Corte de Apelaciones acoge recurso de nulidad contra sentencia que ordenó el pago de indemnizaciones laborales a actor que se encontraba a contrata

En días recientes, la Segunda  Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de nulidad interpuesto por un municipio en contra de la sentencia de base que acogió la denuncia en procedimiento de tutela laboral de un funcionario a contrata,  en aquella parta en que, constatada la vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, la condenó, además de la indemnización especial establecida en el Artículo 489 del Código del Trabajo, a las indemnización sustitutiva por aviso previo, indemnización por años de servicio, indemnización compensatoria de feriado legal,  y recargo legal establecidos en los artículos  162, 163 y 168, respectivamente, del Código del Trabajo.

Los sentenciadores de forma unánime consideraron que si bien se constató que la decisión de no renovación de contrata del actor se debió a discriminación por motivos políticos, por tratarse de un funcionario a contrata regido por la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, era procedente el procedimiento de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales y consecuentemente, la indemnización especial del Artículo 489 del Código del Trabajo, mas no las demás indemnizaciones decretadas correspondientes a la de los artículos 162, 163 y 168 del Código del Trabajo, cuya procedencia aplica para trabajadores regidos por este código y no para aquellos funcionarios regulados por un estatuto especial como en el caso de marras. Consulte a continuación, sentencia analizada por Microjuris.

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DESPIDO – DISCRIMINACIÓN LABORAL – AFILIACIÓN POLÍTICA – FUNCIONARIOS A CONTRATA – INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO – SANA CRÍTICA – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Segunda

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

Aun habiéndose acogido la denuncia de tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido respecto del funcionario municipal a contrata, no son procedentes las indemnizaciones correspondientes a un despido injustificado que regula el Código del Trabajo y que contempla el artículo 489 del mismo cuerpo legal. Esto, por cuanto la terminación de la contrata de los funcionarios municipales se encuentra regulada efectivamente en la Ley 18.883, excluyendo la aplicación del artículo 159 y siguientes del Código del Trabajo que contempla las indemnizaciones demandadas.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por la denunciada en contra de la sentencia que acogió la denuncia de vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido por discriminación en razón de la afiliación política del actor. Esto, dado que la sentencia impugnada, al decretar el pago de las indemnizaciones asociadas al despido injustificado, ha soslayado lo dispuesto en las normas sobre terminación del contrato contenidas en la Ley 18.883. En la especie, no ha sido un hecho controvertido que el demandante se desempeñó como profesional a contrata para la Municipalidad, no habiéndose sostenido la existencia de una relación laboral derivada de un contrato de trabajo, en conformidad al artículo 7 del Código del Código del Trabajo, lo que determinaría la aplicación de las normas de terminación del contrato de trabajo comprendidas en los artículos 159 y siguientes del Código del Trabajo. Por el contrario, como funcionario a contrata, se encontraba sujeto a las normas especiales que la Ley 18.883 contempla para la terminación, que no considera las indemnizaciones del estatuto laboral.

2.- En atención al hecho acreditado respecto de la calidad de funcionario del actor, resulta entonces aplicable la ley que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que dispone que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos. Además, corresponde aplicar la ley nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades que contempla como funcionarios municipales al alcalde, las demás personas que integren la planta de personal de las municipalidades y los personales a contrata que se consideren en la dotación de las mismas, fijadas anualmente en el presupuesto municipal y que, en su Artículo 63 , faculta al alcalde a nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las normas estatutarias que los rijan.

3.- Si bien el procedimiento de tutela laboral es aplicable de manera supletoria para los funcionarios públicos a contrata, ya que el Estatuto Administrativo no regula esta materia, sí lo regula en cuanto al cese de sus funciones, por lo que solo es aplicable al caso la indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo y no la indemnización por falta de aviso previo ni la indemnización por años de servicio con su correspondiente recargo. Esto, por cuanto se trata de prestaciones de naturaleza estrictamente laboral, que suponen la existencia de un contrato de trabajo, incompatible con la calidad de funcionario público que el actor ostentaba a la fecha en que fue desvinculada.

4.- Como el artículo 489 del Código del Trabajo, opera solo sobre la base de la existencia de una vulneración de derechos fundamentales, con ocasión del despido de un trabajador, la referencia que hace en el inciso 3°, cuando se refiere a las indemnizaciones que se contemplan en los artículos 162 y 163 , más el correspondiente recargo del artículo 168 del Código del Trabajo, solo tienen lugar bajo el mismo supuesto fáctico, esto es, ante un despido producido en el marco de una relación de carácter laboral.

5.- Debe rechazarse la alegación en torno a la concurrencia del vicio contenido en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo en cuanto a las normas regulatorias de la apreciación de la prueba según la sana crítica. Así, de la simple lectura de los fundamentos de la sentencia recurrida que han recibido reproche por parte de la recurrente, aparece que el juez a quo razonó realizando una valoración de la prueba, dando suficiente justificación, para estimar que se encontraban probados los hechos que dieron motivo a la acción de tutela laboral y al despido injustificado del actor. En suma, no existe ningún antecedente que permita concluir que el sentenciador se apartó en su ejercicio jurisdiccional, de la lógica, de las máximas de la experiencia, ni de los conocimientos científicos afianzados, no incurriendo en la infracción invocada como motivo de nulidad.

6.- Se tuvo por acreditado que, en su oportunidad, no se prorrogaron las contratas de nueve funcionarios a contrata y alguno de ellos pertenecientes a la misma dirección de Tránsito, sin embargo se acogieron los recursos de reposición presentados por 4 de ellos, evidenciándose que todos aquellos a quienes no se le acogió el recurso de reposición eran militantes de partidos políticos distintos al del actual Alcalde y en su gran mayoría militantes de un partido opositor, partido al cual se encuentra afiliado el actor. También se acreditó que la Municipalidad contrató a nuevos funcionarios o traspasó aquellos que estaban a honorarios a la calidad de contrata, comprobándose que las nuevas contratas son militantes o simpatizantes de partidos del mismo sector del alcalde.

Consulte sentencia a texto completo

 

 

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