Jurisprudencia Destacada Año 2019 N4

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 4 DE 2019

 

DOCENTES – BONO PROPORCIONAL  

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Rivera González, Juan C. y otros c/ Ilustre Municipalidad de Tirúa

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – REMUNERACION – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

La correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes (docentes del sector municipal), pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes (docentes del sector municipal) en contra de la sentencia que rechazó la demanda, para determinar la correcta interpretación de la materia de derecho consultada, esto es, la forma en que debe pagarse a los docentes de los establecimientos municipalizados el aumento de la bonificación proporcional mensual otorgado por la Ley N° 19.933 . Al respecto, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

2.- La Ley N° 19.410 , en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada «bonificación proporcional mensual», como una con las características que señalan sus artículos 8 y 11 , cuya fórmula de cálculo se estableció en el artículo 10 ; y que se mantuvo como tal, debidamente reajustado. En todo caso, el Estatuto Docente que entró a regir el 4 de abril de 2017, tiene una versión sustituida del artículo 63 en los términos que señala y no contiene los artículos 65 y 66 del anterior, que aludían al bono de que se trata en los mismos términos de la ley primeramente citada. Lo anterior, porque la Ley N° 20.903 , de 1 de abril de 2016, modificó la primera disposición y derogó las otras dos. Sin embargo, la Ley N° 19.933, igualmente las que le antecedieron, ya mencionadas, no dispuso su aumento en la forma como lo pretenden los demandantes, pues mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica. Corrobora lo anterior, lo que en forma expresa señala el inciso 1° del artículo 9, pues ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados, por el mismo concepto, decreta que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo con motivo del incremento dado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo 1.

3.- Corresponde acoger el recurso de unificación, pues si bien es cierto que del tenor literal del artículo 1° de la Ley 19.933 fluye que los textos referidos sustituyeron la base de cálculo de la bonificación proporcional mensual, adicionando a los fondos contenidos en la Ley N° 19.410 aquellos destinados en las sucesivas modificaciones, dicha sustitución no puede entenderse como un aumento del beneficio exclusivamente para los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales del sector particular subvencionado con exclusión de los docentes del sector municipalizado. Abona dicha conclusión, en primer lugar, la circunstancia que el beneficio aludido fue instaurado e incorporado a las disposiciones permanentes del Estatuto Docente, en los artículos 63 y 65 del mismo cuerpo normativo, erigiéndose como un derecho para los profesionales del sector municipal y del particular subvencionado. Las citadas normas no han sido modificadas, por lo que la bonificación proporcional constituye un rubro fijo en la renta de los docentes, debiendo destacarse que la vinculación que se genera entre los docentes y los sostenedores de los establecimientos educacionales es de naturaleza estatutaria, porque no interviene la voluntad de las partes en orden a generar o eliminar obligaciones o derechos, pues son determinados por el Estado, como ente regulador de la relación. (Del voto en contra de los Ministros señor Blanco y señor Biel)

4.- La interpretación del vocablo «sustitúyese» que utiliza el artículo 1° de la Ley N° 19.933, siempre conforme a la regla establecida en el artículo 22 del Código Civil, significa que se reemplazó el valor de la bonificación proporcional, pero no a los beneficiados, desde que se refiere al bono proporcional -previsto en el artículo 8° de la Ley N° 19.410 y que, como se dijo, corresponde al actual artículo 63 del Estatuto Docente- y se remite expresamente a la forma, condiciones y procedimiento señalados en los artículos 8° a 11 de la Ley N° 19.410, normas que crearon la bonificación proporcional, establecieron su forma de cálculo y, específicamente, la constituyeron en un derecho para los docentes tanto de los establecimientos educacionales del sector municipal como del sector particular subvencionado. No corresponde que la Municipalidad incremente el sueldo del profesor con los fondos exclusivamente destinados al aumento del bono proporcional, pues cada ítem de las remuneraciones de los docentes tiene asignado un presupuesto específico, y está financiado por las leyes correspondientes, por ende, no se ha hecho el pago, de acuerdo al destino previsto en la norma y en, consecuencia, la entidad edilicia debe a los demandantes ese bono con el incremento ya referido. (Del voto en contra de los Ministros señor Blanco y señor Biel)

