Jurisprudencia Destacada Año 2018 N19

RECLAMACIÓN DE MULTAS – CABLES ELÉCTRICOS

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Enel Distribución Chile S.A. c/ Ilustre Municipalidad de La Florida

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – MULTA – MEDIOS DE FISCALIZACIÓN – ELECTRICIDAD – DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Novena

Producto: Microjuris, Municipalidades

Dada la naturaleza infraccional de la multa y la falta de acreditación de que los cables que dieron lugar a la sanción efectivamente pertenecen a la empresa sancionada, corresponde revocar la multa impuesta. Ante la falta de certidumbre del sujeto infractor no es posible aplicar la sanción, toda vez que aquello importaría una transgresión a principios de orden constitucional.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la reclamante en contra de la sentencia que rechazó la reclamación de multa. Esto, dado que, del mérito de los antecedentes, no es posible estimar que la infracción haya sido efectivamente cometida por la recurrente, desde que la denunciante únicamente acompañó a la denuncia fotografías de la conducta infraccional que le imputa; toda vez que ellas no demuestran que la cantidad de cables que se aprecian en ellos, están colgados a baja altura o sueltos y que ellos pertenezcan inequívocamente a la denunciada, pudiendo ser dueño cualquier otra empresa que opere en el sector. Así, es ineludible tener en consideración que ante la falta de certidumbre del sujeto infractor no es posible aplicar la sanción, toda vez que aquello importaría una transgresión a principios de orden constitucional. Por lo tanto, el juez a quo no disponía de evidencias para aplicar la multa, resultando insuficiente la alusión al mérito de la denuncia y la calidad de ministro de fe del inspector municipal respectivo, precisando que éste no verificó si los materiales o escombros objeto de la denuncia eran o no de propiedad de la empresa denunciada.

2.- Del artículo 4° de la Ordenanza N° 95 de la Ilustre Municipalidad de La Florida, surgen dos obligaciones para las empresas que tengan postes en bienes nacionales de uso público. Por un lado, mantener identificados los postes con el actual propietario y, por el otro, mantener en perfecto estado de conservación los cables apoyados en sus postes o de terceros y respecto de este último se dispone la prohibición de mantener cables cortados, sueltos o colgados a baja altura.

3.- Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la reclamante en contra de la sentencia que rechazó la reclamación de multa. Esto, dado que si bien la denunciada ha alegado que los cables que originarían la infracción que es motivo de la sanción serían de propiedad de empresas de telecomunicaciones ajenas a ella, ello en ningún caso lo releva de su obligación de cumplir con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ordenanza Municipal, amén que no se ha acompañado prueba que sustente su afirmación (Del voto de minoría del abogado integrante sr. Jaime Guerrero P.).

4.- En la especie, la competencia otorgada al juez de primer grado ha sido por expresa disposición del artículo 143 b) de la Ley N° 15.231, desechándose lo argumentado en cuanto a que la fiscalización y control del buen estado del cableado sería de competencia exclusiva de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, toda vez que la ley que la rige, esto es la 18.410, le da a esta última la competencia para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en el ordenamiento jurídico, diferente a la ordenanza emanada de la autoridad edilicia en materias que son de incumbencia de la autoridad municipal (Del voto de minoría del abogado integrante sr. Jaime Guerrero P.).

 

BONO PROPORCIONAL

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Martínez y otros c/ Ilustre Municipalidad de Villarrica

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – GRATIFICACIONES Y BONOS – REMUNERACIÓN – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

La Ley N° 19.933, así como las leyes antecesoras, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia que acogió el recurso de nulidad, que rechazó la demanda de cobro de aumento de bonificación proporcional establecido en la Ley 19.933. Esto, dado que la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933 , también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros; razón por la que se debe concluir que el recurso de nulidad que se sustentó en la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo fue correctamente acogido.

2.- La Ley N° 19.410, en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada «bonificación proporcional mensual», pero la Ley N° 19.933, como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica.

3.- El inciso 1° del artículo 9 de la Ley 19.933, ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.

4.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia que acogió el recurso de nulidad, que rechazó la demanda de cobro de aumento de bonificación proporcional establecido en la Ley 19.933. Esto, dado que la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que el aumento de la bonificación proporcional mensual establecido en la Ley N° 19.933 beneficia también a los profesionales de la educación municipal y debe pagarse como tal, conforme al procedimiento de cálculo previsto expresamente por el legislador, lo que no coincide con las conclusiones del fallo impugnado (Del voto en contra de los ministros señores Blanco y Biel).

