Jurisprudencia Destacada Año 2019 N1

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 1 DE 2019

 

UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – PRESCRIPCIÓN    

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Rojas c/ Jefa de Aseo de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN – DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA – RESIDUOS PELIGROSOS – DESPERDICIOS Y BASURAS – ELECTRICIDAD – LEGITIMACION PASIVA – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Microjuris

La Municipalidad ha incurrido en una conducta ilegal al omitir adoptar acciones para disponer el retiro del cableado en desuso, a pesar que cuenta con atribuciones para aquello, las que se relacionan con la mantención del aseo dentro del territorio de la comuna y de las labores de fiscalización y deber de velar por el medio ambiente, conculcando la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental. Además, la eventualidad de existir cables conectados que cuelgan hacia las calles o veredas, constituyen una fuente de peligro inminente para la seguridad e integridad física de los transeúntes, por lo que la omisión de velar por la pronta solución de aquello implica una transgresión al numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación deducido y revocar la sentencia apelada, acogiendo el recurso de protección interpuesto en contra de la Jefa de Aseo de la municipalidad por la existencia de cables de todo tipo en desuso que no se han retirado. Al respecto, se concluye que la Municipalidad recurrida ha incurrido en una conducta ilegal al omitir adoptar acciones para disponer el retiro del cableado en desuso, a pesar que cuenta con atribuciones para aquello, las que se relacionan con la mantención del aseo dentro del territorio de la comuna y de las labores de fiscalización y deber de velar por el medio ambiente, conculcando la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental. Además, la eventualidad de existir cables conectados que cuelgan hacia las calles o veredas, constituyen una fuente de peligro inminente para la seguridad e integridad física de los transeúntes, por lo que la omisión de velar por la pronta solución de aquello implica una transgresión al numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política.

2.- Es al ente edilicio, a través de su unidad de Aseo y Ornato, a la que le corresponde velar por el aseo de todos los espacios públicos de la comuna, debiendo elaborar planes para aquello, sin perjuicio que, además, le corresponden labores de fiscalización y materialización de programas relacionados con la mantención de un medio ambiente libre de contaminación.

3.- Es indudable que la existencia de cables desconectados enrollados en los postes constituyen un tipo de desecho que si bien pertenece a las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y a empresas de electricidad que, por negligencia, no han retirado oportunamente, el municipio debe velar por su eliminación, indudablemente, a costa de aquellas. En tanto, la existencia de cables conectados que cuelgan hacia la acera o la calle, constituye una fuente de peligro para la integridad física de los transeúntes, por lo que la Municipalidad debe adoptar todas las medidas necesarias para su pronta adecuación.

4.- Aduce la recurrida que los cables son de las empresas de telecomunicaciones y que carece de atribuciones para retirarlos, correspondiendo la fiscalización de aquellas al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Pues bien, la primera alegación se rechaza, pues el carácter de elementos de desecho convierte a los referidos cables en un tipo de basura, cuyo retiro debe ser dispuesto por la recurrida, pues si bien se encuentran en un soporte que es privado, lo cierto es que esté se ancla en un espacio que constituye un bien nacional de uso público y cruza además el espacio aéreo que tiene tal naturaleza.

5.- No se puede desconocer que los cables que motivan la controversia, a pesar de ser elementos de desecho, pertenecen a empresas concesionarias de servicios públicos que efectivamente están bajo la fiscalización del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; sin embargo, aquello no es óbice para la actuación de la recurrida, máxime si la Subsecretaría de Telecomunicaciones emitió el Oficio N° 60, de 4 de mayo de 2012, en que señala que las concesionarias sólo pueden tender o cruzar líneas aéreas para la prestación de servicios, por lo que los cables en desuso, al no estar afectos al cumplimiento de tales fines, no se encuentran amparados por el artículo 18 de la ley N° 18.168, razón por la que devienen en escombros cuyo retiro puede ser ordenado por la Municipalidad respectiva.

6.- Se descarta la alegación de falta de legitimación pasiva esgrimida por la recurrida, toda vez que la naturaleza del vínculo que une a la funcionaria con el Municipio, no es una circunstancia que le pueda empecer al actor, toda vez que su acción se dirige en contra de la Municipalidad, en virtud de omisiones en la que incurre el Jefe de Aseo y Ornato, reconociendo la recurrida que ella desempeña las labores de Encargada de la Oficina de Gestión y Educación Ambiental del Municipio, sin perjuicio que, el contrato de honorarios que acompaña, da cuenta que fue contratada para la prestación de servicios como Encargada del Departamento de Aseo.