 

CEMENTERIO MUNICIPAL – TRASLADO DE SEPULTURA  

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González c/ Ilustre Municipalidad de Chillán

Voces: RECURSO DE PROTECCION – ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD – MUNICIPALIDADES – CEMENTERIOS – REGLAMENTO GENERAL DE CEMENTERIOS – TRASLADO DE CADAVER – AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Chillán

Sala: Primera

Producto: Microjuris

La recurrente, consintió en que su cónyuge fuera sepultado en la propiedad del hermano de éste, no con carácter permanente sino que transitorio. Prueba de ello es que adquirió de la municipalidad el derecho de uso de una sepultura. Por lo anterior, la negativa del Director del Cementerio Municipal a trasladar los restos mientras el dueño de la sepultura no formule petición en tal sentido, resulta arbitraria e ilegal, pues resulta del todo razonable que la recurrente desee trasladar los restos de su cónyuge fallecido a una sepultura propia, no vislumbrándose como necesaria e indispensable la concurrencia de la voluntad del hermano del mismo, ya que habiendo una Resolución emanada de la autoridad encargada de la materia y formula por un legítimo peticionario, corresponde que dicho acto administrativo se cumpla.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección deducido por la cónyuge del occiso en contra de la respuesta dada por el Director del Cementerio Municipal a la solicitud de traslado de los restos mortales de su cónyuge, el que fue denegado en tanto no se formule petición por el hermano del fallecido y propietario de la sepultura. Al respecto, la recurrente, consintió en que su cónyuge fuera sepultado en la propiedad del hermano de éste, no con carácter permanente sino que transitorio. Prueba de ello es que adquirió de la municipalidad el derecho de uso de una sepultura. Además, tramitó ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud la autorización para proceder a la exhumación, traslado e inhumación de los restos mortales de su cónyuge Por lo anterior, la negativa del Director del Cementerio Municipal a trasladar los restos mientras el dueño de la sepultura no formule petición en tal sentido, resulta arbitraria e ilegal, pues resulta del todo razonable que la recurrente desee trasladar los restos de su cónyuge fallecido a una sepultura propia, no vislumbrándose como necesaria e indispensable la concurrencia de la voluntad del hermano del mismo, ya que habiendo una Resolución emanada de la autoridad encargada de la materia y formulada por un legítimo peticionario, corresponde que dicho acto administrativo se cumpla de la manera como está emitido y si el hermano del occiso tiene algún reparo, será él quien active el procedimiento administrativo del artículo 59 del Decreto 357 y no que el municipio recurrido asuma una postura por dicha persona, respecto de la cual no hay antecedente alguno que valide que tenga su representación.

2.- No obstante carecer de regulación legislativa la determinación del dominio de los restos de una persona fallecida e incinerada, la práctica de dar sepultura a los ancestros es tan antigua como transversal a todas las culturas, subyaciendo a la práctica de sepultación o inhumación más comúnmente utilizada, la misma idea en torno a mantener la cercanía del ser querido mediante el valor simbólico de sus cenizas en una urna. Así, la controversia que se plantea surge en casos en que los diferentes seres queridos disputan el derecho en comento, controversia que se traduce en una pugna por un mejor derecho para decidir tal titularidad.

3.- En materia de derechos fundamentales o derechos de la personalidad, se sostiene que es posible entender la sobrevivencia de algunos de ellos con relación a los difuntos. Hay constancia, por ejemplo que la mención a la «honra de la persona y su familia» en el artículo 19 N°4 de la Constitución estuvo motivada en la necesidad de proteger el honor de los difuntos y el respeto a su voluntad. Dentro de ello se enmarca lo estatuido en el artículo 61 del Decreto 357 del Ministerio de Salud denominado Reglamento General de Cementerios, en cuanto a que toda persona mayor de edad, cualquiera que fuere su estado civil, tiene derecho a disponer por anticipado acerca del lugar y forma en que habría de procederse a la inhumación de sus restos. Así, tal derecho se transmite a sus herederos, dentro de los cuales no cabe duda alguna se encuentra el o la cónyuge sobreviviente, quienes pueden en tal virtud determinar el lugar de sepultación de la persona fallecida.

