de un vínculo laboral. Esto, pues las circunstancias en las que se llevó a cabo el régimen contractual, prestando servicios en su calidad de veterinaria, sin control de horario, ejecutando tareas de coordinación de operativos de vacunación, inspecciones por maltrato animal, charlas de tenencia responsable de mascotas y labores de limpieza y desinfección a personas en situación de calle, corresponde a la ejecución de un cometido específico, restringido las labores relativas a la profesión de la demandante, debiendo, por tanto, desestimarse la pretensión de existencia de los elementos del artículo 7 del Código del Trabajo que determinan la laboralidad de la relación.

2.- El artículo 4° de la Ley N° 18.883, establece la posibilidad de contratación a honorarios, como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la administración puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual. De este modo, corresponden a una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato. Sin embargo, en el caso que las funciones realizadas en dicho contexto, excedan o simplemente no coincidan con los términos que establece la normativa en comento, sino que revelan caracteres propios del vínculo laboral que regula el Código del Trabajo, es dicho cuerpo legal el que debe regir, al no enmarcarse sus labores en la hipótesis estricta que contempla el artículo 4 señalado.

 

 BONO PROPORCIONAL – DOCENTES SECTOR MUNICIPAL

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Morales c/ Ilustre Municipalidad de Curicó

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – REMUNERACION – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

La Ley N° 19.933 no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros, de manera que el incremento señalado no corresponde a un emolumento que beneficie como tal a los profesionales de la educación del sector municipalizado.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandada en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra de la sentencia del grado que acogió parcialmente la demanda de prestaciones laborales, rechazando parcialmente la excepción de prescripción extintiva. Esto, dado que la Ley N° 19.933 , también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros, de manera que el incremento señalado no corresponde a un emolumento que beneficie como tal a los profesionales de la educación del sector municipalizado. De manera que debe rechazarse la pretensión de los demandantes, por cuanto carecen de la calidad jurídica necesaria para reclamar la prestación objeto del juicio.

2.- El inciso 1° del artículo 9 la Ley 19.933, ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero .

3.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia que confirmó el fallo de primera instancia, rechazando la demanda de cobro de bonificación proporcional mensual. Esto, dado que la sustitución de la base de cálculo de la bonificación proporcional mensual que establecida en las leyes dictadas con posterioridad a su consagración, adicionando a los fondos contenidos en la Ley N°19.410 aquellos destinados en las sucesivas modificaciones, dicha sustitución no puede entenderse como un aumento del beneficio exclusivamente para los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales del sector particular subvencionado con exclusión de los docentes del sector municipalizado. Por ello, el aumento de la bonificación proporcional mensual establecido en la Ley N° 19.933 beneficia también a los profesionales de la educación municipal y debe pagarse como tal, conforme al procedimiento de cálculo previsto expresamente por el legislador (Del voto voto en contra del Ministro señor Blanco).

4.- Las acciones que derivan de los derechos contemplados en la Ley N°19.933, como el aumento de la bonificación proporcional mensual, prescriben conforme lo dispuesto en las normas del Código del Trabajo, esto es, el artículo 510 de tal cuerpo legal, por cuanto la calidad jurídica que ostenta dicho emolumento, es compatible con el de las remuneraciones consagradas en el artículo 43 del compendio laboral. Si bien en cuanto a su base de cálculo, el incremento reclamado se sustenta en las disposiciones de una ley especial, constituye un estipendio contemplado en el Estatuto Docente en su artículo 63 , que únicamente ha sido incrementado por la ya referida Ley N° 19.933, lo que hace aplicable la norma de reenvío contenida en el artículo 71 del cuerpo normativo docente, que consagra al Código del Trabajo como norma supletoria, de manera, que al no contempla la ley especial regulación expresa de la prescripción extintiva, debe acudirse al compendio laboral (Del voto voto en contra del Ministro señor Blanco).