 

COBRANZA LABORAL – LIQUIDACIÓN   

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AFP Cuprum S.A. c/ Corporación Municipal Educación San Bernardo

Voces: LABORAL – JUICIO EJECUTIVO – COBRANZA JUDICIAL DE COTIZACIONES, APORTES Y MULTAS DE SEGURIDAD SOCIAL – DEUDAS PREVISIONALES – EXCEPCIÓN DE PAGO – DEUDA LÍQUIDA – INTERESES – REAJUSTE – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Microjuris – Laboral

Conforme lo dispuesto en las normas contenidas en los artículos 5 N°5, 22 c), de la Ley N°17.322 y 19 incisos 10, 14 y 20 del Decreto Ley N°3.500, las sumas adeudadas por concepto de cotizaciones previsionales comprenden no sólo el capital respectivo sino también los reajustes, intereses penales y recargos, de modo tal que para que pueda tenerse por pagada la deuda previsional, resulta indispensable una liquidación que determine el monto exacto adeudado a la fecha de la consignación o pago. En la especie, sólo fue efectivamente consignado el monto nominal demandado, sin haberse determinado, de forma previa y mediante la correspondiente liquidación, el monto exacto de los reajustes, intereses y recargos que la deuda devengó, por lo tanto, no se puede establecer si se encuentra pagada íntegramente, resultando jurídicamente imposible acoger la excepción de pago.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la ejecutante en contra de la sentencia que confirmó el fallo de primera instancia, acogiendo la excepción de pago opuesta. Esto, dado que el tribunal infringió lo dispuesto en los artículos 5 y 22 de la Ley 17.332, al acoger la excepción de pago, toda vez que solo fue efectivamente consignado el monto nominal demandado y no se determinó mediante una liquidación el monto exacto de los reajustes, intereses y recargos que la deuda devengó, por lo tanto, no se puede establecer si se encuentra pagada íntegramente, resultando jurídicamente imposible declarar que se solucionó.

2.- La deuda que se cobra y que dio lugar al mandamiento de ejecución y embargo, asciende a la suma de $228.813, más intereses, reajustes, recargos y costas, sin embargo, los sentenciadores del fondo calificaron la consignación efectuada por ese monto, como pago total de la misma, no obstante que no comprende dichos accesorios, precisamente, porque no se practicó una liquidación del crédito cobrado.

3.- Conforme lo dispuesto en las normas contenidas en los artículos 5 N°5, 22 c), de la Ley N°17.322 y 19 incisos 10, 14 y 20 del Decreto Ley N°3.500, las sumas adeudadas por concepto de cotizaciones previsionales comprenden no sólo el capital respectivo sino también los reajustes, intereses penales y recargos, de modo tal que para que pueda tenerse por pagada la deuda previsional, resulta indispensable una liquidación que determine el monto exacto adeudado a la fecha de la consignación o pago. (De la sentencia de reemplazo).

DOCENTES – ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO   

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Contreras c/ Ilustre Municipalidad de Chol Chol

Voces: LABORAL – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – ASIGNACIONES Y PRESTACIONES – REMUNERACION – PRESCRIPCION – COMPUTO DEL PLAZO – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Fecha: 24-dic-2018

Cita: ROL:376-18, MJJ58217

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

El plazo de prescripción extintiva de la acción para obtener el pago de la asignación de perfeccionamiento es aquel contemplado en el inciso primero del artículo 510 del compendio normativo laboral, por una doble razón; en primer lugar, por cuanto le es aplicable supletoriamente de acuerdo al artículo 71 del Estatuto Docente y, luego, por cuanto se trata de una contraprestación en dinero de la que es acreedor el demandante por causa del vínculo laboral que lo ligaba con la municipalidad, esto es, una remuneración, derecho irrenunciable consagrado en la carta laboral.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que rechazó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra del fallo que acogió parcialmente la excepción de prescripción opuesta en contra de la demanda por el pago de la asignación de perfeccionamiento docente. Al respecto, yerran los sentenciadores de la Corte de Apelaciones cuando, al fallar el recurso de nulidad interpuesto por la demandada, resuelven que la sentencia de base razona correctamente al estimar aplicable a la asignación de perfeccionamiento el plazo de prescripción del Código Civil. En efecto, el recurso de nulidad referido, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción al artículo 510 de la codificación laboral, debió ser acogido, toda vez que el plazo de prescripción extintiva de la acción para obtener el pago de la asignación de perfeccionamiento es aquel contemplado en el inciso primero del artículo 510 del compendio normativo laboral, por una doble razón; en primer lugar, por cuanto le es aplicable supletoriamente de acuerdo al artículo 71 del Estatuto Docente y, luego, por cuanto se trata de una contraprestación en dinero de la que es acreedor el demandante por causa del vínculo laboral que lo ligaba con la Municipalidad, esto es, una remuneración, derecho irrenunciable consagrado en la carta laboral.