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CONTRATO A PLAZO – SALUD – LABORAL  

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Castro c/ Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia

Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PUBLICOS – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – TRANSFORMACIÓN EN CONTRATO DE PLAZO INDEFINIDO – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Producto: Municipalidades – Microjuris – Laboral

Se ajusta a Derecho la sentencia impugnada al establecer que tratándose de contratos a plazo fijo, la ley 19.378 autoriza la contratación de personal mediante contratos a plazo o de corta duración y permite la renovación de éstos, sin contemplar la transformación del contrato en uno indefinido. En efecto, la ausencia de regulación respecto al régimen aplicable a una persona que celebra sucesivos contratos a plazo fijo por períodos iguales o inferiores a un año, es más aparente que real, ya que el sistema está diseñado de esa forma, al ser trabajadores que tienen la calidad de funcionarios del sistema público de atención primaria de salud municipal, circunstancia que impide generar una vía no contemplada en el estatuto vigente para transformar un contrato en indefinido, pues implicaría alcanzar dicha condición estatutaria obviando los requisitos legales previstos para hacerlo.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que acogió parcialmente la demanda, estimando que el contrato de plazo fijo no se transformó en indefinido. Al respecto, se ajusta a derecho la sentencia impugnada al establecer que tratándose de contratos a plazo fijo, la ley 19.378 autoriza la contratación de personal mediante contratos a plazo o de corta duración y permite la renovación de éstos, sin contemplar la transformación del contrato en uno indefinido, por haberse desempeñado cierto número de años, a diferencia del Código del Trabajo que sí la contempla. En efecto, la ausencia de regulación respecto al régimen aplicable a una persona que celebra sucesivos contratos a plazo fijo por períodos iguales o inferiores a un año, es más aparente que real, ya que el sistema está diseñado de esa forma, al ser trabajadores que tienen la calidad de funcionarios del sistema público de atención primaria de salud municipal, circunstancia que impide generar una vía no contemplada en el estatuto vigente para transformar un contrato de plazo fijo en uno de carácter indefinido, pues implicaría alcanzar dicha condición estatutaria obviando los requisitos legales previstos para hacerlo.

2.- El sistema contemplado respecto del personal que conforma la dotación de los establecimientos municipales de atención primaria de salud, resulta ser uno que prevé la presencia de funcionarios con contrato indefinido, que deben ingresar, necesariamente, a través de concurso público de antecedentes y que, de esa manera, accederán a la carrera funcionaria y gozarán de estabilidad en el empleo; y la de otros, contratados a plazo fijo, para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario, cuyo porcentaje total no podrá ser superior al 20% de la dotación . En ese porcentaje no se incluye a quienes están contratados meramente de «reemplazo», para realizar, transitoriamente, las funciones del reemplazado. En dicho contexto, la contratación de personal a plazo fijo para desempeñarse en funciones de la atención primaria de salud municipal, aparece como una de las formas para ingresar al sistema, por un período limitado, modalidad que no tiene la aptitud de conducir al funcionario a un estadio que le permita acceder a la carrera funcionaria y gozar de estabilidad en sus funciones, en la medida que la única vía prevista para tal efecto, pasa por ingresar a través de concurso público de antecedentes, tras el cual la vinculación con la entidad empleadora se materializa por medio de la contratación indefinida.

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COBRO DE PATENTES  

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Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea c/ Sociedad Inversiones y Rentas Marcela Alarcón Guridi E.I.R.L.

