Sala aprueba designar al INDH como mecanismo nacional de prevención contra la tortura

La Cámara de Diputados aprobó y envió al ejecutivo para su promulgación como ley de la República, el proyecto que deisgna al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La totalidad de las modificaciones generales efectuadas por el Senado fueron aprobadas por 123 votos favorables, tres en contra y doce abstenciones. Las normas de quórum especial se validaron por 128 votos a favor, dos en contra y ocho abstenciones.

La propuesta da cumplimiento al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgado por el decreto supremo 340, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El texto prevé que el Instituto actúe exclusivamente a través del Comité de Prevención contra la Tortura,  dará aplicación a lo dispuesto en la citada Convención (impulsada por las Naciones Unidas), así como por su Protocolo Facultativo, los tratados internacionales en la materia ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, la Constitución Política de la República y las demás normativas vigentes.

Entre las funciones y atribuciones del Comité se encuentran:

1. Examinar periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad y el trato que reciben.
2. Realizar visitas periódicas preventivas no programadas y de monitoreo a los lugares de privación de libertad que determine libremente. Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones propias del Instituto Nacional de Derechos Humanos
3. Realizar visitas sin previo aviso, ante denuncias específicas por represalias que pudieren sufrir las personas privadas de libertad como consecuencia de las visitas realizadas.
4. Visitar y entrevistar a personas o grupos que estime pertinente en confidencialidad.
5. Requerir información relativa al número de personas privadas de libertad en el recinto, entre otros datos.
6. Y solicitar a las autoridades correspondientes información para el cumplimiento de su mandato, entre otras materias.

Conforme al marco de esta ley, ninguna autoridad o funcionario podrá impedir la realización de una visita del Comité (en casos excepcionales, graves, urgentes y apremiantes serán los expertos quienes determinen la mantención o suspensión de la misma); ni ordenar, aplicar, permitir o tolerar represalia contra los expertos por el ejercicio de sus funciones; o contra una persona u organización por haber comunicado a los expertos del Comité cualquier información relativa a torturas u otros tratos o penas crueles.

Finalmente, el proyecto determina que la presente ley entrará en vigencia al cumplirse el sexto mes desde su publicación en el Diario Oficial.

Consulte boletín 11245.

Fuente: Cámara.

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