Juzgado del trabajo ordena a empresa a indemnizar a conviviente civil de trabajador que se suicidó por acoso laboral

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó a la empresa de gestión y de administración de call center  a pagar una indemnización de $1.000.000 (un millón de pesos) a pareja y conviviente civil del mismo sexo de trabajador que fue víctima de acoso y estrés laboral que lo llevó al suicidio, tras establecer la responsabilidad de la empresa por no adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la integridad física y sicológica del trabajador, como establece la ley.
Respecto a la naturaleza jurídica de la responsabilidad de la empresa principal por incumplimiento de la obligación de seguridad, se hace necesario el análisis e interpretación  del compendio de normas introducidas por la Ley N°20.123, desde el principio de protección del trabajador, pretendiendo intensificar, en un caso, la posición de garante y estableciendo, en el otro, la responsabilidad directa del empresario que contrata con otros obras o servicios, sea respecto de las obligaciones pecuniarias de sus contratistas, tanto laborales como de seguridad social, como las propias en el ámbito de la seguridad, expresando de esta manera el carácter protector del Derecho del Trabajo, que en este caso tiene como objetivo prioritario asegurar el respeto de los derechos del trabajador y no la situación particular de control o no de la empresa.
Las referidas disposiciones representan un cambio en relación a la situación previa a su introducción, ya que establece en el artículo 183 B la posibilidad del dependiente de dirigirse contra el patrimonio del dueño de obra para el caso de incumplimiento del empleador directo en el respeto de ciertos y precisos derechos, cuando el principal no ha tomado los resguardos que la ley establece. En efecto, la obligación de base y general que establece la ley para el principal es en carácter de subsidiario, mutando a solidario por un hecho u omisión suya, esto es, dependiendo de si hizo uso o no del deber de información, control y retención que la ley le acuerda para salvaguardar los derechos laborales y previsionales del trabajador.
A su turno el artículo 183 E consagra una obligación particular y especial en materia de higiene y seguridad, imponiendo al dueño de la obra el deber de protección eficaz de la vida y salud de todos los trabajadores que se desempeñen en su empresa o faena con arreglo a las normas que en la misma disposición se expresan. Su tenor representa un cambio importante a la situación preexistente a su dictación, al derogar la responsabilidad subsidiaria que establecía el artículo 64 del Código del ramo, asentando una de carácter directo que recae sobre la empresa principal para el evento de incumplir el deber que el mismo texto le impone, ya no como garante del derecho de los trabajadores que debe ser tutelado por su empleador directo, sino por su propia conducta que ha contribuido a la generación del evento dañoso.
Esta disposición debe ser comprendida como una estipulación expresa de la ley del deber de proteger a la parte más débil, que deriva de la naturaleza del contrato, e influye en él más allá de la voluntad de las partes por su carácter de norma de orden público de protección, agregando a la nómina de sujetos responsables de las referidas obligaciones a un deudor más de la seguridad del trabajador, estableciendo en la especie un verdadero crédito en su favor.
En cuanto a la legitimación del conviviente civil para presentar la acción laboral, el tribunal rechazó la excepción presentada por la parte demandada, oposición que fundó “en la circunstancia de que el actor no ha acreditado su calidad de causahabiente del fallecido”.
Sin embargo, se incorporó por la parte demandante la copia de la Resolución de Posesión Efectiva de fecha 15 de marzo de 2018 del causante , donde uno de sus herederos es el actor en su calidad de conviviente civil, de modo que la circunstancia de ser el actor un causahabiente del fallecido, fue suficientemente acreditada.
La sentencia, además, establece la responsabilidad de la empresa por los padecimientos sicológicos que sufrió el trabajador antes de su muerte.
Fuente: PJUD.

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