Voces: CIVIL – MUNICIPALIDADES – JUICIO EJECUTIVO – PATENTE MUNICIPAL – CAMBIO DE DOMICILIO – EXCEPCIONES – PRESCRIPCION – MERITO EJECUTIVO DEL TITULO – VICIO DE ULTRA PETITA – RECURSO DE CASACION EN LA FORMA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

El título ejecutivo cumple con los requisitos exigidos en el artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales, por cuanto se trata de un certificado emitido por el Secretario Municipal, en el que se acredita la obligación que constituye su objeto. Sin embargo, si bien en dicho instrumento se singulariza debidamente al deudor; se consigna que la deuda de que se trata corresponde a patente municipal y se expresan los períodos específicos materia del cobro, lo cierto es que contiene una deuda que en su conjunto no resulta efectiva, al abarcar un periodo respecto del cual la parte ejecutante no resulta ser el acreedor de lo cobrado, pues la sociedad informó a la autoridad tributaria del cambio de comuna, por lo que el pago de la patente comercial se ha efectuado ante la Municipalidad correspondiente a su nuevo domicilio.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en la forma interpuesto por la parte ejecutante en contra de la sentencia que acogió la excepción de prescripción respecto de un período determinado de lo establecido en el certificado de deuda municipal. Lo anterior, por cuanto, se ha configurado el vicio de ultra petita, pues los jueces de segundo grado decidieron un asunto que no se encontraba sometido a su conocimiento y, en consecuencia, dentro de su competencia, al establecer que «la deuda del año 2013 ha sido declarada prescrita por la sentencia de primera instancia», en circunstancias que la extinción de la acción sólo se declaró para perseguir el cobro de la patente correspondiente al primer semestre de dicho año (no para el año completo). Mientras que, de otro lado, acogen la excepción denegada por el tribunal a quo sobre la base de reconocer el pago de la obligación desde una data distinta a la propuesta por la sociedad contribuyente, perjudicando a la parte ejecutante, puesto que la sentencia de primer grado -en este aspecto-es reformada en su perjuicio, sin que ello hubiere sido expresamente solicitado por la contraria, incurriendo así en la causal del N° 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

2.- El tribunal de segunda instancia no puede extender su fallo más allá de lo que ha sido pedido por el recurrente en su recurso de apelación, pues así lo ordena el principio de congruencia, sin que pueda, en consecuencia, reformar la sentencia en perjuicio de una parte si ello no ha sido pedido en el arbitrio de alguna de las partes, principio conocido como prohibición de la «reformatio in peus».

3.- Del examen del certificado de deuda fluye que éste cumple con los requisitos exigidos en el artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales, por cuanto se trata de un certificado emitido por el Secretario Municipal, en el que se acredita la obligación que constituye su objeto. Sin embargo, si bien en dicho instrumento se singulariza debidamente al deudor; se consigna que la deuda de que se trata corresponde a patente municipal y se expresan los períodos específicos materia del cobro, lo cierto es que contiene una deuda que en su conjunto no resulta efectiva, al abarcar un periodo respecto del cual la parte ejecutante no resulta ser el acreedor de lo cobrado. En efecto, con fecha 25 de agosto de 2014, la Sociedad comunicó al Servicio de Impuestos Internos del cambio de domicilio desde la comuna de Lo Barnechea a Vichuquén, razón por la cual a contar del semestre siguiente de su instalación, es decir, el primer semestre del año 2015, el pago de la patente comercial se ha efectuado ante la Municipalidad correspondiente a su nuevo domicilio, De esa manera, es irrefutable que el certificado da cuenta de una obligación que no puede ser objeto de cobro, como son las patentes comerciales del primer semestre de 2015 al primer semestre de 2016.

 

JUICIO DE CUENTAS    

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B.A.M.

Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – RENDICION DE CUENTAS – PLAZOS DE CADUCIDAD – CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA – RECURSO DE QUEJA – RECHAZO DEL RECURSO – ACTUACION DE OFICIO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

En la especie, la autoridad comunica el reparo sólo cuando es notificado en el juicio de cuentas, quedando en ese momento no solo trabada la litis, sino que afinado el acto administrativo que determina el rechazo de la cuenta. Es por tal razón que el referido reparo no sólo debe presentarse dentro del plazo de un año, sino que además debe ser notificado dentro de ese tiempo, pues su eficacia, en cuanto acto administrativo terminal del procedimiento de examen de cuentas, así lo determina.