 

UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – NULIDAD DEL DESPIDO

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Becerra c/ Ilustre Municipalidad de Tucapel

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – NULIDAD DEL DESPIDO – HONORARIOS – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – ACCIÓN DECLARATIVA – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

No procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra del fallo que acogió la demanda de despido injustificado, pero rechazó la demanda de nulidad del despido. Al respecto, la sentencia impugnada se ajusta a derecho, por cuanto no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

2.- Considerando que el fallo sólo constata una situación preexistente, debe entenderse que la obligación de enterar las cotizaciones previsionales se encuentra vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, esto es, desde la data en que las partes iniciaron realmente la relación laboral. Sin embargo, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575- concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

3.- La aplicación – en estos casos- de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio ejecutoriado firme, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

 

BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO -ESPECTÁCULO – CIRCO

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Santibañez c/ Ilustre Municipalidad de Lo Prado

Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – MUNICIPALIDADES – FACULTADES DEL ALCALDE – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – DESTINO DEL INMUEBLE – DEPORTES, TURISMO Y RECREACIÓN – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Primera

Producto: Microjuris

La decisión de la municipalidad de no autorizar el funcionamiento del circo no es ilegal, pues corresponde a las Municipalidades administrar los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, pudiendo determinar cómo pueden ser utilizados por terceros, tampoco resulta arbitraria por cuanto se fundamenta en un decreto alcaldicio que dispuso, por el plazo de 10 años, la entrega de las canchas municipales donde se pretendía establecer el circo del recurrente, a la Unión Comunal de Clubes Deportivos, sólo para fines deportivos.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto en contra de la municipalidad por no autorizar el uso de la cancha municipal para el funcionamiento del circo del recurrente. Al respecto, la decisión de la municipalidad no resulta ilegal ni arbitraria, por cuanto su actuar se ajusta a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695, la que en su artículo 5 letra c) dispone que corresponde a las Municipalidades administrar los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, pudiendo determinar cómo pueden ser utilizados por terceros. Asimismo, el actuar de la recurrida tampoco resulta arbitrario, por cuanto se fundamenta en Decreto Alcaldicio N° 1897 de 18 de octubre de 2010 dictado en conformidad al artículo 5 letra d) de la misma ley, estableciéndose que el uso de las canchas municipales donde se pretendía establecer el Circos, se entregó por el plazo de 10 años a la Unión Comunal de Clubes Deportivos sólo para fines deportivos, no facultándolos a disponer de las canchas para otros fines.

 

PRESCRIPCIÓN LABORAL –  UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

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Nuñez c/ Ilustre Municipalidad de Viña del Mar

Voces: LABORAL – PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL – IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR – PRESCRIPCION – COMPUTO DEL PLAZO – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Microjuris – Laboral

El artículo 510 del Código del Trabajo distingue claramente entre los mínimos predeterminados y las condiciones que las partes pueden convenir por sobre aquéllos, instituyendo que tratándose de los primeros un plazo mayor para que opere la prescripción como modo de extinguir las acciones judiciales, y para los segundos uno inferior, a saber, dos años y seis meses, respectivamente.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra del fallo que estimó que de acuerdo lo establecido en el artículo 510 del Código del Trabajo y considerando la fecha postulada por la propia demandante del supuesto término de la relación laboral con la demandada, habiendo concurrido más de seis meses contados desde la terminación de los servicios, correspondía acoger la excepción de prescripción opuesta por la municipalidad demandada. Al respecto, el artículo 510 del Código del Trabajo distingue claramente entre los mínimos predeterminados y las condiciones que las partes pueden convenir por sobre aquéllos, instituyendo que tratándose de los primeros un plazo mayor para que opere la prescripción como modo de extinguir las acciones judiciales, y para los segundos uno inferior, a saber, dos años y seis meses, respectivamente. Corrobora dicha conclusión que el inciso 2° de dicho artículo se inicia con las expresiones «En todo caso…», lo que importa hacer énfasis en que las condiciones acordadas por las partes, es decir, aquellas que reconocen como origen la autonomía de la voluntad, poseen un plazo de prescripción de seis meses, que se cuenta desde la terminación de los servicios. En esas condiciones, como la acción ejercida tiene por finalidad la declaración de la relación laboral, obtener el pago del feriado legal y proporcional y el pago de cotizaciones previsionales, de salud y cesantía, esto es, atañe a derechos cuya fuente es la ley, la norma aplicable es la contemplada en el inciso 1° del artículo 510 del Código del Trabajo, que establece un plazo de dos años para que se declare que la acción se extinguió por la prescripción; razón por la que los sentenciadores de la Corte de Apelaciones incurrieron en yerro al decidir que la sentencia de base aplicó correctamente lo que dispone el inciso 2° del precepto legal citado, al declarar que está prescrita la acción ejercida para obtener el pago de las prestaciones laborales.

2.- Los incisos 1° y 2° del artículo 510 del Código del Trabajo , someten el ejercicio de las acciones judiciales a un plazo de prescripción diferente según si tienen por finalidad obtener el reconocimiento de derechos que están reglados en el Estatuto Laboral -dos años desde la fecha en que se hicieron exigibles- o que surgen de los actos y contratos de que también trata -seis meses desde la terminación de los servicios-; diferencia que está dada porque los primeros tienen el carácter de irrenunciables y están consagrados en el Libro I del Código del Trabajo, específicamente, en los capítulos VI y VII en el caso de las remuneraciones y del feriado anual, respectivamente. Dicha característica está consagrada en forma expresa en el inciso 2° del artículo 5 del citado código, y refrendada en su inciso 3°, en la medida que permite la modificación de las cláusulas de los contratos individuales y colectivos del trabajo, por mutuo consentimiento, en aquellas materias en que las partes pueden convenir libremente conforme al principio de la autonomía de la voluntad, esto es, en cuanto se respeten los mínimos legales, pues a través de ambos instrumentos de naturaleza laboral se pueden acordar distintas condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones, según las definiciones establecidas en los artículos 7 y 344 del Estatuto Laboral.

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