Contraloría estima que no se ajustó a legalidad nombramiento de profesional a contrata como Director del Servicio Municipal de Agua Potable

En días recientes la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento respecto a si se ajustó a la ley, el nombramiento de director del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de esa comuna. El órgano contralor estimó que dicho nombramiento no se ajustó a la Ley por cuanto, infringió el artículo 6 de la Ley Nª 18.883. Consulte a continuación dictamen Nº 31020, analizado por Microjuris.

Voces: MUNICIPALIDADES – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – DICTAMEN ADMINISTRATIVO – NOMBRAMIENTO – AGUA POTABLE

Partes: Dictamen 31.020, año 2018 s/ Nombramiento – Director Servicio Municipal de Agua Potable.

Tribunal: Contraloría General de la República

Fecha: 13-dic-2018

Producto: Municipalidades – Dictámenes

Doctrina:

1.- No se conforma de acuerdo a la contratación el nombramiento, toda vez que no consta que el mencionado trabajador se hubiese desempeñado en la anotada entidad edilicia en calidad de titular, según lo informado anteriormente por la Municipalidad. Asimismo, corresponde indicar que si el profesional nombrado durante el período en que se encontraba designado en calidad de contrata, ejerció las funciones de director del servicio analizado, aquello no se ajustó a los criterios jurisprudenciales comunicados a la comunal.

2.- Es menester anotar que de acuerdo a lo concluido en el dictamen N° 11.812, de 2003, resulta legalmente improcedente que luego de expirado el plazo en virtud del cual un funcionario es nombrado en calidad de suplente para ejercer un determinado cargo, aquel continúe desarrollándolo, pues con ello se vulnera lo dispuesto en el artículo 6°, inciso quinto, de la ley N° 18.883, según el cual al término de los seis meses, el cargo vacante debe necesariamente proveerse por un titular.

Dictamen:

13-XII-2018

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional la Diputada señora Claudia Mix Jiménez, solicitando un pronunciamiento relativo a la legalidad de la designación del señor Jorge Torres Zúñiga como director subrogante y suplente del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Municipalidad de Maipú.

Requerido al efecto, el aludido municipio informó, en síntesis, que considerando lo previsto en los artículos 1°, 7° y 56, de la ley N° 18.695, 3° y 28, de la ley N° 18.575, y 10 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Ley de Rentas Municipales, se designó al a don Jorge Torres Zúñiga como director subrogante de la mencionada unidad municipal, desde el 2 de junio de 2018, por un plazo de tres meses. Agrega, que atendida su experiencia y calificación, el 4 de septiembre de 2018, se le nombró como director suplente, manteniendo una designación a contrata con el citado ente comunal. Finalmente, señala que dicho nombramiento se encuentra ajustado a derecho, sin que exista una ilegalidad en la designación del Director de Agua Potable y Alcantarillado de la Municipalidad de Maipú.

Al respecto, como cuestión previa, cabe señalar que mediante el oficio N° 617, de 2018, de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, se indicó a la citada entidad edilicia, que de acuerdo a la jurisprudencia administrativa, los cargos de jefatura, por su denominación y naturaleza implican labores de carácter resolutivo, decisorio o ejecutivo, por lo que sólo pueden ser ejercidos por personal que integra la dotación estable de la municipalidad, esto es, por servidores de planta y no por los funcionarios que desempeñan empleos transitorios, como ocurre con los contratados, requiriendo antecedentes sobre los cargos de jefatura que mantiene el Servicio Municipal de Agua Potable de la mencionada entidad.

Asimismo, cabe recordar que con posterioridad a dicho pronunciamiento, mediante oficio N° 59, de 2018, la Municipalidad de Maipú respondió a esta Entidad Fiscalizadora que todos los cargos de jefatura del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado –SMAPA-, son ejercidos por servidores con calidad jurídica de empleados de planta, indicando que el director de ese servicio es don Jorge Torres Zúñiga, funcionario titular, grado 8.

Sobre el particular, en relación con lo mencionado en esta ocasión, cabe manifestar que el artículo 10 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Ley de Rentas Municipales, establece que “las municipalidades que tengan a su cargo la explotación del servicio de agua potable, se ajustarán en todo a las disposiciones que, sobre el particular, rijan para la explotación de dicho servicio”. Agregando, el inciso segundo que “las empresas de agua potable de que las municipalidades sean propietarias o tengan participación, se administrarán autónomamente y se sujetarán al régimen legal general aplicable a las empresas privadas del ramo”.

Ahora bien, interpretando el inciso segundo de la norma recién citada, la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida en los dictámenes N°s. 17.096, de 1996, y 2.111, de 1997, ha señalado que los municipios que tienen a su cargo la explotación de servicios de agua potable, para dar cumplimiento a la exigencia de autonomía prevista en dicha disposición, deben organizar una unidad independiente de las demás oficinas municipales para administrar separadamente tales servicios.