Doctrina:

1.- Corresponde invalidar de oficio la sentencia pronunciada por el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia de la Contraloría General de la República y, en su lugar, se decide que se revoca la Sentencia del Juzgado de Cuenta de Primera Instancia, que acogió el reparo del Juicio de Cuentas y se declara que se rechaza el mismo por haber operado la caducidad prevista en el artículo 96 de la Ley N° 10.336. Lo anterior, por cuanto, se certificó por el órgano Contralor, de conformidad con el inciso cuarto del artículo 96, la recepción de los antecedentes vinculados al examen de cuentas que origina el reparo, el 3 de agosto de 2011. Por otro lado, el reparo fue ingresado el 3 de agosto de 2012, notificándose a los cuentadantes en una fecha muy posterior, toda vez que la primera notificación se verifica el 20 de agosto del referido año. De este modo, en el caso concreto la autoridad administrativa no cumplió con la exigencia de reparar la cuenta dentro del plazo de un año, toda vez que la notificación, que determina la eficacia en tanto acto administrativo que debe ser puesto en conocimiento del afectado, se realizó una vez transcurrido el término previsto en el artículo 96 de la Ley N° 10.336, produciéndose la caducidad de la facultad de la Administración, produciéndose el cese de la responsabilidad contable atribuida al cuentadante.

2.- El reparo, es un acto administrativo híbrido, toda vez que con él se afina el proceso de rendición de cuentas a la Contraloría General de la República y, a su turno, el mismo inicia el juicio de cuentas, teniendo en este el carácter de demanda, lo que determina que una vez presentado, se provea el traslado a los funcionarios afectados-demandados.

3.- La caducidad consagrada en el artículo 96 de la ley 10.336, pertenece a la acepción de caducidad de derechos, toda vez que la ley determina un plazo concreto en que la cuenta no sólo debe ser examinada, sino que, además, de resultar la cuenta rechazada, se debe realizar el reparo e iniciar el juicio de cuentas, todo aquello sin exceder el plazo de un año.

4.- En torno a la oportunidad en que se extingue la responsabilidad, se discute respecto de si basta con presentar el reparo en el plazo de un año o si además es indispensable notificarlo al cuentadante. Se concluye que para resolver la materia, se debe atender al carácter especial del reparo que es un acto administrativo que cierra el periodo de examen de cuenta y a la vez equivale a la demanda con que se inicia el juicio de cuentas. Es así, como, en su carácter de acto administrativo de efectos particulares, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley N° 19.880, debe ser notificado al afectado. Asimismo, como demanda inserta en el juicio de cuentas, debe igualmente ser notificado, según lo establece el artículo 108 de la Ley N° 10.336. En la especie, la autoridad comunica el reparo sólo cuando es notificado en el juicio de cuentas, quedando en ese momento no solo trabada la litis, sino que afinado el acto administrativo que determina el rechazo de la cuenta. Es por tal razón que el referido reparo no sólo debe presentarse dentro del plazo de un año, sino que además debe ser notificado dentro de ese tiempo, pues su eficacia, en cuanto acto administrativo terminal del procedimiento de examen de cuentas, así lo determina.

 

RECURSO DE PROTECCIÓN – TERMINAL DE BUSES    

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Espinoza c/ Ilustre Municipalidad de Talca

Voces: RECURSO DE PROTECCION – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – DERECHO DE PROPIEDAD – TRANSPORTE – ESTABLECIMIENTO COMERCIAL – PROHIBICIÓN DE ACCESO – RECURSO DE APELACION – RECHAZO DEL RECURSO

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Microjuris

La misiva enviada por la recurrida que informaba a los copropietarios del Sector del Terminal de Buses, los trabajos que se realizarán en un sector del mismo establecimiento impidiendo el acceso a dicho sector, vulnera la garantía constitucional del numeral 21 y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que los recurridos, al alterar una situación de hecho preexistente, han incursionado en materias que, por su naturaleza y contenido, corresponden al ámbito jurisdiccional de los tribunales, impidiendo con su actuación el ejercicio de los atributos del dominio de que es titular la parte recurrente, en cuanto impide el acceso a los locales comerciales por una de sus vías, limitándola a un espacio reducido, e impidiendo el libre ejercicio de la actividad económica en los términos que los recurrentes por años venían realizando.

