Tribunal Constitucional acogió un requerimiento solicitado por municipio declarando inaplicable procedimiento de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales de funcionaria municipal

En días recientes el Tribunal Constitucional en voto dividido acogió un requerimiento de inaplicabilidad solicitado por un municipio respecto de los artículos 1° inciso 3° y 485 del Código del Trabajo, en relación a la resolución de un recurso de unificación de jurisprudencia laboral pendiente, en el que previamente se había acogido una denuncia por vulneración de derechos fundamentales de una funcionaria municipal.
El tribunal estimó “cabe, desde ya, dejar a salvo la facultad que compete a los tribunales de Justicia para revisar la juridicidad de los actos de la Administración en su plena conformidad a Derecho, más allá incluso de la mera legalidad formal, si han sido requeridos al afecto por cualquier persona que sea lesionada en sus derechos.
Mas, no es este principio consustancial al Estado de derecho el que se encuentra cuestionado acá; ni podría estarlo. Es el hecho de que los Juzgados de Letras del Trabajo, en cuanto tribunales especiales según el artículo 50, inciso tercero, del Código Orgánico de Tribunales, o sea, especializados en el conocimiento y resolución de las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales, al tenor de los artículo 76, inciso primero, de la Constitución y 420, letra a), del Código del Trabajo, se entiendan llamados a ejercer su jurisdicción frente a determinados actos estatutarios de la Administración, por aplicación expansiva del mismo Código del Trabajo, aunque sin una ley que expresamente convoque su intervención.
Ello, además, con consecuencias que no han sido moduladas previamente por el legislador. Como acontece al ordenarse una reincorporación, en circunstancias que el cargo respectivo pudo haber sido proveído en aras a la continuidad del servicio público que presta la Administración, y en la imposibilidad en que se encuentra la autoridad para disponer de algún sobrecupo por encima de la planta legal de personal. O como sucede al ordenarse el pago de unas indemnizaciones que no se encuentran previstas en la ley“, dice el fallo (Considerando Decimocuarto).

La resolución contó con el voto disidente de los Ministros Sra. Peña y Sres. García, Hernández y Pozo, quienes estuvieron por  rechazar el requerimiento, considerando “Así las cosas, atendida la entidad y naturaleza de los derechos que por esta vía se pretende proteger, los que según también se dijo, deben considerarse “inviolables en cualquier circunstancia”, no existe una razón jurídica valedera para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son los funcionarios públicos, particularmente, si se toma en consideración que los elementos de subordinación y dependencia propios de la relación laboral, se dan fuertemente en el contexto de las relaciones del Estado con sus trabajadores, siendo éste un espacio en el cual la vigencia real de loses derechos fundamentales…

Al respecto, debe reafirmarse que los derechos fundamentales están reconocidos a toda persona por la Constitución Política de la República, que es jerárquicamente superior tanto al Código del Trabajo como al Estatuto Administrativo y demás normativa específica relativa a la administración pública, de modo que no parece coherente con el ordenamiento jurídico excluir a trabajadores que se desempeñan en un determinado sector de la protección específica“.

Consulte  a continuación fallo analizado por Microjuris

Voces: CONSTITUCIONAL – INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – FUNCIONARIOS DE PLANTA – FUNCIONARIOS A CONTRATA – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – DEMANDA ACOGIDA – DISIDENCIA

Partes: Requerimiento de Inaplicabilidad – Arriaza con Ilustre Municipalidad de San Miguel s/ Requerimiento de Inaplicabilidad – Artículos 1° inciso 3° y 485 Código del Trabajo

Tribunal: Tribunal Constitucional

Fecha: 6-dic-2018

Cita: ROL:3853-17-INA, MJJ58146

Producto: Microjuris – Municipalidades

Corresponde acoger el requerimiento de inaplicabilidad, toda vez que al hacer una aplicación expansiva del Código del Trabajo hasta llegar a comprender a funcionarios públicos regidos por su respectivo estatuto para hacerlos sujetos activos del procedimiento de tutela laboral se ha desvirtuado el régimen constitucional y legal que les es propio, infringiendo los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en cuanto establecen el principio de juridicidad.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el requerimiento de inaplicabilidad solicitado por un municipio respecto del inciso 3° del Artículo 1° y el Artículo 485 del Código del Trabajo, en relación a la resolución de un recurso de unificación de jurisprudencia laboral pendiente, en el que previamente se había acogido una denuncia por vulneración de derechos fundamentales de una funcionaria municipal, toda vez que al hacer una aplicación expansiva del Código del Trabajo, amparada por la supletoriedad de las normas laborales en virtud del inciso tercero del artículo 1° de dicho código, hasta llegar a comprender a funcionarios públicos regidos por su respectivo estatuto, a los efectos de hacerlos sujetos activos del procedimiento de tutela laboral sometidos a la intervención de los juzgados de letras del trabajo respecto de una materia en que no han recibido expresa competencia legal, se ha desvirtuado el régimen constitucional y legal que les es propio, infringiendo los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en cuanto establecen el principio de juridicidad, por los que deben regirse los órganos del Estado, entre ellos, los tribunales de justicia.

