Jurisprudencia Destacada Año 2019 N3

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 3 DE 2019

 

TUTELA LABORAL – INDEMNIDAD – CONTRATA    

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Carrasco c/ Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo

Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – MUNICIPALIDADES – INDEMNIDAD – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSIQUICA – INDICIOS – FUNCIONARIOS A CONTRATA – DOCENTES – CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA – ACOSO LABORAL – INDEMNIZACION POR DESPIDO – DEMANDA ACOGIDA

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán

Producto: Laboral

La demandante denunció a la municipalidad por acoso y modificación de su contrata ante la Contraloría, ordenando dicha institución que la municipalidad evaluara instruir el sumario por el acoso denunciado por la actora y le ordenó distribuir la cantidad de horas de docencia de aula y de actividades curriculares no lectivas de la jornada laboral de la peticionaria en la proporción correspondiente a sus 30 horas cronológicas semanales servidas en calidad de titular. Al no constar ninguna respuesta del órgano municipal, resulta dudosa la objetividad del acto denunciado, surgiendo claramente, señales de represalia que tornan arbitrario el cese de la contrata y abren la puerta a una vulneración de garantías fundamentales, en particular la garantía de indemnidad.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la demanda de vulneración de derechos interpuesta por la trabajadora por afectación a la garantía de indemnidad. En efecto, la demandante denunció a la municipalidad por acoso y modificación de su contrata ante la Contraloría, ordenando dicha institución que la municipalidad evaluara instruir el sumario por el acoso denunciado por la actora y le ordenó distribuir la cantidad de horas de docencia de aula y de actividades curriculares no lectivas de la jornada laboral de la peticionaria en la proporción correspondiente a sus 30 horas cronológicas semanales servidas en calidad de titular. De este modo al no constar ninguna respuesta del órgano municipal a lo ordenado por la Contraloría, resulta dudosa la objetividad del acto denunciado, surgiendo claramente, señales de represalia que tornan arbitrario el cese de la contrata y abren la puerta a una vulneración de garantías fundamentales, en particular la garantía de indemnidad.

2.- En el caso de funcionarios públicos, como la actora, el vínculo derivado de la incorporación de una persona a algún cargo de la administración pública u órgano del Estado, por vía de la «contrata», se encuentra regido por un estatuto especial. El vínculo aludido, no genera relación laboral bajo el amparo de las normas del Código del Trabajo. De esta manera, los derechos que contempla no son susceptibles de ser reclamados por los funcionarios públicos cuyo ordenamiento jurídico no contempla indemnizaciones por término de relación laboral como las previstas en el Código del Trabajo. La única indemnización que es procedente es la especial del artículo 489 inciso tercero , este artículo establece que todas las indemnizaciones concurrentes, lo hacen bajo el supuesto que quien demanda es un trabajador con contrato de trabajo. De esta forma resulta impropio ordenar el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo y más aún de una indemnización por años de servicios más su incremento, por cuanto ellas sólo están previstas para el término injustificado de una relación de carácter laboral, cuyo no es el caso de la demandante.

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL    

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Martínez c/ Ilustre Municipalidad de Maipú

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – HONORARIOS – ACCIÓN DECLARATIVA – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

La prestación de servicios en forma permanente durante más de seis años en forma continua para el municipio en labores que le son propias, la existencia de beneficios propios de un contrato de trabajo como licencias médicas y permisos especiales, y de indicios que las funciones se prestaban en horarios fijados previamente, son antecedentes suficientes para concluir que el actor se desempeñó bajo el tipo del artículo 7 del Código del Trabajo, excluyendo la modalidad de honorarios bajo la que formalmente fue contratado en virtud del artículo 4 de la Ley N° 18.883.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandante en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad, rechazando la demanda declarativa de relación laboral y despido injustificado. Esto, dado que la acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en armonía con el artículo 4 de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, que, aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, se desempeñan en las condiciones previstas por el Código del ramo.