 

UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – NULIDAD DEL DESPIDO

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Valenzuela Chávez, Verónica c/ Ilustre Municipalidad de Maipú

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE DEPENDENCIA – RELACION DE SUBORDINACION – NULIDAD DEL DESPIDO – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

Aun cuando la sentencia laboral tiene una naturaleza declarativa y no constitutiva, en el caso de relaciones laborales originadas en contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la nulidad del despido. Esto es, que ellos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido. La interpretación contraria desnaturaliza la institución, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, gravando en forma desigual al ente público.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que desestimó los recursos de nulidad deducidos por ambas partes en contra de la sentencia que acogió la demanda declarando la existencia de la relación laboral y el despido como injustificado, pero rechazó la demanda de nulidad del despido. Al respecto, se concluye que la sentencia impugnada se ajusta a derecho al rechazar la demanda de nulidad del despido, por cuanto ostentando la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral un innegable carácter declarativo, procede aplicar la sanción de nulidad del despido frente a la constatación de no encontrarse enteradas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación. Sin embargo, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado, entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

2.- La aplicación de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, en los casos de relaciones laborales originadas de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio firme, lo que grava en forma desigual al ente público y convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

3.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que desestimó los recursos de nulidad deducidos por ambas partes en contra de la sentencia que acogió la demanda declarando la existencia de la relación laboral y el despido como injustificado, pero rechazó la demanda de nulidad del despido. Esto, dado que el empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, de modo que corresponde aplicarle la sanción que la misma contempla, esto es, el pago de las remuneraciones y demás prestaciones del trabajador que se devenguen desde la fecha del despido hasta la de su convalidación, mediante el entero de las cotizaciones adeudadas. Esto, desde que el fallo que dio por establecida la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, sólo viene a declarar o constatar un hecho preexistente -relación laboral- y del cual emanan todas las obligaciones y derechos que el ordenamiento jurídico contempla en esta materia, por lo que al no decidirse así en la sentencia impugnada se ha hecho una errada interpretación y aplicación de la normativa en estudio (Del voto en contra de la Ministra señora Chevesich).

 

 

UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – NULIDAD DEL DESPIDO

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Silva c/ Corporación Municipal de San Miguel

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – REMUNERACION – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

La Ley N° 19.933, como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento del bono proporcional mensual en la manera que pretenden los demandantes (docentes del sector municipal), sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia que confirmó el fallo de primera instancia, rechazando la demanda de cobro de bonificación proporcional mensual. Esto, dado que la Ley N° 19.410 , en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada «bonificación proporcional mensual». Sin embargo, la Ley N° 19.933 , como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica.

2.- El inciso 1° del artículo 9 la Ley 19.933, ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.

3.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia que confirmó el fallo de primera instancia, rechazando la demanda de cobro de bonificación proporcional mensual. Esto, dado que la sustitución de la base de cálculo de la bonificación proporcional mensual que establecida en las leyes dictadas con posterioridad a su consagración, adicionando a los fondos contenidos en la Ley N°19.410 aquellos destinados en las sucesivas modificaciones, dicha sustitución no puede entenderse como un aumento del beneficio exclusivamente para los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales del sector particular subvencionado con exclusión de los docentes del sector municipalizado. Por ello, el aumento de la bonificación proporcional mensual establecido en la Ley N° 19.933 beneficia también a los profesionales de la educación municipal y debe pagarse como tal, conforme al procedimiento de cálculo previsto expresamente por el legislador (Del voto en contra del ministro señor Blanco).

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

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Valenzuela c/ Ilustre Municipalidad de Buin

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INJUSTIFICADO – HONORARIOS – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACION DE DEPENDENCIA – PRIMACÍA DE LA REALIDAD – INTERPRETACION Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