2.- Tampoco justifica la injerencia de los juzgados laborales, la alegación consistente en que los empleados públicos carecerían de una específica protección en el ejercicio de sus derechos, por cuanto sus estatutos propios establecen mecanismos de protección, en el caso de los funcionarios municipales, Vgr. el artículo 156 de la Ley N° 18.883 permite recurrir ante la Contraloría General de la República cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere este Estatuto; misma posibilidad se encuentra establecida en relación a lo contencioso-administrativo, el inciso segundo del Artículo 38 de la Carta fundamental ; y por último pueden intentarse otras vías como la acción cautelar de protección.

3.- Corresponde rechazar el requerimiento de inaplicabilidad deducido toda vez que atendida la entidad y naturaleza de los derechos que por esta vía se pretende proteger, los que deben considerarse inviolables en cualquier circunstancia, no existe una razón jurídica valedera para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son los funcionarios públicos, particularmente, si se toma en consideración que los elementos de subordinación y dependencia propios de la relación laboral, se dan fuertemente en el contexto de las relaciones del Estado con sus trabajadores, siendo éste un espacio en el cual la vigencia real de los derechos fundamentales. Al respecto, debe reafirmarse que los derechos fundamentales están reconocidos a toda persona por la Constitución Política de la República, que es jerárquicamente superior tanto al Código del Trabajo como al Estatuto Administrativo y demás normativa específica relativa a la administración pública, de modo que no parece coherente con el ordenamiento jurídico excluir a trabajadores que se desempeñan en un determinado sector de la protección específica que otorga la acción de tutela contemplada por el artículo 485 del Código del Trabajo. (Del voto de disidencia de la Ministra Sra. Peña y de los Ministros Sres. García, Hernández y Pozo).

4.- Si bien el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo excluye de la aplicación de sus normas a aquellos que se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial, cuyo es el caso de los funcionarios de la Administración, lo cierto es que el inciso tercero de la referida norma prevé la posibilidad de que a los trabajadores de las entidades señaladas, les sean aplicables las normas del Código del Trabajo, si concurren los dos requisitos copulativos: que se trate de materias no reguladas en sus respectivos estatutos y, que ellas no fueren contrarias a éstos últimos. En primer término, no es posible encontrar disposiciones en el Estatuto Administrativo que regulen un procedimiento jurisdiccional especial para conocer y resolver denuncias de vulneración de derechos fundamentales. Así, el procedimiento de reclamo consagrado en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, es un recurso de carácter administrativo por vicios de legalidad que pudieren afectar los derechos conferidos a los funcionarios en dicho Estatuto, en que el funcionario no tiene acceso a la jurisdicción, sino sólo a la revisión administrativa del órgano contralor, cuestión esencial que hace que ambos procedimientos no resulten homologables. En relación al segundo requisito, no es posible encontrar algún capítulo o norma que pugne con la protección de los derechos fundamentales de los funcionarios públicos y, es que no se advierte cómo normas protectoras de dichos derechos podrían ser incompatibles con lo dispuesto en el estatuto especial que rige a aquellos funcionarios, toda vez que es dable asumir que el Estado, en cuanto empleador, ha de cumplir con el deber de asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales de que también son titulares los funcionarios que trabajan en la Administración. (Del voto de disidencia de la Ministra Sra. Peña y de los Ministros Sres. García, Hernández y Pozo)

5.- Resulta poco idóneo invocar los principios de juridicidad y supremacía constitucional para inaplicar normas laborales, como acaece en la especie, teniendo en consideración que como la Constitución no distingue, la función jurisdiccional del Estado, en que estos la deben desarrollar dinámicamente a través de un proceso que debe encontrarse previamente establecido por ley. De esta forma, el conjunto de actos procesales que desarrolle el órgano en concreto es el desenvolvimiento de las potestades que se le han atribuido y la realización de la finalidad que se le ha encomendado, de forma tal que los tribunales de justicia, y en especial el Poder Judicial se encuentra sujeto al principio de juridicidad, en el desarrollo de toda actividad jurisdiccional, a lo que resulta pertinente recoger lo razonado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema de forma reiterada, la que ha dicho que su competencia para conocer estas materias, lo cual no puede ser desconocido sino es mediante la vía de una contienda de competencia y no utilizando como pretende la actora el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. (Del voto de disidencia de la Ministra Sra. Peña y de los Ministros Sres. García, Hernández y Pozo)

Descargue texto completo de la sentencia

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