2.- La prestación de servicios en forma permanente durante más de seis años en forma continua para el municipio en labores que le son propias, la existencia de beneficios propios de un contrato de trabajo como licencias médicas y permisos especiales, y de indicios que las funciones se prestaban en horarios fijados previamente, son antecedentes suficientes para concluir que el actor se desempeñó bajo el tipo del artículo 7 del Código del Trabajo. La falta de instrucciones precisas por parte del empleador no es razón suficiente para concluir que no se configuró tal subordinación y dependencia, teniendo especialmente en consideración que tratándose de un profesional tales indicaciones no son estrictamente necesarias para el desarrollo de sus funciones, y que, por otro lado, debía seguir las indicaciones que se desprenden de los proyectos que debía desarrollar, de lo cual debía dar detallada cuenta al evacuar los informes mensuales (De la sentencia de reemplazo).

3.- La calificación de la relación como laboral se basa en indicios como, el que supervisión y evaluación de los servicios del actor estaban cargo del Director de Departamento respectivo a quien debería entregar para su aprobación, mensualmente, un informe de avance o cumplimiento de las tareas mensuales, cuya visación habilitaría el pago que, como contrapartida a la prestación de servicios personales, la municipalidad demandada pagaría por el trabajo especificado una suma alzada total, dividida en doce cuotas iguales, y en los contratos de 2015 y siguientes además se estableció para el mes de enero un adicional por concepto de bono denominado Puesta en Marcha año respectivo. Además, fue asentado que el demandante cumplía con horario de trabajo y gozaba de beneficios específicos, tales como la entrega de infraestructura para la función, material de apoyo, sistemas informáticos e indumentaria de trabajo; asistencia a seminarios y charlas con anuencia de la demandada; si excedía jornada pactada de 44 horas podía compensarse; permisos especiales ante eventos determinados; días hábiles de descanso cuando complete un año de servicio.

4.- Los antecedentes de la causa permiten concluir que, los contratos a honorarios suscritos entre las partes, constituyen una modalidad a través de la cual la Municipalidad cumple sus fines normativos, no empleando personal propio en ello, sino que a aquellos que sirven a tal finalidad, pero siempre teniendo en consideración el carácter esencial, final y central que trasciende a esta decisión, en cuanto a estar cumpliendo uno de sus objetivos, que no es otro que satisfacer las exigencias de la comunidad a la cual sirve, con un claro propósito de promoción social que en este caso se ejecuta por medio de la demandada en forma permanente y habitual, tarea de ordinario cumplimiento que por ley se le encomienda, de modo que no puede sostenerse que la relación existente entre las partes se enmarcó dentro de la hipótesis excepcional contenida en el artículo 4 de la ley N° 18.883.

5.- La determinación de estos tópicos de especificidad y ocasionalidad de las labores, para calificar la relación de autos, deben ser esclarecidos para después decidir el estatuto aplicable a la situación concreta que se analiza, por lo que se hace necesario aclarar qué son «labores accidentales y no habituales», siendo aquéllas las que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, las tareas puntuales perfectamente individualizadas o determinadas con claridad en el tiempo y que, sólo por excepción, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente.

6.- Respecto de la institución de la nulidad del despido por el no pago de las cotizaciones previsionales, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la Ley N° 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL    

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Zúñiga, Lucía y otros c/ Ilustre Municipalidad de Santa Cruz

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – REMUNERACION – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – EXCEPCIÓN DE PAGO – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

La Ley N° 19.933, así como las leyes que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad, acogiendo la excepción de pago, y rechazando la demanda de cobro del aumento del bono proporcional mensual. Esto, dado que la Ley N° 19.410, en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada «bonificación proporcional mensual». Sin embargo, la Ley N° 19.933, como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica.

2.- El inciso 1° del artículo 9 la Ley 19.933, ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo con motivo del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.