Si la persona natural adscrita al órgano público no se encuentra sometida a estatuto especial, sea porque no ingresó a prestar servicios en la forma que ella prevé, o porque tampoco lo hizo en las condiciones que ésa establece -planta, contrata, suplente-, lo que en la especie acontece, se aplica el Estatuto Laboral, desde que el artículo 4º de la Ley N° 18.883, permite contratar sobre la base de honorarios en las condiciones que allí se describen y que, ausentes, debe aplicarse el Código del Trabajo si se constatan los rasgos característicos de la relación laboral, como sucedió en la especie.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la municipalidad en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra de la sentencia que declaró la existencia de la relación laboral considerando que la actora se vinculó con la demandada mediante sucesivos contratos a honorarios que fueron renovados año a año como «sectorialista» de proyectos sociales asignados a la Secretaría Comunal de Planificación, desarrollando labores en dependencias de la Municipalidad, con jornada laboral y horario determinado por el administrador municipal, a quien se le rendía cuenta del trabajo realizado, proveyéndole de insumos y uniforme, y otorgándole beneficios como vacaciones y descansos. Sobre dicha base fáctica, se estimó que las características de las labores desempeñadas no se encuadran en la hipótesis del artículo 4º de la Ley Nº 18.883, sino que se trata de servicios que deben regularse por el Código del Trabajo, por configurar una relación laboral, de manera que su terminación fue indebida, al no reunirse los requisitos del numeral 4º del artículo 159 del Estatuto Laboral, acogiendo la demanda en los términos señalados, al tratarse de la contratación de servicios que conforman labores permanentes no específicas y habituales de la Municipalidad. Al respecto, la sentencia se ajusta a derecho, toda vez que se ha sostenido de manera invariable, la posibilidad de calificar como laboral la relación surgida entre una persona natural y una Municipalidad vinculados por medio de un contrato de prestación de servicios a honorarios, afincado en el artículo 4º de la Ley Nº 18.883, si es que concurren en los hechos, los elementos constitutivos de laboralidad que consagra el artículo 7º del código del ramo.

2.- Si la persona natural adscrita al órgano público no se encuentra sometida a estatuto especial, sea porque no ingresó a prestar servicios en la forma que ella prevé, o porque tampoco lo hizo en las condiciones que ésa establece -planta, contrata, suplente-, lo que en la especie acontece, se aplica el Estatuto Laboral, desde que el artículo 4º de la Ley N° 18.883, permite contratar sobre la base de honorarios en las condiciones que allí se describen y que, ausentes, debe aplicarse el Código del Trabajo si se constatan los rasgos característicos de la relación laboral, como sucedió en la especie.

 

NULIDAD DEL DESPIDO

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Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ACCION DECLARATIVA – RELACION DE DEPENDENCIA – HONORARIOS – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO

Partes: Mardones c/ Ilustre Municipalidad de Rengo s/ Nulidad del despido – Municipalidades

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Fecha: 18-oct-2018

Cita: ROL:1086-18, MJJ57981

Producto: Municipalidades – Laboral

Cuando se trata de vinculaciones laborales que en su origen provienen de un contexto de contratación a honorarios celebrados con órganos de la Administración del Estado, concurre un elemento que lleva a denegar la aplicación de la sanción de nulidad del despido, desde que se trata de relaciones laborales que surgen al alero de contratos de honorarios suscritos en el contexto de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra de la sentencia que descartó la concurrencia de vínculo de trabajo, rechazando la demanda en todas sus partes. Al respecto, dado que la petición de condena que plantea el recurrente en su libelo pretensor, es consecuencial a la declaración de relación laboral, puesto que la divergencia doctrinal que busca ser corregida por su intermedio, no influye en lo dispositivo del fallo, pues incluso en el evento de modificarse la interpretación cuestionada, tal cambio no tendría influencia en lo sustantivo de la decisión atacada, desde que se concluiría de todos modos el rechazo de la demanda. En efecto, cuando se trata de vinculaciones laborales que en su origen provienen de un contexto de contratación a honorarios celebrados con órganos de la Administración del Estado, concurre un elemento que lleva a denegar la aplicación de la sanción en comento, desde que se trata de relaciones laborales que surgen al alero de contratos de honorarios suscritos en el contexto de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.

 

NULIDAD DEL DESPIDO – UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

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Garrido c/ Ilustre Municipalidad de Providencia

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – NULIDAD DEL DESPIDO – DESPIDO INJUSTIFICADO – HONORARIOS – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – ACCIÓN DECLARATIVA – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

No procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra del fallo que acogió la demanda declarando la existencia de la relación laboral, el despido como injustificado y la demanda de nulidad del despido. Al respecto, yerran los sentenciadores al estimar que, en la especie, procede aplicar la sanción de nulidad del despido consagrado en el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, pues no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector. Lo anterior no altera la obligación de enterar las cotizaciones previsionales adeudadas, por el período en que se reconoció la existencia de la relación laboral.

