Corte Suprema envía a la Cámara informe sobre proyecto de ley que crea tutela laboral para trabajadores públicos

Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema analizó la iniciativa legal que establece la tutela laboral para empleados fiscales.

Según el informe emitido la reforma legal se encuentra, en sus propósitos, acorde con la jurisprudencia de esta Corte, pues aplica a los funcionarios públicos el régimen de los trabajadores del sector privado en relación con la defensa y protección de sus derechos fundamentales en el trabajo; sin embargo, la referencia al Estatuto Administrativo la restringe únicamente a aquellos funcionarios pertenecientes a los ministerios, intendencias, gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, excluyendo a otros trabajadores del sector público, como los trabajadores de municipios, Ministerio Público, Poder Judicial y el Congreso, entre otros.

Añade, que de allí que, para la consecución de los objetivos de los proponentes, resulte recomendable evaluar tanto la extensión y ubicación de la norma, permitiendo la aplicación a todos los funcionarios del Estado, lo que comprendería los vínculos entre ellos y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la eliminación de la referencia a la naturaleza de la relación que liga al trabajador con el Estado, dejando dicho aspecto sometido a la decisión de los tribunales de justicia.

En lo que concierne al procedimiento, se agrega, si bien el proyecto de ley hace aplicable los artículos del Código del Trabajo que regulan la tutela laboral a los funcionarios que se encuentran regidos por el Estatuto Administrativo, existen algunos aspectos que deben ser adecuados para permitir su correcta aplicación.

Respecto al procedimiento, si bien el proyecto de ley hace aplicable los artículos del Código del Trabajo que regulan la tutela laboral a los funcionarios que se encuentran regidos por el Estatuto Administrativo, existen algunos aspectos que deben ser adecuados para permitir su correcta aplicación.

Entre dichos aspecto, el pleno de ministros destaca los siguientes:
a.-El rol de las asociaciones de funcionarios que, en principio, podría asimilarse al rol de las asociaciones gremiales, pero que podría necesitar de una declaración expresa en este sentido;
b.-Las facultades de la Dirección del Trabajo o de la Contraloría General de la República, referidas a la denuncia de vulneraciones de derechos fundamentales de un órgano de la administración pública ante el tribunal competente, a ser parte en el juicio y a las facultades de informar al tribunal en el contexto del conocimiento de una denuncia;
c.-El significado legal que se le dará a ciertas expresiones propias del desarrollo del trabajo en el sector privado como “el despido” y “la separación”; y
d.-El cálculo de los montos equivalentes a las indemnizaciones y recargos que deberá pagar el Estado en caso de acogerse la acción de tutela laboral, que actualmente la ley hace coincidir con la indemnización sustitutiva por aviso previo (artículo 162 del Código del Trabajo), la indemnización por años de servicio (artículo 163) y el recargo por despido injustificado (artículo 168)

Fuente: PJUD.

 

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