Ley Nº 21.128 fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos de violencia

Con fecha 27 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.128 denominada “Aula segura”, con el objetivo de fortalecer las facultades de los directores de los establecimientos educacionales, incorporando un procedimiento más expedito de expulsión o cancelación de matrículas en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa.

Al mismo tiempo, pretende salvaguardar el debido proceso para el estudiante en caso de ser expulsado, previo a lo cual el director del establecimiento deberá iniciar procesos sancionatorios que acrediten el registro de conductas graves o gravísimas, según los reglamentos internos.

La ley modifica la letra d) del artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, que fija el texto refundido del decreto sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. Cabe señalar que el artículo mencionado establece los requisitos para que los establecimientos de enseñanza puedan impetrar el beneficio de la subvención, a su vez el literal d) -modificado- hace referencia al reglamento interno sobre normas de convivencia que deberán tener dichos establecimientos.

De acuerdo a lo establecido en  el texto se entiende que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa (profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros), estas conductas pueden ir desde las agresiones  de caracter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.

El director también tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar, mientras dure este proceso sancionatorio, que puede derivar en la citada expulsión o bien la cancelación de la matrícula, para lo cual debe cumplirse un periodo de 10 días de investigación, fijándose además cinco días posteriores para pedir la reconsideración de la medida, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.

Asimismo, el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad

Por último, la ley establece en su artículo transitorio, que los establecimientos educacionales regidos por las normas sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, deben actualizar sus reglamentos internos para adecuarlos a los preceptos de esta ley en un plazo de noventa días, a partir de su publicación.

Consulte texto completo de la ley.

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