2.- El artículo 42 del Estatuto Docente, en forma previa a la Ley N° 20.903, enumeraba las asignaciones que han de percibir los profesionales de la educación del sector municipal, entre las que se encuentra la asignación de perfeccionamiento. Tal asignación constituyó una herramienta de mejora salarial, formando parte de la remuneración mensual de los profesionales docentes del sector municipalizado que cumplían las condiciones para su otorgamiento. De esto se sigue, que al tener un carácter netamente remuneracional, y además periódico, constituye una prestación de orden laboral irrenunciable, protegida por el Código del Trabajo, plenamente subsumible en el concepto dado en el inciso 1° del artículo 41 de dicho cuerpo legal. Por otra parte, la enumeración que realiza el artículo 42 del Código del Trabajo no es de carácter taxativa, sino que corresponde sólo a algunas de las formas de remuneración establecidas por el legislador; también la constituyen aquellos incentivos o asignaciones que, como la en estudio, tienen como origen la prestación de servicios y además han adquirido fijeza, se devengan en forma mensual, y se pagan permanentemente.

 

PLAN REGULADOR COMUNAL   

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Wielandt c/ Ilustre Municipalidad de Algarrobo

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – PERMISO DE EDIFICACIÓN – PLAN REGULADOR COMUNAL – CONSULTA – CONCEJO MUNICIPAL – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La municipalidad recurrida por intermedio del Alcalde, tiene la facultad de iniciar un proceso de modificación del Plan Regulador Comunal, para lo cual debe desarrollarlo con la publicidad y la participación exigida por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, lo que en la especie ocurrió, tanto así que la recurrente ha podido comparecer en el mismo haciendo sus observaciones. Por otro lado, el Concejo Municipal es el órgano llamado a aprobar o rechazar tales modificaciones, no visualizándose la ilegalidad ni arbitrariedad denunciada al haber procedido en el marco de consulta pública y publicidad establecida en la ley.

Doctrina:

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y rechazar el recurso de protección deducido en contra de los acuerdos del concejo municipal que rechazaron las observaciones presentadas por los recurrentes a la propuesta de Modificación del Plan Regulador Comunal. Al respecto, la recurrida por intermedio del Alcalde, tiene la facultad de iniciar un proceso de modificación del Plan Regulador Comunal, para lo cual debe desarrollarlo con la publicidad y la participación exigida por la Ley General de Urbanismo y Construcciones , lo cual se ha llevado a efecto, tanto así que la recurrente ha podido comparecer en el mismo haciendo sus observaciones. Por otro lado, el Concejo Municipal es el órgano llamado a aprobar o rechazar tales modificaciones, no visualizándose la ilegalidad ni arbitrariedad denunciada al haber procedido en el marco de consulta pública y publicidad establecida en la ley.

2.- Lo aprobado por unanimidad fue la revisión y sanción de 55 observaciones presentadas a la Modificación del Plan Regulador Comunal de un total de 57, dejándose constancia además del rechazo de las observaciones de los recurrentes y de un tercero. De lo anterior se colige que la modificación propuesta se encuentra aún en tramitación. Ello no obsta a que la recurrente pueda ejercer los derechos y acciones que le proporciona el ordenamiento jurídico contra el acto final o de término que se dicte sobre la Modificación del Plan Regulador de Algarrobo objeto de este recurso, si así lo estima pertinente, no siendo la vía de cautela urgente la idónea para este objeto.