2.- Ostentando la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral un innegable carácter declarativo, procede aplicar la sanción de nulidad del despido frente a la constatación de no encontrarse enteradas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación. Sin embargo, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

3.- La aplicación -en casos de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado- de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

 

EDUCACIÓN – SUBVENCIONES – REBAJA DE MULTA

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Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – RECURSO DE RECLAMACION – EDUCACIÓN – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – MULTA – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO

Partes: Ilustre Municipalidad de San Javier c/ Superintendencia de Educación s/ Subvenciones – Rebaja de multa

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La Municipalidad sancionada no acreditó la existencia de saldos relacionados con subvenciones específicas en relación a treinta establecimientos educacionales y, en consecuencia, incurrió en la infracción relacionada con la no utilización de la subvención en el propósito determinado por la ley o convenio, que configura una infracción grave. Bajo dichas condiciones, resultaba improcedente rebajar la multa impuesta, toda vez que la competencia de la Corte en esta materia, se vincula con la determinación de la legalidad o ilegalidad del acto administrativo que impone la sanción. Ergo, si los sentenciadores consideran que la resolución que impone la sanción es legal, carecen de atribuciones para rebajar la multa.

Doctrina:

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada por la parte reclamante en contra de la sentencia que rechazó la reclamación interpuesta por la municipalidad al estimar que no existe ilegalidad en la imposición de la multa impugnada, toda vez que la resolución que la impone y el acto administrativo que la precede, se refiere expresamente al sustento fáctico que corresponde al no uso de la subvención en el propósito determinado por la ley o convenio suscrito, descartando los vicioes que alega el reclamante, agregando que en el acto administrativo se refiere la normativa legal que fue incumplida, satisfaciendo las exigencias de fundamentación de la Ley N° 19.880 . Al respecto, En atención a que la reclamante no impugnó la sentencia, se tiene por asentado que efectivamente la Municipalidad no acreditó la existencia de saldos relacionadas con subvenciones específicas en relación a treinta establecimientos educacionales -hecho que no fue cuestionado por aquella- y, en consecuencia, que incurrió en la infracción relacionada con la no utilización de la subvención en el propósito determinado por la ley o convenio. Así, efectivamente la reclamante incurrió en la infracción prevista en el artículo 76 letra h) de la Ley 20.529 en relación al artículo 34 de la Ley 20.248, que debe ser sancionado de conformidad con lo previsto en el artículo 73 del primer cuerpo normativo citado, que sanciona las infracciones graves. Bajo dichas circunstancias, resultaba improcedente rebajar la multa impuesta, toda vez que la competencia de la Corte en esta materia, tal como lo expone la apelante, se vincula con la determinación de la legalidad o ilegalidad del acto administrativo que impone la sanción. Ergo, si los sentenciadores consideran que la resolución que impone la sanción es legal, carecen de atribuciones para rebajar la multa.

2.- En la especie, los sentenciadores han pretendido, sobre la base de la aplicación de una atenuante, recalificar la sanción, estableciendo que ella correspondería a una sanción leve (por estimar que no se acreditó beneficio económico), cuestión que no se ajusta a la normativa educacional, toda vez que existe una norma específica que establece que la infracción es grave – artículo 34 de la Ley N° 20.248 en relación al artículo 76 letra h) de la ley N° 20.529-, calificación que está dada por un elemento de tipo objetivo, esto es, utilizar fondos de subvenciones con fines distintos previstos en la ley, cuestión que fue asentada por los sentenciadores. Así, si aquellos pretenden utilizar un sistema de agravantes y atenuantes para respetar el principio de proporcionalidad, aquello debe verificarse recorriendo el mínimo y el máximo legal previsto para la infracción, en el caso concreto, de 501 a 1000 UTM, según lo señala expresamente el artículo 73 de la Ley N° 20.529. Así, al haber aplicado la autoridad administrativa, una sanción correspondiente al mínimo contemplado en la ley, y al haberse descartado las ilegalidades reclamadas era improcedente rebajar la multa.

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