A su vez, los dictámenes N°s. 22.427, de 2006, y 70.401, de 2015, precisaron que sin perjuicio de la autonomía que este servicio municipal debe tener respecto de las demás unidades municipales y de la igualdad con que debe operar en relación con las empresas de agua potable del sector privado, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Municipalidad de Maipú es parte integrante del respectivo municipio, de manera que si bien procede dotarlo de una organización que haga posible una gestión eficaz y eficiente, las medidas que se adopten no pueden desconocer su naturaleza pública, por lo que procede que ese municipio, al definir las medidas sobre organización, funcionamiento y contratación del aludido Servicio, se ajuste a los criterios consignados en dichos pronunciamientos, de manera que, a quienes se desempeñen en el servicio indicado, les resulta aplicable, por regla general, la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

En dicho contexto, se debe indicar que acorde al inciso tercero del artículo 6° de la ley N° 18.883, son suplentes aquellos funcionarios designados en esa calidad en los cargos que se encuentren vacantes y en aquellos que por cualquier circunstancia no sean desempeñados por el titular, durante un lapso no inferior a un mes; en tanto que el inciso quinto, dispone que en el caso que la suplencia corresponda a un cargo vacante, ésta no podrá extenderse a más de seis meses, al término de los cuales deberá necesariamente proveerse con un titular.

Como puede advertirse, del tenor de la norma que regula la suplencia se desprende que en los casos en que la autoridad recurre a ese mecanismo respecto de cargos vacantes, es preciso que adopte las medidas pertinentes a fin de proveer la respectiva plaza con un titular, pues cuando esta forma de desempeño concierne a esos empleos, ella no puede extenderse a más de seis meses, a cuyo término el cargo debe necesariamente proveerse con un titular (aplica dictamen N° 38.582, de 2003).

Enseguida, de los antecedentes tenidos a la vista y del Sistema de Información del Personal de la Administración del Estado que mantiene este Órgano de Control -SIAPER-, el señor Jorge Torres Zúñiga fue nombrado, en calidad de contrata, mediante el decreto alcaldicio N° 2.525, de 2017, desde el 1 de septiembre de 2017 al 30 de noviembre del mismo año. Luego, fue designado, en calidad de suplente, a través del decreto alcaldicio N° 3.790, de la citada anualidad, para ejercer el cargo de director suplente de la unidad en comento, a partir del 1 de diciembre de 2017, indicándose que dicha designación no podrá extenderse por más de seis meses. Enseguida, en virtud del decreto alcaldicio N° 1.581, de 2018, el aludido servidor fue nuevamente nombrado en calidad de contrata, desde el 2 de junio de 2018 hasta el 31 de diciembre del mismo año, para cumplir funciones en SMAPA, asimilado a estamento profesional grado 5. Finalmente, fue designado en calidad de director suplente de la enunciada unidad, según el decreto alcaldicio N° 2.379, del presente año, indicando que tales funciones no podrán exceder de seis meses contados a partir de la fecha de dictación del citado acto administrativo.

Atendido lo expuesto, es forzoso concluir, en primer término, que no consta que el mencionado trabajador se hubiese desempeñado en la anotada entidad edilicia en calidad de titular, según lo informado anteriormente por la Municipalidad de Maipú. Asimismo, corresponde indicar que si don Jorge Torres Zúñiga, durante el período en que se encontraba designado en calidad de contrata, ejerció las funciones de director del servicio analizado, aquello no se ajustó a los criterios jurisprudenciales comunicados a la enunciada unidad comunal, mediante el oficio N° 617, de 2018, de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.

Además, es menester anotar que de acuerdo a lo concluido en el dictamen N° 11.812, de 2003, resulta legalmente improcedente que luego de expirado el plazo en virtud del cual un funcionario es nombrado en calidad de suplente para ejercer un determinado cargo, aquel continúe desarrollándolo, pues con ello se vulnera lo dispuesto en el artículo 6°, inciso quinto, de la ley N° 18.883, según el cual al término de los seis meses, el cargo vacante debe necesariamente proveerse por un titular (aplica dictámenes N°s. 17.540 de 1991, 24.480 de 1996, y 63.576, de 2010).

Por su parte, respecto de la segunda designación en calidad de suplente del señor Torres Zúñiga, efectuada mediante el decreto alcaldicio N° 2.379, de 2018, no cabe sino concluir que no se ha conformado a derecho el procedimiento observado por la aludida entidad edilicia, la cual, de acuerdo a lo expresado precedentemente, debe adoptar a la brevedad y sin mayor dilación, las medidas tendientes a proveer con un titular el cargo vacante de Director del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la comuna de Maipú (aplica criterio dictamen N° 38.582, de 2003).

Finalmente, resulta pertinente recordar que de acuerdo a lo concluido, entre otros, en el dictamen N° 41.872, de 2008, los informes jurídicos emitidos por esta Institución Contralora son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización y su carácter imperativo encuentra su fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política; 2° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, por lo que su incumplimiento por parte de esos organismos significa la infracción de los deberes funcionarios de quienes les corresponde adoptar las medidas necesarias para que ellos sean acatados, pudiendo comprometer su responsabilidad administrativa.

Saluda atentamente a Ud.

Jorge Bermúdez Soto

Contralor General de la República

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s