3.- Corresponde confirmar la sentencia apelada acogiendo el recurso de protección, por cuanto la actuación de la autoridad municipal, al iniciar el procedimiento del artículo 33 de la Ley Nº18.695, incurrió en un acto ilegal y arbitrario al no concluirlo de la manera que prevé dicha norma, vulnerando los principios establecidos en la Ley Nº 19.880 relativos a los procedimientos administrativos. (Del voto en contra del Ministro Sr. Prado)

 

UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – PRESCRIPCIÓN    

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Parra c/ Ilustre Municipalidad de Arica

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – ACCIÓN DECLARATIVA – HONORARIOS – PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA – PLAZOS PROCESALES – PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL – IN DUBIO PRO OPERARIO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

Sin perjuicio del derecho a reclamar el reconocimiento de una relación laboral que ha sido desconocida por el empleador, durante toda su vigencia -en la medida que se den los presupuestos que la hacen exigible-, el plazo de prescripción de la acción sólo puede comenzar a correr desde la época en que se le puso término, según el inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandante en contra de la sentencia que acogió el recurso de nulidad deducido por la parte demandada, desestimando la acción declarativa de existencia de relación laboral y cobro de prestaciones, acogiendo la excepción de prescripción. Esto, dado que, el artículo 510 del estatuto del trabajo, que regula la prescripción extintiva en materia laboral, opera bajo la lógica de distinción de la naturaleza de la prestación demandada, a fin de aplicar uno u otro régimen de prescripción. Sin embargo, en el caso de su inciso primero, la voz «desde la fecha en que se hicieron exigibles», debe ser interpretada conforme al principio tutelar del derecho del trabajo, promoviendo siempre el efectivo acceso a la justicia del trabajador cuyos derechos estima vulnerados. Así, sin perjuicio del derecho a reclamar el reconocimiento de una relación laboral que ha sido desconocida por el empleador, durante toda su vigencia, el plazo de prescripción de la acción sólo puede comenzar a correr desde la época en que se le puso término.

2.- El ordenamiento jurídico chileno, sin perjuicio de que regula la prescripción en materia laboral, como modo de extinguir las acciones y derechos, lo hace limitando o acotando su eficacia, a fin de garantizar al trabajador la más amplia posibilidad de reclamar sus derechos. Ello se logra, entre otras fórmulas, a través de la fijación del momento de inicio de su cómputo, que en general, en la legislación comparada, se consagra a la época del término del contrato, pues dicha fórmula garantiza una mejor cobertura y protección de los derechos del asalariado, por cuanto no olvida que la prescripción extintiva, si bien es una sanción que se impone al acreedor poco diligente, en el ámbito laboral, tal inactividad encuentra su sentido en la posición desmedrada en que se encuentra el trabajador, quien prefiere evitar conflictos con su empleador a fin de asegurar su salario, y suele accionar judicialmente solamente una vez que la relación laboral llegó a su fin.

3.- La dificultad en materia del plazo para demandar la declaración de una relación como laboral, no radica en la extensión del plazo, sino en la determinación del inicio de su cómputo, pues se reconoce que no es razonable colocar al trabajador en la obligación de demandar a su empleador encontrándose vigente el contrato de trabajo pues, el miedo al despido puede forzar al trabajador a renunciar a parte de sus derechos, y que la renuncia durante la relación laboral no puede ser considerada como la libre expresión de la voluntad negocial del trabajador.

4.- El derecho del trabajo surge sobre la base de consideraciones concretas que tienen por objeto reparar el desequilibrio evidente que fluye en las relaciones de trabajo entre el empleador y el trabajador. Dicha asimetría material coloca al trabajador en una posición desmejorada que atenta contra el ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad, lo que justifica la introducción de elementos que buscan equiparar ambas posiciones, y lograr una real alteridad en la dinámica convencional, que, en la especie, se plasman en los principios del derecho del trabajo, y su carácter finalista y tutelar, medidas y principios que buscan otorgar debida protección a la parte estructuralmente débil en la dinámica de las relaciones laborales, reconocida en consideración a la paradigmática falta de isonomía que existe entre un trabajador individual y el empleador, no sólo en materia de negociación del contenido contractual de la relación de trabajo, sino, incluso, en la definición de su naturaleza, contexto en que debe ser analizada la materia de derecho objeto del recurso.

 

ESTATUTO DOCENTE – BONO PROPORCIONAL    

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Ríos Benavente y otros c/ Ilustre Municipalidad de General Lagos

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – REMUNERACION – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

La Ley N° 19.933, así como las leyes que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad, confirmando la decisión de rechazar la demanda de cobro del aumento del bono proporcional mensual. Esto, dado que la Ley N° 19.410, en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada «bonificación proporcional mensual». Sin embargo, la Ley N° 19.933, como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica.