3.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad, acogiendo la excepción de pago, y rechazando la demanda de cobro del aumento del bono proporcional mensual. Esto, dado que, si bien es cierto que del tenor literal del artículo 1° de la Ley N°19.933 fluye que los textos referidos sustituyeron la base de cálculo de la bonificación proporcional mensual, adicionando a los fondos contenidos en la Ley N°19.410 aquellos destinados en las sucesivas modificaciones, dicha sustitución no puede entenderse como un aumento del beneficio exclusivamente para los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales del sector particular subvencionado con exclusión de los docentes del sector municipalizado. Así, bonificación proporcional constituye un rubro fijo en la renta de estos profesionales, debiendo destacarse que la vinculación que se genera entre los docentes y los sostenedores de los establecimientos educacionales es de naturaleza estatutaria, porque no interviene la voluntad de las partes en orden a generar o eliminar obligaciones o derechos, puesto que son determinados por el Estado, como ente regulador de la relación (Del voto en contra del Ministro señor Blanco).

4.- El inciso primero del artículo 22 del Código Civil, señala: «El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía». La aplicación de esta regla, en la especie, conduce a la norma del inciso primero del artículo 9° de la Ley N° 19.933 que dispone: «Los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, del sector particular subvencionado y del regido por el decreto ley N° 3.166, de 1980, en razón de esta ley, por concepto de aumento de subvención o de su aporte en su caso, serán destinados exclusivamente al pago de remuneraciones docentes». Es decir, no sólo no exceptúa a los establecimientos del sector municipal, sino que contiene una clara regla acerca del destino que deben dar a los recursos que perciban con motivo de la misma Ley N°19.933 (Del voto de minoría del ministro sr. Ricardo Blanco H.).

5.- La interpretación del vocablo «sustitúyese» que utiliza el artículo 1° de la Ley N°19.933, conforme a la regla establecida en el artículo 22 del Código Civil, significa que se reemplazó el valor de la bonificación proporcional, pero no a los beneficiados, desde que se refiere al bono proporcional -previsto en el artículo 8° de la Ley N° 19.410 y que corresponde al actual artículo 63 del Estatuto Docente- y se remite expresamente a la forma, condiciones y procedimiento señalados en los artículos 8° a 11 de la Ley N°19.410, normas que crearon la bonificación proporcional, establecieron su forma de cálculo y, específicamente, la constituyeron en un derecho para los docentes tanto de los establecimientos educacionales del sector municipal como del sector particular subvencionado (Del voto en contra del Ministro señor Blanco).

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL    

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Risco c/ Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE DEPENDENCIA – RELACION DE SUBORDINACION – ACCIÓN DECLARATIVA – NULIDAD DEL DESPIDO – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

En los casos declarativos de relación laboral, que tengan su origen en contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la nulidad del despido contemplada en el artículo 162 de Código del Trabajo, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la sanción referida.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandante en contra de la sentencia que acogió el recurso de nulidad, acogiendo la acción de despido injustificado, pero desestimando la parte en que reclama la nulidad del despido. Esto, dado que en los casos declarativos de relación laboral, que tengan su origen en contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la nulidad del despido, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

2.- En caso de contratos de trabajo que sean declarados a partir de relaciones a honorarios, cuando el empleador se trate de la Administración del Estado, la aplicación de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio firme, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

3.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandante en contra de la sentencia que acogió el recurso de nulidad, acogiendo la acción de despido injustificado, pero desestimando la parte en que reclama la nulidad del despido. Esto, dado que el empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, de modo que corresponde aplicarle la sanción que la misma contempla, esto es, el pago de las remuneraciones y demás prestaciones del trabajador que se devenguen desde la fecha del despido hasta la de su convalidación, mediante el entero de las cotizaciones adeudadas, desde que el fallo recurrido de nulidad, que dio por establecida la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, sólo viene a declarar o constatar un hecho preexistente -relación laboral- y del cual emanan todas las obligaciones y derechos que el ordenamiento jurídico contempla en esta materia (Del voto en contra de la Ministra señora Chevesich).