Doctrina:

1.- Corresponde confirmar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido en contra de la sociedad recurrida por la misiva enviada a los copropietarios del sector del terminal de buses que resultará afectada por la limitación de acceso para la realización de trabajos. Al respecto, la conducta desplegada por las recurridas importa una alteración al estado de las cosas, que deja a los recurrentes en una situación desmedrada al desconocerse un derecho que se ha dado por supuesto al permitirse no sólo salida por varios años al Sector del Terminal de Buses desde sus locales comerciales, sino también la instalación de sus mercaderías y publicidad. Dicha actuación ha vulnerado la garantía constitucional del numeral 21 y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que los recurridos, al alterar una situación de hecho preexistente, han incursionado en materias que, por su naturaleza y contenido, corresponden al ámbito jurisdiccional de los tribunales, impidiendo con su actuación el ejercicio de los atributos del dominio de que es titular la parte recurrente, en cuanto impide el acceso a los locales comerciales por una de sus vías, limitándola a un espacio reducido, e impidiendo el libre ejercicio de la actividad económica en los términos que los recurrentes por años venían realizando.

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PERMISO DE EDIFICACIÓN    

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Iglesia Evangélica Pentecostal c/ Ilustre Municipalidad de Concepción

Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHO DE PROPIEDAD – PERMISO DE EDIFICACION – IGLESIAS Y ENTIDADES RELIGIOSAS – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO ACOGIDO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción

Sala: Tercera

Producto: Microjuris

La resolución de la Dirección de Obras Municipales que negó lugar a la ejecución del proyecto de obra nueva y ampliaciones del Templo de la Iglesia Evangélica clasificando la obra -tras el cálculo de carga de ocupación-, como de equipamiento de escala mediana, resulta ilegal y arbitraria afectando la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución, pues realmente constituye equipamiento de escala menor que está emplazada frente a una vía de servicio, calidad que tiene la calle en que se encuentra, cumpliendo entonces, con lo dispuesto en el artículo 2.1.36 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección deducido en contra de la Municipalidad por la actuación consistente en la resolución de la Dirección de Obras Municipales que negó lugar a la ejecución del proyecto de obra nueva y ampliaciones del Templo de la Iglesia Evangélica, clasificando la obra -tras el cálculo de carga de ocupación-, como de equipamiento de escala mediana y que se emplaza enfrentando a dos vías de «categoría local», transgrediendo lo dispuesto en el artículo 2.1.36 de la OGUC. Al respecto, la municipalidad recurrida reconoció en su informe que existió un error en la carta de la Arquitecto Revisora al indicar que se trata de un equipamiento mediano, en circunstancias que revisados los antecedentes, se trata de un equipamiento menor. Además, la calle en que se emplaza el proyecto no está reconocida en el Plan Regulador Comunal como parte de su vialidad estructurante. De esta forma, la resolución impugnada resulta arbitraria e ilegal, afectando la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución, pues la obra realmente constituye equipamiento de escala menor que está emplazada frente a una vía de servicio, calidad que tiene la calle en que se encuentra, cumpliendo entonces, con lo dispuesto en el artículo 2.1.36 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

2.- Como lo indica el informe de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, para efectos de suplir la clasificación de la vía que corresponde al Plan Regulador Comunal, se aplican los criterios del artículo 2.3.2 de la misma OGUC, pero únicamente en cuanto a los anchos mínimos de sus calzadas pavimentadas y distancias entre líneas oficiales. Son estas dos únicas características las que deben tenerse en cuenta al momento de decidir si la vía que enfrenta un determinado equipamiento, cumple con el artículo 2.1.36 de la OGUC. En el caso, tratándose de un equipamiento menor, conforme a lo previsto en el artículo 2.1.36 de la OGUC, debe ubicarse en predios que enfrenten vías de servicios o de categoría superior. Conforme al artículo 2.3.2 de la OGUC, el ancho mínimo de calzada que debiera tener es de 7 metros y la distancia mínima entre líneas oficiales es de 15 metros (Artículo 2.3.2, numeral 4 letras i) y j) de la OGUC). De acuerdo a lo indicado, el equipamiento menor se ubicaría en una calle que cuenta con una distancia no inferior a 15 metros entre líneas oficiales en ese tramo, cumpliendo al menos esta característica de las señaladas.

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