2.- El inciso 1° del artículo 9 la Ley 19.933, ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo con motivo del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.

3.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad, confirmando la decisión de rechazar la demanda de cobro del aumento del bono proporcional mensual. Esto, dado que, si bien es cierto que del tenor literal del artículo 1° de la Ley N°19.933 fluye que los textos referidos sustituyeron la base de cálculo de la bonificación proporcional mensual, adicionando a los fondos contenidos en la Ley N°19.410 aquellos destinados en las sucesivas modificaciones, dicha sustitución no puede entenderse como un aumento del beneficio exclusivamente para los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales del sector particular subvencionado con exclusión de los docentes del sector municipalizado. Así, bonificación proporcional constituye un rubro fijo en la renta de estos profesionales, debiendo destacarse que la vinculación que se genera entre los docentes y los sostenedores de los establecimientos educacionales es de naturaleza estatutaria, porque no interviene la voluntad de las partes en orden a generar o eliminar obligaciones o derechos, puesto que son determinados por el Estado, como ente regulador de la relación (Del voto en contra del abogado integrante señor Barra).

4.- El inciso primero del artículo 22 del Código Civil, señala: «El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía». La aplicación de esta regla, en la especie, conduce a la norma del inciso primero del artículo 9° de la Ley N° 19.933 que dispone: «Los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, del sector particular subvencionado y del regido por el decreto ley N° 3.166, de 1980, en razón de esta ley, por concepto de aumento de subvención o de su aporte en su caso, serán destinados exclusivamente al pago de remuneraciones docentes». Es decir, no sólo no exceptúa a los establecimientos del sector municipal, sino que contiene una clara regla acerca del destino que deben dar a los recursos que perciban con motivo de la misma Ley N°19.933 (Del voto en contra del abogado integrante señor Barra).

5.- La interpretación del vocablo «sustitúyese» que utiliza el artículo 1° de la Ley N°19.933, conforme a la regla establecida en el artículo 22 del Código Civil, significa que se reemplazó el valor de la bonificación proporcional, pero no a los beneficiados, desde que se refiere al bono proporcional -previsto en el artículo 8° de la Ley N° 19.410 y que corresponde al actual artículo 63 del Estatuto Docente- y se remite expresamente a la forma, condiciones y procedimiento señalados en los artículos 8° a 11 de la Ley N°19.410, normas que crearon la bonificación proporcional, establecieron su forma de cálculo y, específicamente, la constituyeron en un derecho para los docentes tanto de los establecimientos educacionales del sector municipal como del sector particular subvencionado (Del voto en contra del abogado integrante señor Barra).

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL   

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Campos c/ Ilustre Municipalidad de Tomé

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción

Sala: Sexta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

La interpretación acertada del artículo 4 de la Ley 18.883, en relación al artículo 1 del Código del Trabajo, consiste en la vigencia del señalado código respecto de las personas naturales contratadas por la Administración del Estado que, aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la demandada en contra de la sentencia que acogió la acción declarativa de existencia de relación laboral y despido injustificado. Esto, dado que no es tal la denunciada infracción del artículo 4 de la Ley 18.883, cuya interpretación acertada, en relación al artículo 1 del Código del Trabajo, consiste en la vigencia del señalado código respecto de las personas naturales contratadas por la Administración del Estado que, aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del Trabajo.

2.- Corresponde calificar como vínculos laborales, sometidos al Código del Trabajo, las relaciones habidas con la Administración del Estado, en la medida que dichas ligazones se desarrollen fuera del marco legal fijado por el artículo 4 de la Ley 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, y se conformen a las exigencias establecidas por el legislador correspondiente, razón por la cual tampoco concurre algún error en la calificación jurídica otorgada a los hechos establecidos.