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES    

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Pedrero c/ Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – DESPIDO INDIRECTO – NULIDAD DEL DESPIDO – FUERO MATERNAL – LEGITIMACIÓN PASIVA – APLICACIÓN DE LA LEY – VIGENCIA DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Duodécima

Producto: Municipalidades – Laboral

La notificación de la demanda se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 21.040 que estableció a los Servicios Locales de Educación como sostenedores y continuadores legales de las Corporaciones Municipales en la administración de los establecimientos educacionales, tal como aquel donde la actora desempeñaba sus funciones. Por lo tanto, la Corporación demandada adolece de la legitimación pasiva para efectos de la demanda laboral interpuesta.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por la demandada en contra de la sentencia que acogió la acción de despido indirecto, fuero maternal y nulidad del despido. Esto, dado que la sentencia ha infringido lo dispuesto en la Ley 21.040 al considerar al recurrente como el legitimado pasivo de la acción. Al existir actualmente, y a la época de presentación de la demanda, un continuador legal que tiene a su cargo la administración de los servicios de educación del establecimiento en el que trabajó la actora, la demandada no revestía la legitimidad pasiva para ser emplazada. En ese sentido, contrariamente a lo sostenido por el fallo de instancia, resulta irrelevante que la fecha del despido indirecto haya sido anterior al aludido traspaso, pues lo cierto es que en la actualidad es otro órgano el que cumple el rol de empleador de la demandante y, por ende, es el que está llamado a hacer frente a los requerimientos judiciales que se presenten, con prescindencia de que los hechos que los originen sean anteriores.

2.- En armonía con lo preceptuado en los artículos 17 y 19 de la Ley 21.040, es el Servicio Local de Educación, quien debe responder, administrativa y judicialmente, de las situaciones que puedan acontecer en los establecimientos educacionales instalados en ese territorio comunal, en razón de su condición de sostenedor y continuador legal que detenta respecto de tales establecimientos a contar del 1 de marzo de 2018, esto es, con antelación a la notificación de la demanda a la parte recurrente.

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL    

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Montecinos c/ Ilustre Municipalidad de Vilcún

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE DEPENDENCIA – RELACION DE SUBORDINACION – ACCIÓN DECLARATIVA – NULIDAD DEL DESPIDO – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

Los casos declarativos de relación laboral, que tengan su origen en contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la nulidad del despido contemplada en el artículo 162 de Código del Trabajo, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la sanción referida.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandada en contra de la sentencia que acogió el recurso de nulidad, acogiendo la acción de despido injustificado, así como la de nulidad del despido. Esto, dado que, si bien la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de evidente naturaleza declarativa, cuando se trata, en su origen, de relaciones laborales que provienen de un contexto de contratación a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado la situación varía. Esto pues, en tales casos, los contratos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.

2.- En caso de contratos de trabajo que sean declarados a partir de relaciones a honorarios, cuando el empleador se trate de la Administración del Estado, la aplicación de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio firme, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

3.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandada en contra de la sentencia que acogió el recurso de nulidad, acogiendo la acción de despido injustificado, así como la de nulidad del despido. Esto, dado que la procedencia de la obligación de pagar las remuneraciones y capítulos pertinentes hasta que se subsane el incumplimiento en el pago de las cotizaciones previsionales, convalidando el despido, atendida la naturaleza declarativa de la sentencia que reconoce la existencia de un vínculo de trabajo, no depende de sí el empleador retuvo o no lo correspondiente a las cotizaciones de seguridad social, ni tampoco a la naturaleza jurídica del empleador (Del voto en contra de la Ministra señora Chevesich).

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL    

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Alvarado c/ Ilustre Municipalidad de Melipilla

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – NULIDAD DEL DESPIDO – DESPIDO INJUSTIFICADO – HONORARIOS – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – ACCIÓN DECLARATIVA – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Laboral

No procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la Municipalidad en contra de la sentencia que acogió una demanda de nulidad del despido en su contra. Esto, dado que ostentando la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral un innegable carácter declarativo, procede aplicar la sanción de nulidad del despido frente a la constatación de no encontrarse enteradas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación. Sin embargo, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido. De este modo, no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector. Lo anterior no altera la obligación de enterar las cotizaciones previsionales adeudadas, por el período en que se reconoció la existencia de la relación laboral. En estas condiciones, yerran los sentenciadores de la Corte de Apelaciones al estimar que, en este caso, procede aplicar la sanción de nulidad del despido consagrado en el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.

2.- En otra línea argumentativa, la aplicación -en estos casos- de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

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