3.- El artículo 1 del Código del Trabajo contiene una excepción y una contra excepción a la aplicación del Código del Trabajo. Así, tal Código no se aplica a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que tenga aportes, participación o representación. Sin embargo, esta situación excepcional tiene cabida únicamente en el evento que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Por su parte, la contra excepción se formula abarcando a todos los trabajadores de las entidades señaladas, a quienes se vuelve a la regencia del Código del Trabajo, sólo en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO   

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Olivares c/ Ilustre Municipalidad de Buin

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INJUSTIFICADO – HONORARIOS – ACCION DECLARATIVA – NULIDAD DEL DESPIDO – OMISION DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

Cuando se trata, en su origen, de relaciones laborales que provienen de un contexto de contratación a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción de nulidad del despido, cual es que ellos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó dicha sanción, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el trabajador en contra de la sentencia que acogió su demanda declarativa de relación laboral y despido injustificado sin dar lugar a la relativa a la nulidad del despido. Esto, dado que si bien, la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de evidente naturaleza declarativa, por lo que la regla general en esta materia, es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido en el caso de constatarse la falta de pago de las cotizaciones previsionales, dicha conclusión debe variar cuando se trata, en su origen, de relaciones laborales que provienen de un contexto de contratación a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado, pues en tales casos, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cual es que ellos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo

2.- Por otro lado, la aplicación -en estos casos-, de la sanción referida, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio firme, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector, base sobre la cual, también debe desecharse el recurso de nulidad del actor.

3.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia, pues el meollo de la discusión gira en torno a la procedencia de la sanción prevista en el artículo 162, inciso quinto, del Código del Trabajo, en el caso que la relación laboral existente entre las partes haya sido declarado sólo en el fallo del grado. Al respecto, se debe recordar, que de acuerdo a la modificación introducida por la Ley N° 19.631 al artículo mencionado, se impuso al empleador la obligación, en el caso que proceda a despedir a un trabajador, de mantener íntegramente pagadas sus cotizaciones previsionales, de lo contrario, dicho despido carece de efectos -es nulo-,correspondiendo entonces que el empleador, no obstante la separación del trabajador, siga pagando las remuneraciones y capítulos pertinentes hasta que se subsane el incumplimiento referido, convalidando el despido. Así, la procedencia de tal obligación, atendida la naturaleza declarativa de la sentencia que reconoce la existencia de un vínculo de trabajo, no depende de sí el empleador retuvo o no lo correspondiente a las cotizaciones de seguridad social, ni tampoco a la naturaleza jurídica del empleador, por lo tanto, procedía acoger el recurso, invalidar el fallo de base en el extremo referido, y dictar sentencia de reemplazo que declare que la demandada también queda obligada al pago de los emolumentos devengados desde la separación del trabajador hasta la convalidación del despido (Del voto en contra de la Ministra señora Chevesich).

 

PATENTE DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS  

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Tapia c/ Ilustre Municipalidad de Renca

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS – DOMICILIO – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Quinta

Producto: Microjuris

La no renovación de la patente de expendio de bebidas alcohólicas no constituye un acto ilegal y arbitrario de la Municipalidad por cuanto que la recurrente no cuenta con un local comercial ni establecimiento en el domicilio señalado y no se ha indicado un nuevo domicilio del establecimiento para tramitar su traslado. De este modo, la recurrente era titular de una patente que en los hechos no explotaba incumpliendo de esta manera la regulación de la materia.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto en contra de la decisión de la municipalidad de no renovar la patente de alcoholes fundada en que la recurrente no cuenta con un local comercial ni establecimiento en el domicilio señalado y no se ha indicado un nuevo domicilio del establecimiento para tramitar su traslado, transgrediendo la normativa de la ley de alcoholes. Al respecto, dicha decisión no es arbitraria ni ilegal, pues para ejercer la actividad comercial de expendio de bebidas alcohólicas se debe cumplir con los precepto de la ley de alcoholes, dentro de los cuales se encuentra no contar con antecedentes penales que den cuenta de haber sido condenada por un crimen o simple delito sumado, demás, a que la patente de alcoholes, siempre y en todo caso, viene acompañada de una actividad principal, la cual se encuentra grabada asimismo con el impuesto municipal denominado patente comercial, regulada por el Decreto Ley N° 3063 sobre rentas municipales , lo que en la especie no se verifica, pues el local comercial indicado en el domicilio de la actora no existe. Cabe recordar que el artículo 5° de la Ley de Alcoholes hace extensible a los establecimientos de expendio de bebidas alcohólica, el cumplimiento lo dispuesto la normativa específica de tributación municipal. En el caso, ha sido la actora la que no ha dado cumplimiento al marco normativo que regula la actividad que pretende desempeñar, pues como se indicó no cuenta con un establecimiento de expendio de cerveza y tampoco tiene una patente comercial para su giro. Ésta era titular de una patente que en los hechos no explotaba incumpliendo de esta manera la regulación de la materia. En consecuencia, se desestima el carácter ilegal de la conducta de la recurrida.

 

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